No solo el decreto sobre el cese al fuego bilateral con el ELN es una de las salidas en falso más recientes del gobierno de Gustavo Petro, también están la orden de acabar los contratos de prestación de servicios desde abril y otros hechos más.

Publicado por: Colprensa, Bogotá
El gobierno de Gustavo Petro arrancó el año sumando una nueva salida en falso que ya le está empezando a pasar cuenta de cobro político, en especial de parte de la oposición. Se trata del decreto que tuvo que reversar sobre el supuesto cese al fuego bilateral al que habría llagado con la guerrilla del ELN.
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Tras el anuncio presidencial a la media noche del sábado, el grupo guerrillero salió el martes muy temprano a desmentir el supuesto acuerdo de cese el fuego, que podría ser el primer tema a discutir en el nuevo ciclo que se cumplirá desde mitad de mes en México. De ahí que hoy en una declaración el Gobierno aseguró que el decreto quedaba sin vigencia, que la Fuerza Pública seguirá enfrentando a esa guerrilla y que le invitaba a decretar un cese unilateral.
Pero ese no ha sido el único tema en el cual los anuncios previos y al parecer sin verificar del Ejecutivo, días después lo mete en problemas pese a que de por medio hubo una orden del propio presidente Petro.
Por ejemplo, en la última semana de diciembre, el Departamento de Función Pública, en una circular a todas las entidades estatales anunció que se dará fin a los contratos de prestación de servicios a nómina para lo cual sólo se autorizarán hasta abril del 2023.
Aunque el cometido es darle más garantías a los trabajadores estatales, una dura voz de advertencia la hizo la funcionaria a quien más le compete el tema, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien en una carta al secretario Jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández Andrade, le advierte que ese plazo es imposible de cumplir.
Lo primero que le señaló Ramírez al Secretario Jurídico de Palacio de Nariño es que circular No. 100-005-2022 no tuvo una previa articulación de las normas que allí se plantea sobre la forma de contratación, por lo que se dificulta la gestión para realizar el proceso de nóminas.
Ramírez explica que no se hicieron estudios de cargas laborales necesarios para adelantar el proceso de formalización laboral, tampoco se calcularon las apropiaciones presupuestales correspondientes, “el trámite de asignación de recursos de inversión y funcionamiento en el marco de los proyectos de inversión de las entidades publicas ya se surtió y se cerró ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no solo dificulta la gestión administrativa”, además que para la ministra Ramírez es una “carga imposible de ejecutar”.
Propone la jefe de la cartera laboral que en 2023 las entidades públicas tengan una primera fase, un proceso de formalización laboral, para que dé especial atención a los auxiliares técnicos y personal asistencial.
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Pide que se den estudios técnicos de cargas laborales que respondan a criterios de “razonabilidad y proporcionalidad en consideración de las necesidades de cada entidad”, pero sobretodo, que el Ministerio de Hacienda diga que hay la viabilidad presupuestal.
También en diciembre, el presidente Petro desató una controversia más cuando dijo que sacaría de la cárcel a varios de los jóvenes de la ‘Primera Línea’ que estuvieron en las marchas del 2019 y 2020, para que pasaran en su casas con sus familias la Navidad y que además serían gestores de paz.
Díaz después en el Gobierno cayeron en cuenta de que la figura a aplicar no podía ser gestores de paz, sino voceros de paz, esa precisión ayudó a que por el momento hayan salido al menos cinco de ellos, y están en proceso de que los jueces que llevan sus casos definan la suerte de otros diez que podrían quedar en libertad en las peóximas horas.
Falta de cuidado y de mayor coordinación es lo que se evidencia está pasando al interior del Gobierno, aunque hay algunos temas como el de la compra de los aviones de guerra que generó una fuerte controversia en el país para finalmente aplazar esa billonaria inversión.














