Un nuevo escándalo de presunta irregularidades contractuales salpica a la administración de Mauricio Aguilar. Firmas adulteradas, cuestionado contratista y sobrecostos de hasta 4.000 por ciento, hacen parte del paquete de denuncias sobre el contrato para el fomento de cultura por cerca de $3.000 millones.
Publicado por: Oscar Iván Rey Herrera
En septiembre del 2022, la Secretaría de Cultura departamental junto con la Fundación Emprendimiento Juvenil Social suscribieron el convenio de asociación 4294793 del 28 de septiembre del 2022, entre para apoyar la estrategia memorias históricas de tradición para el departamento, por valor de $2.859 millones. Contrato que tenía que ser ejecutado en tan solo 20 días.
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Aunque el convenio se ejecutó, liquidó y canceló en su totalidad en diciembre del año pasado por parte de la administración de Aguilar Hurtado, el diputado de la oposición y precandidato a la Gobernación, Ferley Sierra denunció presuntas irregularidades en la facturación presentada por la Fundación encargada de la ejecución el convenio, inconsistencias que habrían suscitado sobrecostos de hasta el 4.000 por ciento del valor real pagado a varios de los artistas que trabajaron en el polémico contrato.
“Este es el mayor escándalo de corrupción de la administración de Mauricio Aguilar, con firmas adulteradas cobraron facturas por $3 y hasta $4 millones por artista, mientras que a cada artista le pagaron $100 mil pesos. Es un sobrecosto de hasta 4.000 por ciento. El modus operandi era el mismo, buscaban a artistas o artesanos de escasos recursos en las diferentes provincias del departamento y le entregaban $100 mil pesos como incentivo por participar en un evento, por la entrega de ese incentivo les hacían firmar una factura en blanco que posteriormente era llenada por el contratista de la Gobernación encargado de la ejecución del contrato”, advirtió Ferley Sierra.
Es así como Bernarda Ortiz, artesana del municipio de Barichara, denunció haber sido estafada por la administración departamental en un encuentro de artesanos en diciembre del año pasado.
“El 15 de diciembre del 2022 me invitó la Gobernación para llevar unas cositas de aporte para un evento en Barichara, fui y me dieron $100 mil pesos que no me alcanzó ni para el pasaje ni para nada. Ahora estoy recibiendo mensajes en mi celular que supuestamente nos habían pagado $4 millones por esa participación. No nos estafen de esa manera, porque nosotros sí trabajamos con las manos”,
Según el archivo contractual del proceso, a Bernarda Ortiz la administración Aguilar supuestamente le pagó $4 millones como incentivo por su participación en Barichara.
Caso similar sucedió con Ruth Rincón, una artesana del municipio de Capitanejo quien también denunció haber sido víctima de la estafa y suplantación de su identidad por parte del contratista que ejecutó el controvertido convenio.
“Hace un tiempo hubo una actividad en el parque de Capitanejo en el cual presenté mis artesanías. Me dieron de incentivo $100 mil pesos, me hicieron firmar una factura en blanco y al preguntar qué por qué no se colocaba el valor de la factura, ellos me dieron que allá terminaban de llenar y ahora aparece una factura donde dice que yo recibí un incentivo de $4 millones, cuando en verdad sólo me dieron $100 mil pesos. Las dos veces que participé, sólo me dieron $100 mil igual que a otros familiares que también participaron”, denunció Rincón.
Del mismo modo, en el archivo del proceso contractual se registra que Ruth Rincón recibió $4 millones como incentivo por parte de la Gobernación de Santander.
Como estos casos, decenas de artistas en las diferentes provincias donde se realizó el evento de fomento artístico y cultural, denunciaron haber sido víctimas de estafa y suplantación de sus firmas para legalizar millonarias facturas del controvertido convenio.
Ahora los artesanos afectados por esta irregular situación temen que tengan que pagar impuestos ante la Dian por el dinero que supuestamente recibieron de incentivos pero que jamás les fue pagado.
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Cuestionada fundación
Según el convenio 4294793 del 2022, la administración departamental aportaba $2 mil millones para la ejecución del contrato y la Fundación Emprendimiento Juvenil Social aportaba los $800 millones restantes.
Vanguardia pudo conocer que la Fundación Emprendimiento Juvenil Social junto con Andrés Sarmiento Rojas Salom, (uno de sus socios fundadores), están siendo investigados fiscalmente por la Contraloría municipal de Bucaramanga por las Presuntas irregularidades en contrato no 146 del 9 de septiembre de 2013 suscrito por el exgerente Imebú, Cristian Rueda, quien actualmente está prófugo del a justicia y afronta varios procesos penales por el ‘carrusel’ de fundaciones desde el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial en la administración de Luis Francisco Bohórquez.
“Falsas denuncias”
Por su parte, la secretaria de Cultura departamental, Mery Luz Hernández, aseguró que la administración departamental no tenía conocimiento sobre las presuntas irregularidades en la facturación del convenio 4294793 del 2022 con la Fundación Emprendimiento Juvenil Social por valor de $2.859 millones, razón por la cual, anunció la apertura de las respectivas indagaciones para esclarecer lo sucedido.
“Desde la Gobernación de Santander velamos por la transparencia de todos los procesos. Al conocer las supuestas denuncias de artistas que aseguraron haber trabajado con la Secretaría de Cultura y Turismo, iniciamos revisión detallada del contrato ejecutado”, indicó Hernández.
Así mismo, la funcionaria exhortó a los artistas afectados para que interpongan las respectivas denuncias ante la administración departamental y los entes de control, e insistió que la Fundación Emprendimiento Juvenil Social era la entidad más idónea para la ejecución del millonario convenio.
