En un documento conjunto, la Contraloría General, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo le presentaron al Congreso de la República el undécimo informe de monitoreo y seguimiento a la Ley de Víctimas y alertan sobre serios rezagos en su cumplimiento.
Si hasta junio de 2024 las víctimas del conflicto armado en Santander debían esperar en promedio 46 años para recibir una reparación, ¿cuánto más deben esperar con los rezagos detectados en la actualidad?
La situación de las víctimas en Santander tiende a ser más grave con el paso del tiempo.
El Comité de Seguimiento y Monitoreo de la Comisión de la Verdad concluyó en su último balance que, el modelo de reparación colectiva continúa presentando serios rezagos en la implementación de la ruta de atención.
Además, existen dificultades en el cumplimiento de los planes integrales establecidos para lograr ese objetivo.
Así quedó consignado en el Undécimo informe presentado en conjunto por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas.
Entre las principales conclusiones destacan que, los recursos destinados a la Política Pública de Víctimas continúan siendo insuficientes para la asistencia, atención y reparación integral de los más de nueve millones de víctimas registradas en todo el país.
Además, existe un rezago en la entrega de subsidios de vivienda urbana y rural para la población víctima.
El dato oficial consignado en el Registro Único de Víctimas, RUV, señala que en Santander hay 218.409 damnificados por el conflicto armado.
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Y lo peor, los hechos demuestran que las víctimas no han superado su condición de vulnerabilidad, según destaca el reciente informe.
Un primer balance con información regional lo entregó este mismo organismo a mediados de este año (junio de 2024).
En ese momento se informó que, en promedio, esas personas tendrían que esperar 46 años para recibir una reparación.
Es decir, y así lo publicó Vanguardia el 30 de junio de 2024, que cada víctima santandereana deberá esperar un tiempo casi igual al que lleva el conflicto interno, para que le reconozcan alguno de los cinco beneficios que comprenden la reparación.
Cifras de la reparación
En Santander, 361 damnificados por el conflicto recibieron su indemnización a comienzos de agosto de 2024, con una inversión de $3.474 millones por parte de la Unidad para las Víctimas.
En 2023, 1.463 personas fueron indemnizadas en el departamento, por $18.629 millones de pesos. Y entre marzo y mayo de 2024, se indemnizó a 859 personas, por $10.222 millones.
En total, las víctimas en Santander han recibido $32.325 millones, entre 2023 y agosto de 2024.
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Desde la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011, en Colombia se indemnizó a 1 millón, 368.269 víctimas, que corresponden al 14 % de los 9 millones 409.808 afectados por la violencia, que son objeto de indemnización.
Atención humanitaria
En su informe al Congreso, la Comisión llamó la atención frente a la tendencia creciente de los eventos de confinamiento en los últimos tres años.
También señala una marcada concentración mayoritaria de confinamientos en los departamentos de Chocó, con 92 eventos (52,3 %); Nariño, con 20 (11,4 %), y Arauca, con 19 eventos de confinamiento en los últimos 3 años (10,8 %).
Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Cauca presentan las mayores necesidades de atención de víctimas de desplazamiento forzado y con dinámicas de conflicto armado persistentes.
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Estas regiones requieren medidas de focalización, para garantizar el acceso de manera oportuna a las medidas de atención en el marco de las emergencias.
Por esa razón, en el documento se resalta la necesidad de que la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas priorice estos territorios.
El objetivo es garantizar la disponibilidad y entrega oportuna de la medida de atención humanitaria.
El informe conjunto destaca que, los Centros Regionales de Atención a Víctimas, Uariv, enfrentan dificultades en la construcción y mantenimiento.
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Esta responsabilidad, afirman, recae en alcaldías y gobernaciones, bajo la coordinación y articulación de la Uariv.
Precisan que si algo preocupa a la Comisión es el persistente deterioro de muchas instalaciones.
En Santander, a mediados de mayo de 2021 ya se había habilitado la atención presencial en cuatro Puntos de Atención a Víctimas de Bucaramanga, San Gil, Barbosa y Málaga. Esos puntos también benefician a las víctimas de 37 municipios cercanos y aledaños.
En Colombia, en el último año se registró una disminución en las atenciones, porque siguen los obstáculos en el registro y entrega de datos, y porque continúa la falta de seguimiento y presencia de las entidades del Sistema Nacional de Reparación y Atención Integral a las Victimas, Snariv.
¿Y las víctimas en el exterior?
En cuanto a víctimas en el exterior, una de las principales dificultades advertidas por la Comisión es el subregistro existente.
Sucede por las dificultades que se les presentan para realizar su declaración, en los países donde se han refugiado.
El documento entregado al Congreso explica que, para solucionar esa situación, en la actualidad se realiza un trabajo articulado con la Cancillería, para que puedan rendir sus declaraciones, en el marco de la Ley 2343 de 2023, que amplió los términos para hacerlo.
Recursos requeridos
Los cálculos oficiales estiman que se necesitan $ 303.9 billones constantes de 2024, para cumplir con las medidas de asistencia, atención y reparación integral contempladas en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), para hacer reparaciones entre 2024 y 2031.
Dentro de los recursos requeridos para la asistencia, atención y reparación integral de la población víctima, destacan:
1. Vivienda, con $118 billones
2. Indemnización individual y colectiva, con $83,6 billones
3. Generación de ingresos, con $36,8 billones
4. Subsistencia mínima, con $12,9 billones
5. Educación superior, con $7,1 billones.
El informe conjunto entregado al Congreso de la República afirma que, según el seguimiento que la Comisión les ha hecho a los avances y retos en los procesos de diálogo y negociación que adelanta el Gobierno con estructuras armadas ilegales, estos no han sido homogéneos.
Reconocen que eso ha generado “impactos humanitarios en cada territorio y afectaciones a derechos de la población civil”.
Entre las principales consecuencias, los investigadores destacan el endurecimiento de las pautas de control poblacional y territorial sobre las comunidades, aumento de la extorsión, secuestro y el reclutamiento forzado.
9.737.008
Víctimas registradas en el país afrontan dificultades en generación de ingresos, acceso a tierras, vivienda, salud y educación, porque son insuficientes los recursos para la atención y reparación integral.
Vivienda
El informe de monitoreo y seguimiento a la Ley de Víctimas concluye que más del 77 % de los afectados tienen déficit habitacional.
Además decreció su participación en subsidios de vivienda asignados, y hay un aumento de la brecha en el acceso a vivienda entre población general y población víctima.
El último reporte de entrega de subsidios de vivienda a víctimas del conflicto en Santander data de agosto de 2022, cuando el Gobierno Departamental benefició a 49 familias.
A corte del mismo año, 2022, más de 107 familias santandereanas víctimas del conflicto armado se habían beneficiado con la entrega de esos subsidios
En 2013, la participación de población víctima era del 73,4 % de 33.079 subsidios otorgados a población general. Para 2023, las víctimas participaron con 11,9 % de 54.258 subsidios otorgados a población general.
Existe un rezago en la entrega de subsidios de vivienda para población víctima. En el área urbana, de 101.622 subsidios asignados a población víctima, 12.608 están sin entregar (12 %) entre 2012 y abril de 2024.
Principalmente se trata de programas de Vivienda Gratuita II, con 7.529, semillero de Propietarios – Arriendo con 1.746 y Bolsas Anteriores con 1.309.
En vivienda rural, de 34.651 subsidios de vivienda asignados a población víctima entre 2012 y 2019, se mantiene un rezago en entregas de 22.398, que representan el 64,6 % de lo asignado.
Sabía que...
En el informe al Congreso se hizo un llamado al MinSalud, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y al ICBF, para avanzar en acciones de rehabilitación y atención psicosocial a niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado?
Restitución de tierras
Hay falencias en las tres etapas del procedimiento:
1. Demora promedio de dos años para resolver una solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, pese a que la Ley 1448 estableció seis meses para ese trámite.
2. La etapa judicial a cargo de jueces especializados sigue altamente congestionada. Existe una excesiva carga laboral y represamiento de procesos sin decisión de fondo.
3. Persiste el incumplimiento de sentencias de restitución por parte de diferentes entidades gubernamentales.
La Comisión advierte dificultades para implementar la política pública de retornos y reubicaciones, especialmente en términos de seguridad y acceso a recursos.
La ejecución lenta y la falta de continuidad en las acciones impide avances sostenibles.
Siguen los problemas en el acceso a la oferta sectorial y a programas de generación de ingresos, tierras y vivienda, por la inexistencia de rutas claras y específicas para víctimas de desplazamiento forzado.
