Han pasado tres semanas desde que el Consejo de Estado anuló la elección del alcalde de Concepción, en un fallo de segunda instancia, pero el mandatario local sigue en el cargo.
Publicado por: Juan Carlos Chio / jchio@vanguardia.com
Han pasado tres semanas desde que el Consejo de Estado anuló la elección del alcalde de Concepción, Eduard Abril Borrero, en un fallo de segunda instancia, pero a pesar de eso, el mandatario local sigue en el cargo.
En el papel, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, debió ser notificado y, posteriormente, éste debía designar un alcalde encargado, para que ejerza como autoridad del municipio mientras se realizan elecciones atípicas. Pero nada de esto ha pasado, porque la defensa del alcalde recusó a los magistrados y esto retrasó la notificación.
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Esta situación, no obstante, no es un caso aislado. Y la realidad es que estas sentencias de segunda instancia de nulidad electoral pueden tardar semanas o incluso meses en quedar en firme, todo por culpa de las maniobras y estrategias que tienen los abogados defensores para dilatar el proceso.
Carlos Alfaro, abogado experto en casos de nulidad electoral, explicó que un caso a destacar es del gobernador de San Andrés y Providencia, Nicolás Gallardo, cuya sentencia fue proferida en abril de este año, pero no ha quedado en firme porque, entre otras cosas, se ordenó traducir el expediente completo a un idioma raizal que pocas personas hablan.
En ese caso singular, el proceso se ha retrasado casi cuatro meses y no hay expectativas de que se resuelva pronto, pues el Consejo de Estado ha estado resolviendo varios recursos y peticiones, en busca de brindar todas las garantías posibles a los sujetos procesales.
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Cabe recordar que la decisión contra este gobernador fue emitida el 3 de abril de 2025 por la Sección Quinta de la Alta Corte.
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Ésta se fundamentó en la violación de la prohibición de doble militancia, pues el mandatario apoyó candidatos a la Asamblea Departamental de otros partidos, a pesar de haber sido avalado por el Partido Liberal.
Entre las ‘trabas’ para que los fallos queden ejecutoriados, Alfaro indicó que están los derechos de petición, los recursos de súplica o cuando piden que un tercero sea vinculado al proceso.
También es común ver que los magistrados en el país sean recusados por los abogados defensores.
El experto igualmente enfatizó que el objetivo es “limpiar” el expediente, dejando resueltos todos los recursos, para evitar que luego se pueda demandar el proceso o se instaure una tutela.
En cualquier caso, lo que sí está claro es que una decisión de segunda instancia del Consejo de Estado no implica que al día siguiente se tenga que ir el funcionario demandado.
