Publicado por: Editorial
El tránsito en el área metropolitana de Bucaramanga hace rato dejó de ser un simple problema de movilidad para convertirse en un drama que cada vez se viste más veces de luto. La alarmante tendencia al alza en la siniestralidad vial, que no da tregua ni muestra señales de desaceleración, nos confronta con el hecho, cada vez más claro, de que el aumento en el número de muertos en las vías no es sino la consecuencia inevitable del desinterés institucional y la falta de una autoridad firme y presente.
Los datos del período enero-mayo de 2026 son abrumadores, pues nos dicen que, mientras los accidentes crecen a un ritmo del 12 %, las muertes se disparan en un escalofriante 36 %, lo que demuestra que los percances automovilísticos no solo son más frecuentes, sino notablemente más letales. Esto convierte cada salida en un asunto de vida o muerte para conductores y peatones, sumado a que muchos de estos decesos se consideran evitables. De esta estadística solo queda preguntarse: ¿qué está haciendo la autoridad para enfrentar el problema?
La respuesta obvia es que no se está haciendo lo suficiente para contrarrestar la imprudencia y el caos que dominan nuestras vías, frente a los cuales la autoridad de tránsito parece haberse rezagado de muchas maneras y por muchas razones.
Esto provoca que muchos motociclistas desafíen las normas de tránsito, sobre todo las disposiciones sobre el sentido de las vías y el exceso de velocidad, pues saben que el riesgo de ser sancionados es prácticamente inexistente. Al final, esta ausencia de control termina por convertirse en una sentencia de muerte para muchos usuarios vulnerables.
Preocupa especialmente que la mayor parte de las víctimas mortales sean motociclistas, pues las cifras dicen que más de la mitad de los fallecidos viajaban en estos vehículos, mientras el número de heridos supera los 500, lo que evidencia un problema estructural que los deja expuestos a sus propias maniobras peligrosas, pero también a la hostilidad del tráfico pesado. No menos alarmante es la suerte de los peatones, 15 de los cuales han perdido la vida en este período, demostrando que la inseguridad vial afecta incluso a quienes simplemente caminan por la acera.
Ante este panorama desolador, es imperativo replantear el papel de la autoridad de tránsito, que hoy se percibe como un cuerpo carente de la fuerza y la determinación para imponer el orden.
Es hora de asumir que la seguridad vial está en una profunda crisis y que ninguna campaña de sensibilización, por bien intencionada que sea, podrá reemplazar la presencia activa y contundente de unos agentes que realmente puedan hacer que se respeten las reglas del juego.
Los controles deben ser permanentes y las sanciones deben tener la contundencia necesaria para modificar conductas arraigadas en la imprudencia. La ciudad necesita sentir que el Estado está ahí, vigilante y firme, porque la desidia y la ausencia tienen un costo que estamos pagando a un precio demasiado alto.
No podemos permitir que la tragedia en las vías se vuelva parte del paisaje, pues cada día sin una acción firme es un día que acerca a otro hogar la peor de las noticias.
Pero, además, la responsabilidad también está en cada uno de los ciudadanos como actores viales, aunque la experiencia demuestra que la apelación a la conciencia individual no es suficiente, sino que se requiere un cambio de paradigma que ponga la vida en el centro de todas las políticas de movilidad, y eso exige una institución revitalizada, con recursos y voluntad política para enfrentar el problema, puesto que, en tanto la autoridad permanezca débil, los motociclistas seguirán siendo las principales víctimas y los peatones también seguirán pagando con su vida la falta de previsión y responsabilidad de unos pocos.
