Un Juez de Conocimiento revocó el fallo que le imponía medida de aseguramiento de prisión domiciliaria a dos exdirectivos y dos excontratistas del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, Idesan, implicados en millonario ‘carrusel de créditos’ por más de $12 mil millones, en la administración de Didier Tavera.
Publicado por: Redacción Política
El Juzgado Doce Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bucaramanga revocó la decisión emitida el pasado mes de noviembre, mediante la cual, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Bucaramanga con Función de Control de Garantías descentralizado en Girón, resolvió imponer medida de aseguramiento no privativa de la libertad a Gilberto Mendoza Ardila, exgerente del Idesan, en la administración de Didier Tavera; Hermes Ricos, jede la Oficina Jurídica del Instituto; Jorge Enrique Martínez y Shirley Castro Rojas, ambos excontratistas del Idesan.
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La falta de argumentación y contradicción de juez al imponer la medida de aseguramiento en contra de los exdirectivos y excontratistas del Indesan por el presunto delito de urbanización ilegal, son los que llevaron a la determinación de revocar la medida restrictiva de la libertad de los implicados.
“En relación con la determinación de la imposición de medida de aseguramiento no privativa de la libertad, se ha de indicar que este Juzgador no comparte la decisión de primera instancia, pero no porque no haya una inferencia razonable de autoría o participación de los imputados en el hecho objeto de investigación como lo aseguran los defensores, sino por la falta de argumentación y contradicción de juez al imponer la misma, pues la sustentó con base en el numeral segundo del artículo 308 desarrollado en el artículo 310 del CPP, en el sentido que los aquí involucrados se encuentran vinculados con un grupo delincuencial – Asociación Procosan-, quienes están siendo investigados en otro proceso, cuando manifestó inicialmente que no tendría en cuenta el delito de concierto para delinquir imputado por la Fiscalía, porque a su parecer, dicho punible no se encontraba configurado en el presente asunto, por lo que se advierte una incongruencia”, manifestó el Jues.
Así mismo, el juez de conocimiento, el togado de control de garantías erró al momento de descartar el delito de a conducta de concierto para delinquir que le prentendía endilgar la Fiscalía en contra de los cuatro procesados ya que “no es de incumbencia en el control de garantías”.
“Esta decisión no significa que los procesados no tengan responsabilidad alguna en los hechos que se le endilgan, sólo que la falta de fundamentación y congruencia al momento de respaldar la medida impuesta por el juez de primer nivel, dio como resultado que esta judicatura accediera a la pretensión de la defensa, pues como se dijo, será ante el juez de conocimiento que se dará el escenario para debatir, si se tiene o no oposición a los medios de convicción traídos por la fiscalía, y será allí la oportunidad para probar si se encuentran inequívocos o no”, consideró el Juzgado Doce Penal del Circuito.
El proceso
En noviembre del 2022, funcionarios del CTI adjuntos a la Fiscalía, capturaron a Gilberto Mendoza, exdirector del Idesan en la administración de Didier Tavera; Hermes Ricos, jede la Oficina Jurídica del Instituto; Jorge Enrique Martínez y Shirley Castro Rojas, ambos excontratistas del Idesan.
Si bien, los implicados están relacionados con el ‘carrusel de créditos’ del Idesan, denunciado en su momento por Vanguardia, los exdirectivos y excontratistas de la entidad descentralizada están siendo procesados penalmente por las irregularidades en el crédito otorgado por el Instituto Financiero para el Desarrollo a la firma Procosan, por más de $3 mil millones para desarrollar un proyecto de vivienda de interés social, el cual no cumplía con las normas urbanísticas y terminó estafando a 700 familias.
“El Idesan entregó el crédito sin mayor soporte legal. Supuestamente con los recursos del crédito por $3 mil millones se iban a construir un proyecto de vivienda y la entidad entregó los recursos sin que la solicitud del crédito tuviera al menso licencias de construcción”, señalaron fuentes cercanas al proceso penal.
Por estos hechos la Fiscalía Primera de Estafas y urbanización Ilegal pretender imputarle cargos a los funcionarios y exfuncionarios del Idesan por los delitos de financiamiento de proyectos urbanísticos ilegales y concierto para delinquir.
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Carrusel de créditos
Este caso hace referencia a hechos ocurridos en el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, Idesan, entre 2017 y 2019, cuando Gilberto Mendoza fue gerente de esa entidad.
En marzo de 2017, la Asamblea de Santander aprobó una reestructuración de ese instituto y entre los cambios que hubo estuvo la posibilidad de que la entidad le prestara dinero a particulares.
No obstante, hay denuncias de que en los siguientes dos años se otorgaron más de $12 mil millones en créditos, sin contar con garantías de respaldo.
Entre los favorecidos está Fabián Rolando Méndez, esposo de la diputada de Cambio Radical Marggy Carolina Rangel, quien con la ayuda de un crédito por $2.000 millones compró dos terrenos que pertenecían a Ferticol.
No obstante, según una fuente anónima, se atrasó en los pagos y al final, en 2019, cuando estaba a punto de iniciarse un proceso judicial, la deuda fue pagada completamente, pero con la ayuda de otro crédito por $2.700 millones otorgado por el mismo Idesan a la empresa Global Project Business.
