viernes 13 de diciembre de 2019 - 12:00 AM

Otro lunar nuestro: la atención a los pospenados

Cerca de 30.000 personas recobran cada año su libertad, tras purgar penas privativas de la libertad y por el calvario que deben enfrentar, muchos terminan reincidiendo en la comisión de delitos, empujados por el rechazo social...
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Un país que se precie de tener una política pública criminal seria, tanta atención pone al castigo impuesto a quien comete un delito, como a la suerte de aquel que recupera su libertad tras purgar la pena que le fue puesta por incurrir en un crimen.

El Estado debe atender con celo todos los componentes de la política criminal: establecer qué conductas deben ser elevadas a la categoría de delito, prevenir la comisión de delitos, la investigación criminal, el juzgamiento, la imposición de las condenas, el sistema carcelario, los mecanismos para resocializar al delincuente y la atención al pospenado, es decir, los mecanismos de seguimiento a quien regresa a la libertad tras purgar una condena.

En Colombia, mal que bien, hay prevención del delito (así ella sea deficiente), investigación criminal y juzgamiento (así cojeen), un sistema carcelario (así tenga muchos lunares), pero en materia de atención al pospenado, solo hemos dado algunos pasos débiles, dispersos, pese a ser fundamental en la política criminal, pues pone a prueba si sirve o no la justicia penal.

En el país la atención al pospenado, desafortunadamente, nos importa un higo.

No tenemos reintegración comunitaria para el pospenado, no hay políticas de empleabilidad, ni de emprendimiento, no hay atención psicosocial. Así, abandonamos al pospenado a su propia suerte y con ello cocinamos a fuego vivo la reincidencia criminal.

¿Por qué decimos que no tenemos una política pública de atención a los pospenados? Porque solo hay algunos programas y proyectos desarticulados. Por eso, quienes terminan de purgar las penas que les fueron impuestas, salen de la prisión a chocarse con la realidad, a enfrentar rupturas en sus relaciones de pareja, en sus relaciones personales y familiares, a sumergirse en el desempleo, en fin, a enfrentar un infierno que hace que muchas veces añoren lo que vivían en las cárceles, pues su entorno personal, familiar, social, laboral, económico, está roto.

En 2015 se expidió el Conpes 3828 sobre política penitenciaria y carcelaria, pero ha sido un documento retórico.

Mientras tanto, cerca de 30.000 personas recobran cada año su libertad, tras purgar penas privativas de la libertad y por el calvario que deben enfrentar, muchos terminan reincidiendo en la comisión de delitos, empujados por el rechazo social y la ineficacia del Estado.

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