Fallas en diseños, pandemia, falta de voluntad política para intevenir un predio y una interventoría de socios, son los ingredientes del coctel de posibles irregularidades por las que esta megaobra está retrasada más de tres años y va a media marcha.
Publicado por: Unidad Investigativa
Con adiciones presupuestales cercanas a los $15 mil millones, (el 45% del valor inicial de la obra), y con un retraso de 30 meses, (2 años y medio), la megaobra del intercambiador vial de Guatiguará en Piedecuesta, contrario a convertirse en una solución del flujo vehicular sobre la vía nacional que de Bucaramanga conduce a Bogotá, se ha convertido en un verdadero calvario para los habitantes del sur del área metropolitana.
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Fallas en los diseños, sospechosos cambios exprés de contratistas, la pandemia del COVID-19, una interventoría de bolsillo y la falta de voluntad política de los mandatarios locales para intervenir un predio privado, hacen parte del dossier de irregularidades que rodean a la megaobra de infraestructura en Piedecuesta que aún aguarda por otros $6 mil millones adicionales para poder ser terminada este año.
Cambio de socios exprés
En marzo del 2018, la administración departamental, en ese momento en cabeza de Didier Tavera, firmó el contrato para la construcción del intercambiador vial de Guatiguará en Piedecuesta, proyecto con el cual se pretendía mejorar el flujo vehicular sobre la vía nacional que de Bucaramanga conduce a Bogotá.
El megaproyecto de infraestructura tuvo un presupuesto inicial de $33 mil millones, que fueron aportados así: el municipio de Piedecuesta $15 mil millones; la Gobernación de Santander $11 mil millones y el Instituto Nacional de Vías, Invías, $10 mil millones, provenientes de la venta de Isagén.
Con los recursos apropiados, la administración Tavera, a través de la Secretaría de Infraestructura, comenzó la convocatoria pública para adjudicar el proyecto.
Tras un extenso proceso licitatorio en el que se presentaron 10 oferentes interesados en ejecutar el millonario contrato, finalmente la administración departamental le adjudicó la construcción del intercambiador vial al Consorcio Guatiguará, inicialmente constituido por: S&M Ingenieros, con el 9%; Santiago Sánchez Vesga, con el 25%; CFD Ingeniería, con el 33% y Rodrigo Cárdenas García, con el 33% de la participación accionaria de la unión temporal.
Aunque el contrato fue firmado el 14 de marzo del 2018, solo hasta el 2 de septiembre de ese año, (seis mese después), la Gobernación y el Consorcio Guatiguará firmaron el acta de inicio de las obras de construcción del Intercambiador.
Sorpresivamente, el 5 de septiembre del 2018, tres días después de la firma del acta, la administración departamental de entonces aprobó la reconstitución del Consorcio Guatiguará. En dicho documento oficial, firmado por el exsecretario de Infraestructura departamental, Carlos Díaz Barrera, se autorizaba la salida de S&M Ingenieros, Santiago Sánchez Vega y Rodrigo Cárdena García, del consorcio, para darle paso a los nuevos socios: Maquinobras, representada Julián Serrano Gómez (contratista de varias megaobras en Santander) y la firma Infraestructura y Vías SAS, representada en su momento por Santiago Andrés Mantilla.
A pesar de que en las actas de recomposición accionaria del Consorcio Guatiguará sus tres integrantes mantenían una equidad en la participación porcentual dentro de la unión temporal, Infraestructura y Vías, con el 34%; Maquinobras, 33%, y CFD Ingeniería, (firma de Francisco DíazGranados, megacontratista de la costa caribe), también con el 33%; Julián Serrano pasó a ser el representante del consorcio.
La cesión del millonario contrato además de haberse realizado de manera exprés, no contó con un argumento jurídico que respaldara la determinación para cambiar los socios del consorcio, justo tres días después de haber firmado el acta de inicio de la obra.
“La cesión de un contrato de obra pública es una figura legal, sin embargo, tiene que ser concertada con la entidad pública que contrató, siempre y cuando cumpla con unas condiciones especiales y porque en pro del bien común sea mejor cedérselo a otra empresa que cumpla con la idoneidad. Pero eso es solo en casos excepcionales. Firmar el contrato y a los pocos días cederlo, quiere decir que es negocio. Eso sí está muy mal porque no hay una razón jurídica o excepcional real. Si se escogió a ese contratista es porque tiene la capacidad y la idoneidad para ejecutar el contrato, sino no lo ejecuta deja entrever que existe un negocio de por medio”, manifestó Marcela Pabón, vocera del Comité de Transparencia por Santander, consutada por Vanguardia.
Falta de planeación
Según la administración departamental, los problemas de ejecución del intercambiador de Guatiguará tienen que ver con los deficientes estudios y diseños del megaproyecto vial.
Así lo dio a conocer la Secretaría de Infraestructura al señalar en un informe que los estudios geotécnicos del intercambiador presentan dos inconsistencias fundamentales: la primera, el sitio donde se realizó la exploración geotécnica no era concordante con el sector donde se iba a construir el intercambiador vial; y segundo, el alcance no era el suficientemente amplio para caracterizar todas las estructuras a construir, por lo que fue necesario un nuevo estudio complementario.
“Increíblemente el estudio de suelos se realizó dentro de la estación de Metrolínea, no se hizo en el predio donde se está realizando el proyecto, es decir en la vía nacional entre Bucaramanga y Bogotá, por eso desde ahí varió todo el proyecto”, dice el informe.
Además, Infraestructura departamental señaló que los estudios estructurales estaban desactualizados, toda vez que fueron diseñados bajo la Norma Sismo Resistente versión 2010, pero por tratarse de una obra vial, se tenían que ceñir al Código Colombiano de Puentes 2014 y las normas Invias 2013.
“Con los diseños iniciales no se habrían logrado las metas propuestas de la obra. Las cantidades variaron con respecto a las proyectadas inicialmente por la Gobernación, toda vez que fue necesario realizar actividades no previstas, efectuar un balance inicial de mayores y menores cantidades de obra y pactar nuevos precios, con el fin de darle continuidad al contrato, lo que determinó la actualización del proyecto con un aumento en el plazo de ejecución, mayores cantidades de obra y valor del proyecto”, según precisa la Gobernación.
La consultoría fue contratada por Metrolínea y tuvo un costo de $1.346 millones.
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Adiciones extralimitadas
Aunque la megaobra estaba proyectada para ser ejecutada en 16 meses, es decir, el intercambiador debía estar listo en enero del 2020, hoy, 46 meses, (tres años y diez meses), después de la firma del acta de inicio, la obra solo tiene un avance en físico del 75%, con varios de sus trabajos críticos aún por desarrollar.
Los adiciones en tiempos de ejecución de las obras del intercambiador de Guatiguará no son el único problema. El presupuesto también se ha visto exponencialmente adicionado.
En sus cerca de cuatro años de ejecución la obra ha recibido adicionales por cerca de $15 mil millones, lo que representa un 45% por encima del valor inicial del proyecto, y los responsables del mismo ya hablan de la necesidad de al menos otros $6 mil millones más, (19% más del valor inicial), para poder terminar la obra.
Así las cosas, el intercambiador que comenzó costando $33 mil millones podría terminar valiendo $54 mil millones, 63% más del presupuesto inicial, extralimitando ampliamente lo dictado por las normas, según las cuales en estos casos solo puede adicionarse hasta un 50% de su valor inicial.
Del mismo modo, la interventoría, que comenzó costando $2.685 millones, ya ha tenido seis adiciones, por lo que actualmente ese proceso de supervisión alcanza un valor de $5.898 millones, más del doble de lo planificado inicialmente.
“El tema no es que hayan adiciones, en obras públicas es normal que eso suceda. Acá el problema es la desproporción en la cantidad de estas y las prórrogas que se han hecho”, advirtió el presidente de la Asamblea de Santander, el diputado Mauricio Mejía.
El contrato de interventoría lo ejecuta el Consorcio Vial Guatiguará, integrado por Consultores Especializados y Asociados De Santander, Ceas SAS, con el 55%, representada legalmente por Juan Sebastian Martínez Cardozo, y Álvaro García Parra, con el 45% de participación accionaria.
La estación intocable
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Uno de los puntos álgidos en la truncada construcción del intercambiador de Guatiguará tiene que ver con el lote donde actualmente funciona la Estación de Servicios Mi Isla, justo al lado de la zona de construcción.
Veedores ciudadanos señalaron a Vanguardia que los cambios en los diseños tendrían que ver con los intereses que tienen dos exalcaldes de Piedecuesta con esa propiedad comercial.
“En la administración de Jorge Navas se aprobó la construcción de una estación de servicio que es la que está ahí, al parecer a un empresario amigo de Navas. Pero la licencia está mal aprobada porque atrás de la bomba está la antigua vía a Bogotá. Ellos ocuparon parte de la carretera, que es espacio público por la parte de atrás, y cuando construyeron la bomba se apropiaron del área por la parte de adelante porque metieron los tanques de gasolina en espacio público. Los estudios de Guatiguará se hicieron con fundamento en los títulos inmobiliarios que existen y el que hace los estudios traza los diseños, por lo que él creía que era espacio público, pero cuando van a ver la realidad resulta que si van a romper el espacio público para el intercambiador se llevan los tanques de gasolina que están en el subsuelo”, denunció un exfuncionario de la Curaduría de Piedecuesta quien pidió reserva de su identidad.
Ante dicha problemática, la administración departamental solo habría tenido dos opciones para poder viabilizar el megaproyecto: correr un grado todo el intercambiador, lo que sería un aumento exponencial en el costo de la obra o derrumbar la estación de gasolina, sin embargo, la segunda alternativa se ha convertido en la última opción de las autoridades, a pesar de que tal y como lo pudo constatar la Unidad Investigativa de Vanguardia, desde el 2015 existe una sentencia judicial que revoca la licencia de construcción y operación de la Estación de Servicio Mi Isla, ubicada en el kilómetro 4 vía a Piedecuesta, justo al lado del intercambiador de Guatiguará.
La sentencia emitida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, el 18 de marzo del 2015 ordenó la nulidad de la Resolución 68547-0-10-0639 del 23 de agosto del 2011, por medio de la cual se concedió licencia urbanística de construcción, modalidad de obra nueva, se aprobaron los documentos, planos y diseños del predio localizado en el kilómetro 4 vía a Piedecuesta, propiedad de la Estación de Servicio GNV Mi Isla SAS, representada legalmente por Nelson Mantilla Ariza.
Esto debido a que el funcionario que emitió la resolución no tenía la facultad legal para aprobar el trámite y expedir licencias de construcción o urbanización en Piedecuesta. Dicha sentencia fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Santander, en noviembre del 2018.
De hecho, el Certificado de Libertad y Tradición del predio donde opera la Estación de Servicio Mi Isla específica que existe una medida cautelar de declaratoria de utilidad pública mediante el Acuerdo Metropolitano 005 del 9 de mayo de 2018, para el proyecto “construcción del Intercambiador de Guatiguará”.
A pesar de las órdenes judiciales, ni el exalcalde Danny Ramírez, ni el actual mandatario de los piedecuestanos, Mario José Carvajal, han hecho cumplir la orden judicial, incluso con la evidencia de que dicha situación tiene retrasado el avance de las obras de construcción del intercambiador.
Danny Ramírez, es ahijado político de Jorge Navas. En 2015 Ramírez llegó a la Alcaldía de Piedecuesta con su apoyo, cargo que ocupó hasta diciembre del 2019.
Mario José Carvajal, actual alcalde de Piedecuesta, fue secretario de Gobierno en la admnistración de Jorge Navas.
Expertos en infraestructura vial coinciden en señalar que para terminar en su totalidad la construcción del intercambiador de Guatiguará necesariamente se tendrá que demoler parte de la estación de servicio que hasta ahora ha sido intocable, especialmente en lo que se refiere a sus tanques de almacenamiento de combustibles que están ubicados bajo el suelo.
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Supervisión parcial
A pesar de los evidentes retrasos, las millonarias adiciones y el desacato a las órdenes judiciales que han tenido lugar en la controvertida construcción del Intercambiador de Guatiguará, ni la interventoría ni la supervisión del contrato se han pronunciado al respecto. Por el contrario, desde el Consorcio Vial Guatiguará, firma encargada de la interventoría, se defienden las actuaciones del contratista.
Llama la atención que el Consorcio Vial Guatiguará es representado legalmente por Lilian Stella Garcia Grazziani, hija de Álvaro García, quien tiene el 45% de participación accionaria en la unión temporal.
García es conocido en el sector público por haber realizado interventorías de megaobras que han estado en medio de controversias como el intercambiador de Los Búcaros y el intercambiador de Fátima, en Floridablanca, que también ha tenido serios inconvenientes de ejecución.
Como director de la interventoría de Guatiguará, Álvaro García contrató a Clemente León Olaya, exsecretario de Infraestructura de Bucaramanga en la administración de Luis Francisco Bohórquez. En esa época Olaya adjudicó los contratos de interventorías de las megaobras a Álvaro García. Así mismo, fue quien dirigió la controvertida licitación mediante la cual Julián Serrano se adjudicó la millonaria construcción del Intercambiador de Quebradaseca.
“A pesar de que los contratos se firmaron en el 2019 y han tenido grandes incrementos en los insumos: concreto, acero y agregados pétreos, el contrato no tiene reajuste por el incremento por el paso de los años”, expuso Clemente León Olaya, ante la Asamblea de Santander en un reciente debate de control político por los retrasos en Guatiguará.
La cercanía entre contratistas e interventores en la construcción del Intercambiador de Guatiguará no quedá ahí. Leonardo Dueñes, actual Secretario de Infraestructura de Piedecuesta, quién es uno de los encargados de vigilar el cabal cumplimiento de la megaobra en su municipio, fue el supervisor del problemático proyecto hasta hace poco, comienzos del 2020, cuando asumió su cargo como jefe de la cartera de Infraestructura en la administración de Mario José Carvajal.
Además, Dueñes hizo parte del comité evaluador de la licitación y el concurso de méritos mediante el cual se escogieron a Julián Serrano y Álvaro García, como contratista e interventor de la obra.
Ni en su rol como supervisor, por designación de la Gobernación, ni como secretario de Infraestructura de Piedecuesta, Dueñes se ha pronunciado por los problemas del intercambiador de Guatiguará, que él mismo ayudó a adjudicar en su momento.
Expuestos a millonaria demanda
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Así como lo manifestó la directora de la obra, la terminación del intercambiador de Guatiguará depende de la adición de por lo menos $6 mil millones más. El problema tendría que ver con que ni el municipio, ni la Gobernación, ni la Nación, tendrían la disponibilidad presupuestal para adicionar este proyecto.
A la fecha, la Gobernación de Santander y el Invías han entregado adiciones por $13.744 millones para la ejecución de la obra, quedando pendiente $5.541 millones por conseguir. Así mismo, la administración departamental entregó $2.788 millones adicionales a la interventoría, quedando por conseguir $644 millones extra. En total harían falta $6.186 millones adicionales.
La Secretaría de Infraestructura informó que ya se ha venido reuniendo con Hacienda y el propio gobernador Mauricio Aguilar, para apropiar los recursos faltantes.
Por ahora la solución financiera más viable para el gobierno departamental sería la apropiación de algunos recursos provenientes de los dividendos que le ingresan al departamento vía Electrificadora de Santander, que se recibirían en julio y septiembre, por un valor cercano a los $15 mil millones.
Pero los problemas financieros del intercambiador de Guatiguará no terminarían con la apropiación de los $6.186 millones adicionales para terminar la obra. Según el diputado Mauricio Mejía, el departamento de Santander está expuesto a una millonaria demanda por equilibrio económico y mayor permanencia en obra.
“No hay ninguna garantía de que el contratista más adelante no demande al departamento reclamando equilibrio económico y mayor permanencia en obra, debido a la extensa demora por los continuos aplazamientos del proyecto y los altos costos que ha tenido que asumir por cuenta del incremento en los precios de los materiales”, puntualizó Mejía.
La administración departamental informó que por ahora el Consorcio Vial Guatiguará, representado por Julián Serrano, no ha manifestado ninguna intención de demandar al Departamento por los problemas de proyecto del intercambiador.
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“Hemos cumplido”
El Consorcio Vial Guatiguará, contratista encargado de la construcción del intercambiador, defendió su trabajo al frente de la controvertida obra y aseguró que todas las demoras en el tiempo de ejecución del proyecto vial y los millonarios adicionales tuvieron como origen las fallas en los diseños y la pandemia del COVID-19.
Según el consorcio, a pesar del aumento del precio del acero, asfalto y el hierro, se han asumido esos costos y no se ha disminuido el rendimiento de la obra, ni negado ningún recurso.
“Hubo un incremento fundamental en todo lo que tiene que ver con los diseños, eso se vio reflejado en las estructura iniciales. Fue modificada la altura del galgo, con mayor espesor, lo que suscitó mayores volúmenes y unidades de obra en todas las pantallas a lo largo del intercambiador, 500 metros de los deprimidos. La estructura del pavimento fue modificada totalmente tanto en las paralelas como en los mismos deprimidos, estos cambios aumentaron los costos. Se encontraron redes que no estaban incluidas inicialmente como la acequias del río Hato, modificando el alcantarillado. La energía eléctrica y el alumbrado público ahora van subterráneos y el traslado de la red de gas, incrementó sustancialmente el costo del proyecto. A pesar de todo hemos asumido esos costos y no hemos disminuido el rendimiento de la obra, ni negado ningún recurso. Estamos asumiendo unos sobrecostos bastantes altos”, explicó a la Unidad Investigativa de Vanguardia Adriana Serrrano, directora de obra.
