El Gobierno Nacional declaró estado de conmoción interior en el Catatumbo por la difícil situación de orden público.
A la Corte Constitucional ya llegó para su análisis el Decreto 0062 del 24 de enero de 2025, con el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el estado de conmoción interior en el Catatumbo debido a la crisis humanitaria y de orden público generada entre las disputas del Eln y las disidencias de las Farc.
Por sorteo realizado en la Sala Plena el decreto fue repartido a la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, quien será la ponente del caso.
El análisis de este Alto Tribunal será de vital importancia, puesto que su aprobación o no determinará el accionar del gobierno para llevar a cabo las medidas de emergencia en esta zona que ha dejado 50 homicidios y más de 45 mil desplazados.
Cabe recordar que el decreto publicado por el Gobierno nacional informó que la conmoción interior cobijará a al menos 11 municipios en la región del Catatumbo, además de los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra; también incluye al área metropolitana de Cúcuta, que contempla además de la capital a los municipios de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander; y a las poblaciones de Río de Oro y González del departamento del Cesar.
Todos estos municipios se han visto afectados de manera directa o indirecta por la ola de violencia a causa de los enfrentamientos armados entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las extintas Farc.
El Ejecutivo señaló que esta medida extraordinaria se tomó, entre otras, ante la necesidad de “recurrir a recursos fiscales extraordinarios” para financiar acciones que le permitan a las autoridades restablecer el orden público en la zona y para proyectos de inversión social, de infraestructura, salud, educación y ordenamiento territorial, entre otras.
Entre los argumentos expuestos por el Ejecutivo para la declaratoria de conmoción interior está la necesidad de “recurrir a recursos fiscales extraordinarios” para “financiar, por una parte, las acciones y capacidades de la Fuerza Pública para el restablecimiento del orden público”.
