El Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura de la representante del Pacto Histórico, Mary Anne Perdomo, por incurrir en destinación indebida de dinero público.
En menos de dos días, el presidente Gustavo Petro cuestionó las decisiones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que el pasado jueves anuló la elección de Rafael Martínez como gobernador del Magdalena (Fuerza Ciudadana).
“Acato la decisión judicial sobre el Gobernador del Magdalena, pero no puedo compartirla. Afecta el bloque de constitucionalidad, contradice la Convención Americana de Derechos Humanos. El Consejo de Estado en pleno, en años anteriores, logró en mi caso, dictar una juridicidad favorable al derecho convencional, y a los derechos humanos, del los que hacen parte, los derechos políticos, que ahora, algunos magistrados, en sección, contradice", afirmó el mandatario de los colombianos.
Horas después volvió a cuestionar las decisiones de la Sección Quinta. En sus redes sociales criticó que se declarara la pérdida de investidura de la representante a la Cámara por Santander, Mary Anne Perdomo (Pacto Histórico), quien - según el Consejo de Estado - incurrió en destinación indebida de dineros públicos, y que además es investigada en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y revelación de secreto.
“Esta a punto el Pacto Histórico de perder otra curul en manos del Consejo de Estado, por una causa que no existe ni en la ley, ni en la Constitución. Se trata de la representante por Santander, Mary Anne Perdomo.La causa que se le indilga es que una mamá de una de los miembros de su UTL, visita mucho el Congreso, y su oficina. La señora madre trabajó por años en el Congreso de la República", afirmó el mandatario de los colombianos.
La demanda en contra de la congresista de la bancada santandereana, que fue la única en la lista del Pacto Histórico en las elecciones legislativas de 2022, la interpuso Edgar Solier Millares Escamilla, argumentando que la representante a la Cámara contrató como asesora a Laura Fernanda Rueda Guerrero, aunque no hubo soporte alguna de las labores en su Unidad de Trabajo Legislativo.
La denuncia argumentó que la congresista hizo esa ‘contratación para que funcionara como ‘intermediaria’ y así pudiera transferir el dinero a su madre María Isabel Rueda Guerrero, quien hizo parte de su UTL, pero renunció.
“Ni una sola declaración o documento permite concluir con grado de certeza que, en el período comprendido entre el 11 de enero y el 30 de septiembre de 2023, Laura Fernanda Rueda Guerrero ejecutó labor alguna en la UTL de la congresista”, se lee en la providencia del Consejo de Estado.
