domingo 22 de enero de 2023 - 12:00 AM

Unidad Investigativa | La disputa de los clanes por el control de las CAR en Santander

Caciques y grupos políticos comenzaron a tejer componendas y a mover fichas para hacerse indebidamente con el control de las corporaciones ambientales de Santander, entidades que manejan recursos por más de $120 mil millones al año y se han convertido en fortines burocráticos.

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Mientras el país se prepara para afrontar un nuevo año electoral en el que se escogerán a los próximos mandatarios locales, en los comicios regionales del mes de octubre, paralelamente los clanes políticos de Santander comenzaron sus estrategias para hacerse indebidamente con el control de las corporaciones ambientales regionales, que con el paso de los años se han convertido en fortines económicos y burocráticos de esos grupos de poder.

Además: Las movidas secretas de políticos para quedarse con el control de la Cdmb y la CAS

Si bien la elección de directores de las dos corporaciones autónomas ambientales con jurisdicción en Santander, la Cdmb y la CAS, se definirá a finales de este año, ya comenzaron los movimientos y acuerdos secretos entre distintas fuerzas con poder local y regional para coptarlas mediante componendas, presiones y acuerdos con políticos a la sombra para manejar sus millonarios presupuestos.

Pacto por las CAR

A las pocas horas de haber sido notificado por estrado sobre su inminente suspensión del cargo como contralor general de Santander, debido a una orden del Consejo de Estado, Fredy Antonio Anaya se reunió con el exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo (condenado por parapolítica), papá del actual mandatario departamental, Mauricio Aguilar. En el desayuno, Anaya y la cabeza de los Aguilar llegaron a un acuerdo político para que el entonces contralor, antes de tener que dejar definitivamente su puesto, pudiera modificar el organigrama del ente de control fiscal y hacer un enroque para que Blanca Luz Clavijo pasara a ser la contralora auxiliar y Yenny Rubio (desde hace varios años asistente personal de Aguilar Naranjo, incluso cuando estuvo privado de la libertad por parapolítica), a la subcontraloría de responsabilidad fiscal.

Con este enroque Anaya Martínez logró asegurar que una de las mujeres de su plena confianza y manejo continúe al frente de la Contraloría hasta que el Tribunal Administrativo de Santander defina de fondo la demanda de nulidad de su elección, proceso que podría llevar varios años.

Para lograr el visto bueno del exgobernador Aguilar, Anaya Martínez se habría comprometido a que la nueva contralora no ahondaría demasiado en la contratación de la administración departamental dirigida por Mauricio Aguilar y de paso, desde la Contraloría ayudaba a presionar a los alcaldes auditados por el órgano de control, de cara a las elecciones locales y la escogencia del nuevo director de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS.

Pocos días después del desayuno entre Aguilar y Anaya, el entonces contralor departamental expidió la Resolución 0718 del 10 de octubre del 2022, mediante la cual modificó el organigrama de la entidad fiscal y nombró a Blanca Luz Clavijo Díaz como nueva Contralora Auxiliar de Santander, en reemplazo de Yenny Katherine Rubio Ortega (quien hasta el 2022 se venía desempeñando como asesora de despacho de Mauricio Aguilar).

Un mes después fue ejecutoriada la medida cautelar del Consejo de Estado mediante la cual Fredy Anaya tuvo que abandonar su cargo, dignidad que fue ocupada por Clavijo Díaz, una de las mujeres de su plena confianza desde hace más de 10 años, como era el plan.

Lea también: La ‘jugadita’ de Fredy Anaya antes de abandonar la Contraloría departamental de Santander

Presión fiscal

El presupuesto de la Cdmb para el 2022 fue de $69.272 millones, de estos $36.922 millones proveniente de la sobretasa ambiental que pagan los bumangueses; por su parte, la CAS contó con un presupuesto de $60.205 millones para la vigencia anterior.

Con Clavijo como Contralora, Fredy Anaya puso en marcha su estrategia para recuperar la Cdmb y la Empas, luego de haber perdido el control, ahora en manos del exgobernador Didier Tavera, quien a la sombra maneja la actual administración de la corporación ambiental y la empresa de alcantarillado, Empas.

Así quedó en evidencia la semana que termina cuando varios alcaldes de las provincias de Soto Norte, Guanentá y Vélez, recibieron invitaciones a reuniones secretas con el excontralor Anaya, quien hizo presencia en las jornadas de capacitación que realizó el ente de control en Bucaramanga, San Gil y Barbosa, como lo reveló Vanguardia con denuncias de los propios mandatarios.

Las denuncias de presiones a los alcaldes de los municipios auditados por la Contraloría departamental serían solo una parte de la estrategia del grupo político de Anaya para recuperar la dirección de la Cdmb y la Empas, luego de haber sido anulado en la actual administración.

Según varias fuentes cercanas al excontralor, Anaya también habría buscado el respaldo del senador liberal Jaime Durán para que gestionara ante el Gobierno Nacional el nombramiento de José Alberto Rodríguez Montaña, exalcalde de Rionegro, Santander, y esposo de la actual contralora (e) departamental, Blanca Luz Clavijo, como representante del Presidente de la República ante el Consejo Directivo de la Cdmb.

El voto del delegado de Presidencia encajaría en los planes de Anaya para recuperar la Cdmb, ya que estaría asegurando siete de los once votos del Consejo Directivo: un voto del Gobernador Aguilar; otro de María Andrea Pimentel, una de las ONG; los cuatro votos de los alcaldes con los que se ha reunido y el del representante de Presidencia.

“Desde el año pasado el doctor Fredy se la ha pasado llamando a varios de los funcionarios a dar órdenes para que le agilicen varias licencias ambientales que tiene tramitando para poder construir unos proyectos de vivienda, y al que no le haga caso de una vez lo va a amenazando que los va a sacar a penas regrese a la Corporación”, dijo a Vanguardia una fuente en la Cdmb que pidió reserva de su identidad.

Aunque reconoció que sí es amigo de Alberto Rodríguez, el senador liberal Jaime Durán negó realizar gestiones burocráticas con el actual Gobierno.

“Yo no tengo ningún cargo con este Gobierno. Ojalá tuviera todo el poder que dicen que tengo. A mí me achacan tantas vainas. Jamás he pedido un cargo en el Gobierno. No tengo ninguna representación política allá”, aseguró el senador Durán al ser consultado por esta redacción.

Sin embargo, hay voces en la política regional que manifiestan no sorprenderse con la posibilidad de que desde el gobierno nacional se designen delegados presidenciales en las corporaciones, con "intereses polítiqueros". El senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, advirtió que estos nombramientos confirman denuncias que ciudadanos en su momento hicieron, refiriéndose a la alianza del presidente Gustavo Petro con políticos tradicionales.

“No me extraña que Petro vaya a nombrar esas fichas de Fredy Anaya y el senador Durán, del mismo del Partido Liberal con el que hoy está gobernando. Si entramos a revisar, Petro no está gobernando únicamente con alternativos como se vendió, está gobernando con toda la politiquería tradicional desde el Congreso. Politiquería que ha venido endulzando, entregándoles a cambio lo que ellos le han pedido. Esa es la realidad de la política colombiana que se degrada desde el Gobierno Nacional”, indicó el Congresista Hernández.

Así mismo, el representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, también de la Alianza Verde, prendió las alarmas por el posible nombramiento del esposo de la contralora departamental (e) como delegado del Presiente ante la Cdmb, y radicó ante el Gobierno Nacional una propuesta para que el nombramiento de esos representantes ante las corporaciones ambientales del país se haga por convocatoria pública y no de manera directa o discrecional por parte del jefe de Estado.

“Solicitamos al presidente Gustavo Petro y a la ministra de Ambiente Susana Muhamad abrir una convocatoria pública para escoger sus delegados en los consejos directivos de las 33 Corporaciones Ambientales Regionales, CAR, de Colombia. Históricamente esos delegados son para los clanes políticos, como denunció esta semana el periódico Vanguardia. En este gobierno de cambio deben ser para líderes y veedores ambientales”, señaló el representante Avendaño.

Consultadas por esta Redacción, las dos senadoras del Pacto Histórico en Santander, Gloria Flórez y Sandra Jaimes, no quisieron pronunciarse con respecto al posible nombramiento de Alberto Rodríguez como delegado del presidente Petro en la Cdmb.

Le puede interesar: Acuerdo entre Aguilar y Tavera por el control de la Cdmb dejaría a Fredy Anaya sin poder político sobre la Empas

Las cuentas de los clanes

Aunque en los próximos meses se escogerán los nuevos delegados de las ONG, (2), y los privados, (2), ante el Consejo Directivo de la Cdmb, estos no tomarán posesión sino hasta el primero de enero del 2024. Razón por la cual, Fredy Anaya contaría con tres de los cuatro votos de los actuales consejeros de esos dos sectores.

Además sumaría el voto del gobernador, Mauricio Aguilar; el del delegado de Presidencia, (que sería Alberto Rodríguez), y el constreñimiento a los cuatro alcaldes que serán escogidos la última semana de febrero, así el excontralor lograría su objetivo de votos necesarios para poner director de la Cdmb y recuperar el control de la corporación ambiental y la Empas, poder que perdió hace tres años tras un acuerdo entre los clanes Tavera y Aguilar.

En el círculo cercano a Fredy Anaya se habla que el excontralor tendría como principal candidato al exdirector de la Cdmb, Martín Camilo Carvajal, para que regrese a ocupar ese cargo.

Particularmente, Anaya Martínez quiere recuperar la gerencia de la Empas, entidad que maneja presupuesto superior a los $110 mil millones y con su propio estatuto de contratación.

Del mismo modo, el clan Aguilar busca recuperar el control de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, que actualmente está en un tripartito entre: el exgobernador, Didier Tavera, el senador liberal Jaime Durán y el representante uribista Óscar Villamizar.

Si bien sobre el papel la disputa por la CAS es un poco más compleja ya que, a diferencia de la Cdmb, la CAS tiene 12 miembros en el Consejo Directivo, y Aguilar necesitaría siete votos, (uno más que la Cdmb) para escoger al próximo director, en la realidad no es tan complicado ya que el clan Aguilar maneja dos de las principales representantes de las ONG en la región, que por lo general tienen asiento en el consejo directivo.

“Para la CAS están replicando el mismo ejercicio que para la Cdmb, presionando a los alcaldes para que escojan a los mandatarios locales que harán parte del próximo consejo directivo y mucho más fácil porque la Contraloría departamental audita a los 73 municipios que componen la CAS, con excepción de Barrancabermeja”, explicó uno de los alcaldes presente en las reuniones con Anaya y Rodríguez.

Con la presión que estaría realizando la Contraloría departamental los Aguilar ya tendrían asegurados los cuatro votos de los alcaldes; los dos votos de las ONG; los dos sufragios de los privados; el voto del gobernador Mauricio Aguilar y estaría negociando el voto del representante de la comunidad indígena Uwa.

El Gobernador tendría como posibles candidatos para dirigir la CAS, a su asesora de despacho, Aida Hernández; al actual secretario de Ambiente, Miguel Mauricio Sarmiento; al secretario de Infraestructura, Jaime René Rodríguez; y al secretario del Interior, John Jaime Ruiz. Igualmente, no se descarta el nombre de Farley Parra, pareja sentimental de la exdirectora de la CAS, Flor María Rangel.

Disputa histórica

Desde la creación de las corporaciones ambientales los clanes políticos de Santander siempre han medido fuerzas para tener su control. Hace cuatro años se repitió la historia.

Por el lado de la Cdmb, en el epílogo de su mandato, el exgobernador Didier Tavera se enfrentó con el excontralor Fredy Anaya por el control de la corporación ambiental.

Aunque la puja concluyó en 2019 con un acuerdo entre ambas partes: Tavera se quedaba con la dirección de la Cdmb pero la gerencia de la Empas sería para Anaya, en el 2020 el panorama cambió radicalmente con el regreso de los Aguilar al poder. Ya como gobernador y presidente del consejo directivo, Mauricio Aguilar intentó en varias ocasiones limitar las facultades del director de la Cdmb, Juan Carlos Reyes, incluso intentó modificar los estatutos de la Corporación para quitarle facultades al director. Tavera respondió y decidió cambiar a la gerente suplente de la Emab, quitándole el poder de mando a Fredy Anaya sobre la empresa de servicios públicos municipal.

Tras varias semanas de una intensa puja de poderes, finalmente los Tavera y Aguilar llegaron a un pacto en el que “en la Empas van mitad y mitad en las CPS (contratos de prestación de servicios) y Aguilar tiene cargos de subdirección. En la Cdmb, el gobernador tendrá derecho a una subdirección”, explicaron en su momento varias fuentes a este medio.

Dicho acuerdo, entre Aguilar y Tavera por el control de la Cdmb dejaría a Fredy Anaya sin poder político sobre la Empas, (fortín político de Anaya).

Situación similar ocurrió en la CAS, donde la puja estuvo liderada por el exgobernador Didier Tavera contra el bloque opositor integrado por el senador liberal Jaime Durán; el exgobernador Hugo Aguilar Naranjo; el representante uribista Óscar Villamizar y la exdirectora de la Corporación, Flor María Rangel.

La pelea fue tal que incluso llegaron a los estrados judiciales por presuntamente estar violando el debido proceso en la elección del nuevo director de la corporación ambiental.

El mismo día de la posesión de Mauricio Aguilar como nuevo mandatario de los santandereanos, el Consejo Directivo de la CAS llegó a un inesperado consenso y eligió al ingeniero civil Hecney Alexcevith Acosta Sánchez como nuevo director de la entidad para el periodo 2020- 2023.

Alexcevith Acosta sería el garante para que todos los contratos de la CAS fueran repartidos en partes iguales entre Tavera, Villamizar y Durán.

Caciques y grupos políticos comenzaron a tejer componendas y a mover fichas para hacerse indebidamente con el control de las corporaciones ambientales de Santander, entidades que manejan recursos por más de $120 mil millones al año y se han convertido en fortines burocráticos.

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