Publicado por: Editorial
El drama creciente de la violencia en la región del Magdalena Medio no puede seguir siendo desestimado por la opinión pública y, mucho menos, ignorado por las autoridades, entre otras cosas porque la expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y su disputa con el Eln plantean una crisis profunda para las comunidades residentes. Según los analistas del conflicto, el control de corredores estratégicos que conectan municipios como Puerto Berrío, Cimitarra y Barrancabermeja convierte esta zona en un escenario de máxima tensión para miles de santandereanos.
Pero, aparte de nuestro departamento, las comunidades vecinas del Sur de Bolívar y el Nordeste antioqueño soportan ahora la peor parte de esta situación, con enfrentamientos armados que han provocado desplazamientos forzados, confinamientos y un creciente número de amenazas que restringen su movilidad. Los reportes de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, revelan que durante los primeros meses del año los combates se han intensificado en sectores como Santa Rosa del Sur, Segovia y Remedios, donde las familias campesinas se ven atrapadas entre dos fuegos que no distinguen entre combatientes y civiles inocentes.
Pero, además de eso, la amenaza ha llegado con fuerza al perímetro urbano de Barrancabermeja, que hoy ve cómo su nombre se asocia nuevamente a la zozobra y el terror. La presencia de las AGC, en articulación con grupos locales y en disputa con redes como ‘La M’, ha acelerado la dinámica delictiva en la ciudad, donde la violencia se ha reacomodado tras una leve reducción de homicidios que está muy lejos de ser definitiva. La advertencia de Credhos sobre una posible incursión urbana de las ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’ es una señal de alerta que se debe atender con urgencia.
A los ojos de los conocedores, la estrategia de los actores armados ha evolucionado y se ha sofisticado, en tanto han incorporado tácticas que evidencian una redefinición del conflicto armado hacia formas más peligrosas, como los ataques con explosivos lanzados desde drones, que ya han dejado víctimas civiles en municipios de Bolívar. Esta nueva modalidad de confrontación, sumada a las emboscadas y los hostigamientos contra la Fuerza Pública, demuestra que los grupos ilegales no solo tienen la capacidad operativa para desafiar al Estado, sino que la emplean con una impunidad francamente inaceptable.
Seguir permitiendo que esta dinámica se consolide sin una respuesta contundente y articulada sería un grave error que pagaríamos muy caro, pues la normalización de la violencia es el primer paso hacia la pérdida total del control territorial. La respuesta del Estado, aunque reciente por el anuncio del refuerzo policial y la activación del Gaula Militar, parece insuficiente frente a la magnitud del problema y la velocidad con que se expanden las economías ilegales asociadas al narcotráfico y la minería.
