miércoles 08 de mayo de 2019 - 12:00 AM

Santander lidera ranking de departamentos con hechos de corrupción

La investigación de la veeduría ciudadana reveló que en Bucaramanga los casos de corrupción involucran a todos los alcaldes entre 2008 y 2018.
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Santander lidera el ranking de los departamentos con el mayor número de hechos de corrupción reportados en el país en los últimos tres años.

Así quedó evidenciado en el tercer informe del Monitor Ciudadano de la Corrupción, una estrategia de la veeduría ciudadana, Transparencia por Colombia, que busca tener una radiografía descriptiva de las manifestaciones y dinámicas de la corrupción en el país.

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Según el informe, en Santander se denunciaron y sancionaron 47 hechos de corrupción entre 2016 y 2018. Atlántico, con 33 casos, y Valle del Cauca, con 26, completan el top tres de las regiones con más casos reportados en el país.

“Los datos evidencian que en los cinco departamentos con mayor población del país se concentra el 45% de los hechos de corrupción recopilados. Estos fueron Santander, Atlántico, Valle del Cauca, Bolívar y Antioquia. En cuanto a ciudades capitales, el 29% de los hechos se encontraron en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Medellín”, señala el informe.

¿Qué ocurre en Bucaramanga?

Así mismo, el informe de Transparencia por Colombia reporta que en Bucaramanga los casos de corrupción involucran a todos los alcaldes entre 2008 y 2018.

Es así, como el exalcalde Fernando Vargas (2008-2011) fue inhabilitado por 11 años en 2017, por la alteración de un contrato de construcción de un parque en la ciudad.

El exalcalde Luis Francisco Bohórquez (2012-2015) está siendo procesado penalmente por vínculos de la contratación de la Alcaldía con empresas creadas por familiares suyos, que pertenecían a una iglesia cristiana conocida como “Manantial de amor”.

Por último, el alcalde Rodolfo Hernández (2016-2019) enfrenta investigaciones disciplinarias al revelarse presuntos acuerdos en donde su hijo recibía comisiones por lograr la adjudicación de un millonario contrato de basuras.

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Radiografía nacional

En cifras nacionales, el Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia identificó y sistematizó 327 hechos de corrupción reportados en 46 medios de prensa entre enero de 2016 y julio de 2018.

La radiografía del país detectó en su mayoría hechos de corrupción administrativa (73%), corrupción privada (9%) y corrupción judicial (7%) como los que más se reportaron entre enero del 2016 y julio del 2018. De los hechos asociados a corrupción administrativa siguen siendo las irregularidades en los procesos de contratación pública el principal problema, ocupando el 46% de las denuncias de este tipo.

El informe de Transparencia por Colombia reveló que dentro del total de actores individuales involucrados en actos de corrupción el 39% fueron funcionarios públicos y el 30% autoridades electas por voto popular. De dichas autoridades elegidas en las urnas, el 41% de los concejales y 40% de los alcaldes, fueron partícipes de hechos relacionados con irregularidades administrativas y de contratación pública.

Los hechos más representativos

Los casos de corrupción advertidos en Santander son numerosos y variados: desde adjudicación o celebración irregular de contratos , o presiones a funcionarios públicos y contratistas para votar a favor de candidatos en las elecciones locales, hasta toda una logística para obstruir la participación ciudadana en un proceso de revocatoria, hacen parte del repertorio de ramillete de hechos con irregularidades administrativas yd e contratación pública advertidas en los últimos años en la región.

*‘Manantial de Amor’

En 2011, Luis Francisco Bohórquez fue elegido como alcalde de Bucaramanga para el periodo 2012-2015. Sin embargo, poco antes de posesionarse en su cargo, familiares cercanos (primas y tías) suscribieron sociedades para obtener numerosos contratos de la Alcaldía. El punto en común de estos contratistas era su pertenencia a la iglesia cristiana “Manantial de Amor”. Llamó también la atención que Leonardo Luna Escalante, miembro de la iglesia, conformó cinco empresas que posteriormente fueron contratadas por la alcaldía de Bohórquez para reparar parques y otras áreas públicas de la ciudad sin los procesos de selección objetiva. Además, las propuestas de contratación iban con sobrecostos de hasta el 30%.

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*Financiación de campañas

En 2003, durante las elecciones regionales en Barrancabermeja, el candidato Elkin David Bueno Altahona habría recibido apoyo por parte de grupos paramilitares en su campaña a la alcaldía del puerto petrolero. Las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la Nación comprobaron que el candidato y posteriormente alcalde entre 2012 y 2015 tuvo vínculos con el Bloque Central Bolívar de las autodefensas, con quienes habría pactado apoyo militar, político y económico para respaldar su candidatura. Las declaraciones en el marco del proceso de Justicia y Paz de un exjefe paramilitar demostraron los apoyos al candidato.

*Presiones a funcionarios públicos

En las elecciones locales de 2015, Wilson Mora, gerente de la Terminal de Transportes de Bucaramanga, aspiró al concejo de la ciudad por el partido Liberal. Durante su campaña habría destinado bienes y funcionarios de la entidad para trabajar en ella, además de utilizarla para obtener 1 .500 líneas telefónicas que destinó al proselitismo político. Medios de comunicación de Santander revelaron audios que comprometían al aspirante a concejal con la adquisición de las líneas telefónicas y con una deuda de $200 millones por este negocio. Adicionalmente, informes de auditoría externa a la terminal revelaron que Mora usó por lo menos a diez empleados para que trabajaran en su campaña aunque seguían recibiendo salario de la Terminal de Transportes.

*Obstrucción de procesos de revocatoria

El 2 de julio de 2017 se llevó a cabo la jornada de revocatoria del mandato de Darío Echeverry, alcalde de Barrancabermeja (2016-2019). La revocatoria no alcanzó el umbral requerido, por lo cual Echeverry se mantuvo en el cargo. No obstante, interceptaciones telefónicas realizadas por la Fiscalía General de la Nación, junto con denuncias de la Misión de Observación Electoral (MOE), revelaron que el alcalde desplegó toda una serie de estrategias que impidieron la asistencia a las urnas, como por ejemplo organizar eventos deportivos, conciertos y celebraciones religiosas. El alcalde también se comunicó con congresistas en Bogotá para que intervinieran en el proceso de revocatoria.

*Contratación irregular en CAS

En 2011, la Corporación Autónoma de Santander, en cabeza de Flor María Rangel, suscribió un contrato con la Unión Temporal Barrancabermeja con el fin de reforestar y aislar unos predios estratégicos en términos ambientales. En 2014, la Contraloría General de la República comenzó a investigar el caso, pues el contrato había tenido varias suspensiones a pesar de que ya se había girado el 90% de los recursos, que representaban un monto cercano a los $ 3.075 millones. Además se giraron $1.300 millones a pesar de las advertencias sobre problemas de ejecución del contrato.

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Contratación pública

El Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia, identificó que el 73% del total de los hechos analizados respondieron a casos de corrupción administrativa y el 27% restante correspondió a hechos de corrupción privada (9%), corrupción judicial (7%), corrupción política (6%), captura del Estado (2%) y otros (2%).

De acuerdo con el informe, a pesar de que hay un alto reporte de hechos de corrupción administrativa, se debe alertar sobre la complejidad de los mismos. “En muchos casos intervienen autoridades, servidores públicos, proveedores del Estado, contratistas, gremios y ciudadanos del común, un entramado complejo de actores interesados en alterar procesos administrativos, apropiarse de recursos públicos y favorecer a particulares a través de decisiones públicas”, explica la entidad.

En este ítem, Santander ha tenido casos muy sonados en el país como la adjudicación o celebración irregular de contratos, violación a los principios de transparencia, idoneidad y responsabilidad en la contratación estatal e incumplimiento de acuerdos.

Del total de los hechos asociados a la corrupción administrativa, el 37 % están relacionados con contratación pública. El 11% de los hechos asociados a este tipo de corrupción afectó al sector infraestructura y el 6 % al sector de servicios públicos y saneamiento básico. Algunas de las irregularidades en contratación tienen que ver con precios elevados en los servicios contratados, cobro por servicios no prestados, incumplimiento de lo establecido en los contratos o uso de materiales de menor calidad, ocasionando grandes pérdidas y detrimentos.

Así mismo, el informe señala que dentro de los casos de corrupción administrativa también se incluyen irregularidades en la toma de decisiones relacionadas con el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos; comisiones que pueden ser utilizadas en la financiación ilegal de campañas políticas.

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Aumenta la corrupción política

Según los registros del Monitor Ciudadano, entre enero del 2016 y julio del 2018, el 6% de los hechos de corrupción reportados corresponden a corrupción política y están asociados principalmente a irregularidades como compra y venta de votos durante la jornada electoral, violación a las leyes de financiamiento de campañas y presiones a funcionarios públicos y/o contratistas para votar a favor de candidatos.

El 7% de los hechos de corrupción registrados afectaron el ámbito electoral, con casos como participación de grupos armados ilegales en jornadas electorales, sanción a partidos por otorgar avales a candidatos inhabilitados u obstrucción de procesos de revocatoria del mandato.

Así mimo el reporte señala que el 31% de actores involucrados en hechos de corrupción fueron autoridades electas por voto popular.

“El financiamiento irregular de las campañas políticas ha constituido una de las principales puertas de entrada a la corrupción. El control deficiente sobre el origen, monto y destinación de los recursos que financian las campañas, así como el complejo y en ocasiones contradictorio marco normativo que regula el proceso electoral, sumado a la desinformación de la sociedad civil, son factores que hacen muy complejo este problema, que deja como resultado una gobernabilidad lesionada y una pérdida de legitimidad de las instituciones”, concluye el informe de Transparencia por Colombia.

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Alerta para las elecciones

Para Transparencia por Colombia, el fenómeno de la corrupción en Colombia debe ser tratado como un problema estructural y sistémico que desgasta la legitimidad de las instituciones, al tiempo que limita la acción de las autoridades. Así quedó confirmado en esta investigación, donde el Monitor Ciudadano identificó que de los 1.101 alcaldes, 12.061 concejales y 32 gobernadores electos para el periodo 2016-2019, el 52% estuvo investigado, sancionado o inhabilitado por hechos de corrupción.

Así mismo el informe reveló que los partidos políticos con más autoridades electas sancionadas, investigadas e inhabilitadas fueron: Partido Liberal (19%), Partido de la U (14%), Partido Conservador (14%) y Partido Cambio Radical (13%).

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Los departamentos con mayor número de autoridades electas sancionadas, investigadas e inhabilitadas fueron: Santander (22%), Quindío (10%), Tolima (10%), Córdoba (7,3%) y Atlántico (6%).

Ante este panorama, Transparencia por Colombia elevó una serie de alertas de cara a la contienda electoral local que se desarrollará en octubre del 2019.

“Se reitera la necesidad de lograr cambios propicios en el sistema político y en el ejercicio del poder, así como una financiación más transparente y equitativa de la política, con límites en los montos de financiación, cambios en el funcionamiento de los partidos políticos, independencia y capacidad sancionatoria del Consejo Nacional Electoral, CNE, transparencia y mayor rendición de cuentas en la relación del Ejecutivo y el Legislativo, y la consolidación de una cultura de rendición de cuentas”, propuso Transparencia.

Vanguardia es el cuarto medio de comunicación a nivel nacional en denunciar hechos de corrupción. Entre 2016 y 2018, Vanguardia realizó 51 artículos denunciando actos de corrupción.
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