Estas son tres las sanciones disciplinarias que dejaron inhabilitado al exalcalde Rodolfo Hernández para ser candidato a la Gobernación de Santander.
Publicado por: Redacción Política
Días atrás, la Procuraduría General de la Nación expidió el certificado especial de antecedentes disciplinarios del hoy candidato a la Gobernación de Santander, Rodolfo Hernández Suárez, en el que indica que se encuentra inhabilitado para ejercer el cargo de Gobernador.
Así quedó establecido en el Registro de Sanciones e Inhabilidades, Siri, de la Procuraduría, el cual señala que el exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial tiene inhabilidad para ocupar el cargo de Gobernador o cualquier otro cargo de elección popular ya que suma tres sanciones disciplinarias confirmadas en los últimos cinco años.
Según el Siri, Rodolfo Hernández tiene una sanción por golpear a un Concejal, otra más por presunta persecución laboral a Wilson Motta, un funcionario de la Alcaldía y la tercera por agredir verbalmente a un veedor ciudadano, todas, cuando fue Alcalde de Bucaramanga.
Las sanciones
La primera sanción se remite al 2018, cuando la rivalidad entre la Administración Municipal y el Concejo de Bucaramanga se salió de control, luego de que el exalcalde Rodolfo Hernández golpeara en la nuca al exconcejal del ASI, Jhon Jairo Claro Arévalo.
En video quedó registrado el momento en el cual el mandatario local golpea al cabildante en represalia por una acusación que le lanzaba el Concejal, quién cuestionaba la transparencia de su gobierno.
La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa consideró que con estas actuaciones el exmandatario de los bumangueses incurrió en un falta grave a título de dolo al tratar con irrespeto al cabildante Claro.
“... habiendo pertenecido el disciplinado al nivel directivo de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga y la afectación de derechos fundamentales del Concejal Jhon Jairo Claro Arevalo, habrá de imponérsele al disciplinado responsable una sanción de 8 meses de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial”, agregó la Procuraduría.
Sin embargo, como al momento del fallo de primera instancia del ente de control disciplinario Rodolfo Hernández ya no fungía como Alcalde, pues había dimitido al mismo meses atrás, la sanción de la Procuraduría se le convirtió en una multa de $124 millones, lo correspondiente a lo que devengaría Hernández Suárez en 8 meses como Alcalde de Bucaramanga.
Acoso laboral
La segunda sanción disciplinaria en contra del excandidato presidencial tiene que ver con el supuesto por “tratar con irrespeto, sin imparcialidad y falta de rectitud a un funcionario con quien tiene relación en el servicio público”, luego de que Rodolfo Hernández calificara de corrupto a Wilson Motta un funcionario de carrera administrativa implicado en varios hechos de corrupción.
El Ministerio Público consideró que Hernández Suárez transgredió su función disciplinaria al haber agredido verbalmente a un veedor ciudadano, al que calificó de “lava culos de la politiquería” cuando fungía como Alcalde de Bucaramanga.
“Por todo esto, resulta palpable dar por sentado que la actuación del señor Rodolfo Hernández Suárez, en su condición de Alcalde Municipal de Bucaramanga, está revestida de ilicitud sustancial al haber afectado el deber funcional sin justificación, en los términos previstos por el artículo 5° del Código Disciplinario. Por tanto, queda así comprobado que existe adecuación entre la conducta y las disposiciones legales endilgadas en el pliego de cargos, entendiéndose que la tipificación, como la descripción o definición de un hecho que se consagra como irregular en materia disciplinaria, está referida al abuso de la función, concepto que tiene que ver con el ejercicio mismo de la función pública y la manera como debe desempeñarla quien esté a cargo de la misma”, acotó la Procuraduría.
Todo inicia con el Contrato 186 de 2015 de la Secretaría de Infraestructura municipal, el cual tenía como objeto la actualización y ajustes de diseños de diferentes centros de salud de Bucaramanga, por valor de $878 millones. El secretario de Infraestructura de la época, Clemente León, designó al ingeniero Wilson Motta como supervisor de dicho contrato.
Según las actas del proceso, el 14 de julio de 2015 (en plena campaña electoral), Motta Rodríguez y Mauricio Tarazona, representante legal de Corporación Ser Social (firma que se quedó con el contrato), suscribieron el acta de inicio. Aunque el contrato estaba pactado para ser ejecutado en seis meses, el 6 de agosto del 2015, tres semanas después de firmada el acta de inicio, el contratista presentó el informe “sobre avances de los diseños y estudios” de cinco centros de salud de Bucaramanga. Ese mismo día, el ingeniero Wilson Motta recibió el informe y aprobó el pago de $684 millones, más del 80% del valor del contrato.
A pesar de que Motta Rodríguez certificó el recibo del diseño de los cinco centros de salud y ordenar el millonario pago parcial, ningún plano fue avalado por el Ministerio de Salud, retrasando las obras hasta por tres años.
Ofensa verbal a un veedor
La tercera sanción disciplinaria en contra de Rodolfo Hernández está relacionada con hechos ocurridos en octubre del 2018 cuando Rodolfo Hernández insultó verbalmente a un veedor ciudadano.
En fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular señaló que no hay ninguna duda sobre las palabras usadas por el entonces alcalde contra el veedor Fernando Martínez Arenas, al responderle un reclamo por la poda de árboles que adelantaban funcionarios de la Empresa Municipal de Aseo en ese espacio, el 26 de octubre de 2018.
Para el Ministerio Público, el procesado tenía el deber de tratar con respeto a la ciudadanía, pues es un requisito que resulta especialmente exigible a los servidores públicos, “en virtud del principio de responsabilidad contemplado en nuestra Constitución y porque se encuentran al servicio del Estado y la comunidad”, precisó.
En una rueda de prensa la Procuradora General, Margarita Cabello afirmó que la norma en el Código Disciplinario asegura que quien tenga tres sanciones en cinco años anteriores a la última, queda inhabilitado por tres años.
“La decisión de Hernández es reciente y requería inicialmente, antes de que saliera el contenido de la sentencia de la Corte Constitucional, una revisión del Consejo de Estado. La Corte fue enfática, quien no esté en cargo no tiene que ir a revisarse ante el Consejo de Estado, que estudia la garantía de los derechos políticos. Rodolfo Hernández hoy no es funcionario en ejercicio de sus cargos”, afirmó la jefa del Ministerio Público.
