Estos son los temas que estarán en el ‘ojo del huracán’ tanto para la Corte Constitucional como para el Consejo de Estado. El procurador, Alejando Ordónez, es uno de los protagonistas.
Publicado por: ALEJANDRA BONILLA MORA
En este 2014, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado seguirán siendo protagonistas por la importancia de las decisiones que tomen sobre asuntos vitales para la vida del país.
Este es el ‘top’ de las decisiones más importantes que restan por fallar en dichas Corporaciones y que se espera que se resuelvan en los primeros seis meses de este año.
TOROS EN bOGOTÁ
Se trata de una tutela presentada por el presidente de la Corporación Taurina de Bogotá, Felipe Negret, contra la prohibición del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de no avalar las corridas en la Plaza La Santamaría y que, hasta el momento, tiene una ponencia positiva por parte del magistrado Mauricio González Cuervo. El argumento es que este tipo de espectáculos son un evento cultural de arraigo.
Las que podrían salir
Entre otras decisiones importantes que cursan en el Consejo de Estado está el futuro del alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez Lobo, cuya elección fue demandada por una presunta inhabilidad para ser elegido en el cargo. Por falta de unanimidad en el fallo, el caso pasó a manos de conjueces. Por otro lado, se espera que finalmente este año se resuelva una demanda radicada en contra de la norma que le otorgó a la Autoridad Nacional de Televisión, Antv, la potestad de adjudicar concesiones, licencias de servicio y espacios de televisión, proceso que está quieto y en el cual la Procuraduría General pidió darle prioridad por ser un asunto de impacto social. Finalmente, se espera el trámite de una demanda contra el decreto 934 del 2013 del Ministerio de Minas que prohíbe a autoridades regionales, seccionales o locales establecer zonas excluidas de minería.
Reforma a la Justicia: suerte de los conciliadores
En medio de una fuerte discusión político-jurídica retomará este año el Consejo de Estado el análisis de la demanda de pérdida de investidura que cursa en contra de los 12 congresistas que hicieron parte de la Comisión de Conciliación de la fallida reforma a la Justicia. El debate quedó en la petición de nuevas pruebas por parte de la magistrada María Claudia Rojas Lasso de testimonios de varios congresistas. No obstante, este hecho fue cuestionado por el magistrado Luis Rafael Vergara, quien argumentó que se trata de pruebas innecesarias que ya obran en el expediente y que el trámite deja una “sensación de que se trata de un juicio de carácter político al Gobierno”.
La elección del Procurador
El proceso que apenas empezó en la Sección Quinta del Consejo de Estado busca establecer si hubo irregularidades en el proceso de nombramiento y reelección de Alejandro Ordóñez como Procurador General para el periodo de 2013 – 2017, tal y como argumenta la demanda radicada por el jurista Rodrigo Uprimmy. La acción que se estudiará en pleno debate sobre la actuación de Ordóñez afirma que este estaba inhabilitado.
Los sancionados
En el Consejo de Estado se espera que en los primeros meses de este año se resuelva la demanda que presentó el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, en contra del fallo de la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó para hacer política por 12 años por supuesta participación en política. En la misma espera están otros sancionados por la Procuraduría como Piedad Córdoba, quien insiste en revocar la sanción; el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias; el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y su hermano Iván Moreno, entre otros.
La ley estatutaria de Salud
Este proyecto de ley estatutaria que fue aprobada por el Congreso el 20 de junio de 2013 reglamenta la salud como un derecho fundamental, autónomo e irrenunciable. La norma, además, toma medidas para acabar con el llamado ‘paseo de la muerte’ y, para el Gobierno Nacional, se trata de una iniciativa que servirá de puerta de entrada para la ley ordinaria que reforma a la Salud que aún está en trámite en el Congreso. En este caso, el pronunciamiento de la Corte Constitucional es obligatorio y puede estar dirigido a avalar la norma tal y como está, enmendarla o pedirle al Congreso que la modifique y/o corrija errores de trámite. Después del fallo, sí podrá pasar a sanción presidencial.
El Pacto de Bogotá
La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene en sus manos el futuro de la Ley 37 de julio de 1961, mediante la cual Colombia suscribió el Pacto de Bogotá, la cual fue demandada por dos particulares y por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, como parte de la estrategia de Colombia frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en el marco de la controversia limítrofe con Nicaragua.
El argumento principal indica que en este caso hay una inconstitucionalidad sobreviniente de la Ley por haber sido concebida en la Constitución de 1886 y, además, que hay una contradicción con la Constitución actual que solo permite que los límites de Colombia sean modificados por tratado internacional y no por fallos judiciales.
Las facultades del Procurador
Tras el fallo de destitución e inhabilidad por 15 años de la Procuraduría General de la Nación en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, fue demandado el artículo 44 del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) que permite al Jefe de esa entidad tomar ese tipo de sanciones. El argumento del abogado Nixon Torres Cárcamo es que el Código no contempla la inhabilidad como sanción y que no se pueden destituir funcionarios elegidos por voto popular. Aunque este debate parecía zanjado al interior de la propia Corte Constitucional, algunos magistrados consideran que la jurisprudencia debe cambiar en atención a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La otra demanda contra el Marco Legal para la Paz
Aunque ya hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional avalando el Marco Jurídico Para la Paz, se espera que se resuelva una demanda presentada por el exviceministro de Defensa, Rafael Guarín, en contra de ese acto legislativo. En este caso, lo más probable es que la Corte se ajuste al fallo anterior que estableció criterios para el Congreso a la hora de reglamentar el Marco, la demanda buscar evitar que integrantes de las Farc que hayan cometido crímenes atroces de guerra y actos de terrorismo tengan la posibilidad de participar en política.
El Umbral electoral
En este año de elecciones, cobra particular importancia el fallo que pueda tomar la Corte Constitucional sobre una demanda en contra de la Reforma Política del 2009 que elevó del 2 al 3 por ciento el umbral de votos para lograr una curul en el Congreso de la República. Con esto, para que los partidos se mantengan deberán conseguir al menos 450 mil sufragios, hecho que podría poner en peligro al partido Mira, Verde, PIN, y la Unión Patriótica, que apenas el año pasado recuperó su personería jurídica. La demanda fue presentada por el Mira y fue coadyuvada por el Polo, con el argumento de que se afectan los derechos de las minorías a la representación política.
