No fueron pocos los momentos que golpearon al Gobierno de Gustavo Petro. Los escándalos tocaron las altas esferas del poder y hay varios alfiles del petrismo investigados por corrupción.
Corrupción, financiación irregular de una campaña, nepotismo, nombramientos cuestionados, recursos saqueados, títulos falsos, enriquecimiento ilícito, dineros de narcotraficantes, viajes en silencio, tráfico de influencias y un polígrafo.
Esos son algunos de los titulares que marcaron los cuatro años del Gobierno de Gustavo Petro, que llegan hoy a su fin y cuyo proyecto político no fue capaz de reelegirse con Iván Cepeda como su candidato, quien fue vencido por Abelardo De La Espriella.
El Petro candidato que prometió acabar con la corrupción y no rodearse de los políticos tradicionales le falló al jefe de Estado. Sus más de 60 ministros en cuatro años son el reflejo de los hechos que marcaron su agenda.
Varios de sus exfuncionarios, como Carlos Ramón González, Ricardo Bonilla, Juliana Guerrero, Laura Sarabia, Sandra Ortiz, Luis Fernando Velasco y más de 10 congresistas que fueron cercanos a su proyecto político, están siendo hoy procesados por la Fiscalía General de la Nación e incluso por la Corte Suprema de Justicia. Algunos permanecen privados de la libertad mientras avanzan los casos en los tribunales.
El Pacto de la Picota
A pocos días de las elecciones presidenciales de 2022, el país conoció que Juan Fernando Petro (hermano del candidato) y la fallecida senadora Piedad Córdoba visitaban los patios de alta seguridad de la cárcel La Picota para hablar con parapolíticos y capos de la corrupción sobre rebajas de penas, bajo lo que sería la política de “paz total”.
Luego, en septiembre de 2023, el propio Juan Fernando Petro atribuyó el triunfo de su hermano a esa estrategia en las cárceles. Este escándalo sembró la sospecha de que se estaban negociando votos en las regiones a cambio de beneficios jurídicos y, aunque en la Fiscalía no pasó a mayores, hay múltiples pruebas del rol que ejercía el hermano del jefe de Estado para negociar el apoyo de criminales.
Caso Nicolás Petro
La captura del hijo mayor del presidente Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos es otro de los mayores escándalos de este Gobierno. La Fiscalía armó el caso con los chats y pruebas que reveló su exesposa, Day Vásquez, demostrando que Nicolás recibió más de $1.000 millones en efectivo de personajes tan cuestionados como ‘El Hombre Marlboro’ —quien pagó cárcel en EE. UU. por narcotráfico— y el polémico contratista ‘Turco’ Hilsaca, para meterlos bajo cuerda a la campaña de 2022 y darse una vida de lujo en Barranquilla. Petro Burgos fue capturado; cuando se reconcilió con su padre logró detención domiciliaria, y se ha denunciado que ha incumplido las condiciones. Day Vásquez logró un principio de oportunidad por prender el ventilador.
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Polígrafo en Palacio
La misteriosa pérdida de un maletín que guardaba entre $4.000 y $7.000 dólares en efectivo en la casa de Laura Sarabia, la entonces todopoderosa jefa de gabinete de Petro, desató un episodio que parece ficción: la seguridad de la Casa de Nariño retuvo a la niñera Marelbys Meza y la llevó al sótano de un edificio del Gobierno para interrogarla y someterla al polígrafo, sin una sola orden judicial, que es necesaria en estos casos. Este abuso de poder obligó a Sarabia a dejar el cargo en medio del rechazo nacional, aunque regresó pocos meses después como directora del DAPRE.
Además, agentes de la Dijín elaboraron un informe falso de inteligencia contra el Clan del Golfo para poder “chuzar” legalmente los teléfonos de la niñera Meza y de otra empleada, camuflándolas con los alias de ‘La Cocinera’ y ‘La Madrina’ ante un fiscal en Quibdó. Varios uniformados terminaron capturados y tras las rejas, imputados por fraude, falsedad en documento e interceptación ilícita. Sarabia, en cambio, fue nombrada embajadora de Colombia en Reino Unido.
Financiación irregular
El Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó que la campaña Petro Presidente hizo trampa para ganar. Formuló cargos contra Ricardo Roa, como gerente de campaña, por violar los topes de gasto por más de $5.300 millones en ambas vueltas presidenciales. El CNE compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, única instancia donde se puede juzgar al presidente por su fuero constitucional, pero el proceso poco avanza. Hubo otras irregularidades en este caso.
Las autoridades detectaron que el sindicato de maestros (Fecode) giró un cheque por $500 millones que terminó en las arcas de Colombia Humana y el Pacto Histórico en plena contienda electoral de 2022, pero ese dinero no fue registrado en los libros oficiales de Cuentas Claras. Además, el sindicato petrolero (USO) gastó una millonada financiando transporte, comida y logística para llevar votantes y testigos a las urnas en el Magdalena Medio a favor del petrismo, todo por fuera de la contabilidad oficial de la campaña.
El audio Benedetti
A mediados de 2023, Semana reveló audios del entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti, maltratando a la entonces mano derecha de Petro, Laura Sarabia, en los que cuenta detalles oscuros de la campaña del presidente en 2022. La pelea era porque Benedetti quería estar cerca del Gobierno, pero desde Bogotá, y no le daban entrada.
En los audios dijo haber conseguido $15.000 millones para la campaña en el Atlántico y amenazó con que, si contaba todo, “nos hundimos todos, nos vamos presos”; la tormenta provocó que sacaran a Benedetti de Caracas y que la Corte Suprema y la Fiscalía le abrieran investigaciones. Pese a la polémica, Benedetti nunca se fue del Gobierno nacional. Tuvo la Embajada de Colombia ante la FAO y posteriormente fue nombrado ministro del Interior, uno de los cargos más importantes.
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Los títulos de Juliana Guerrero
Otro de los casos más sonados es el de Juliana Guerrero, una activista de 23 años cercana a Petro que llegó a ser asesora del Ministerio del Interior y cuyo nombre sonó para asumir un viceministerio de Igualdad. Se descubrió que Guerrero obtuvo un título exprés de contadora pública y otro de tecnóloga en Gestión Contable, emitidos por la Fundación Universitaria San José, obtenidos en tiempo récord y de forma simultánea, pero sin haber cumplido con requisitos legales obligatorios, como la presentación del examen de Estado Saber Pro ni contar con tarjeta profesional. La propia institución educativa terminó anulando los títulos tras comprobarse el pago irregular de $8 millones por la expedición de los cartones. La Fiscalía le imputó cargos por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, argumentando que la joven “nunca fue a clase ni presentó exámenes”.
Las declaraciones de Rodríguez
Quien fue la mano derecha de Gustavo Petro por más de un año tenía varios secretos de la Casa de Nariño, de la mayor gravedad, que decidió contar. Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y saliente gerente del Fondo de Adaptación, denunció presuntas amenazas y extorsiones, robo de recursos públicos a través de chantajes, caos institucional y hasta presuntos nexos de personas cercanas al jefe de Estado con la guerrilla del ELN. Según dijo, hay un “concierto para delinquir” en Palacio y “un juego por el poder y el dinero” que “los tiene enceguecidos”.
Acusó al jefe de Estado de presionarla, de persecución en la Casa de Nariño y de hechos de corrupción en varias entidades del Estado, incluida la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la más reciente administración.
Saqueo a la Ungrd
Este es, quizá, el escándalo más grande de este Gobierno. La polémica compra a dedo de 40 carrotanques por $46.800 millones para llevar agua a La Guajira destapó un pozo sin fondo de corrupción que puso en juego cerca de $2 billones. La Contraloría encontró sobrecostos por más de $20.000 millones.
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El exdirector de esa entidad, que debía estar dedicada a atender desastres, Olmedo López, y su subdirector, Sneyder Pinilla, revelaron que usaron ese dinero para pagar millonarias coimas —$3.000 millones para el presidente del Senado, Iván Name, y $1.000 millones para el presidente de la Cámara, Andrés Calle— con el fin de aceitar el trámite de las “reformas sociales” en el Congreso.
