El Tribunal de Bogotá definirá si revoca la sentencia en un caso que podría marcar un precedente histórico.
Publicado por: M.P.
La Procuraduría General de la Nación pidió al Tribunal Superior de Bogotá revocar la condena que mantiene al expresidente Álvaro Uribe bajo detención domiciliaria. El pronunciamiento surge tras un análisis del fallo de primera instancia, emitido por la jueza Sandra Liliana Heredia, en el que el Ministerio Público asegura haber identificado errores de fondo en la valoración de las pruebas.
El oficio, de 81 páginas, fue firmado por el procurador delegado Bladimir Cuadro, quien cuestiona la sentencia que impuso 12 años de prisión domiciliaria al exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Según el documento, el fallo incurre en “yerros probatorios” que comprometen la validez del proceso.
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Cuestionamientos a las pruebas y testigos
Para la Procuraduría, no está acreditado jurídicamente que Uribe hubiera ordenado a su abogado, Diego Cadena, contactar a reclusos en 2018 con el fin de obtener declaraciones que lo desligaran de la creación de un grupo paramilitar en Antioquia en los años 90. Entre las pruebas cuestionadas se encuentran interceptaciones telefónicas que, según el Ministerio Público, deberían ser excluidas por estar protegidas bajo el secreto profesional entre abogado y cliente.
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Cuadro también señaló inconsistencias en la valoración de testimonios clave, como los de Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez. Sobre este último, la Fiscalía sostiene que recibió dinero como parte de un soborno, versión que la defensa de Uribe rechaza, afirmando que el expresidente desconocía esos pagos, catalogados por Cadena como “aportes humanitarios”.
Tribunal deberá definir futuro judicial del expresidente
La apelación de la defensa, liderada por el penalista Jaime Granados, deberá presentarse antes del 13 de agosto. Los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo serán los encargados de decidir si se mantiene o se anula la condena.
En su conclusión, la Procuraduría insistió en que los supuestos errores en la apreciación de la prueba debieron llevar a la absolución de Uribe, al considerar que no se configuraron los delitos imputados.
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