En San Gil, un proyecto de acuerdo busca definir el futuro de 10.156 m² de áreas de cesión dentro del conjunto residencial Palmeras II, en medio de una sentencia judicial y concejales recusados.
Publicado por: Jorge Rios
La intención de los copropietarios de la exclusiva zona residencial Palmeras II de San Gil de recuperar sus áreas de cesión a través de un proyecto de acuerdo en el Concejo Municipal, con el fin de evitar el pleno cumplimiento de una sentencia que los pasó de conjunto cerrado a urbanización, podría quedar en el limbo, al menos por un tiempo, debido a la recusación de seis de los trece concejales de la localidad.
Randy Muñoz Gamboa, presidente del Concejo Municipal, explicó que esta semana los concejales recusados –incluido él– deberán decidir si aceptan o no el señalamiento. De no hacerlo, como ha ocurrido en experiencias anteriores, el expediente sería enviado a la Procuraduría General de la Nación y solo hasta que ese ente de control se pronuncie podría retomarse la discusión del proyecto de acuerdo.
El problema es que, con los seis concejales recusados, más un corporado que se apartó voluntariamente del debate por tener familiares viviendo en la urbanización, se vería comprometido el quórum decisorio. El Concejo de San Gil está integrado por trece concejales y para aprobar un proyecto de acuerdo se requiere la mitad más uno; con tantos impedidos, las cuentas no dan.
De esta manera, la intención de los copropietarios de que el Concejo Municipal autorice a la Alcaldía de San Gil para que les regrese, bajo un modelo de compensación, los 10.156 metros cuadrados de áreas de cesión podría quedar estancada durante un tiempo.
A esto se suma que el pasado 23 de noviembre no se pudo adelantar la primera sesión en comisión de la propuesta porque no hubo quórum decisorio para iniciar el debate. Varios propietarios y residentes quedaron a la espera, entre ellos empresarios, políticos y distintas personalidades de la región, incluido el actual alcalde de la capital guanentina, Édgar Orlando Pinzón Rojas, quien reside en este exclusivo conjunto ubicado en la zona de Bella Isla.
Muñoz Gamboa reconoció que en el Concejo existe inquietud por las posibles consecuencias jurídicas de aprobar el proyecto de acuerdo, frente a una sentencia judicial que aún no está en firme pero que debe ser acatada mientras no sea revocada. Por eso, insistió, la evaluación debe ser minuciosa.
Marco Velásquez, veedor ciudadano y miembro del equipo demandante, afirmó que, a su juicio, en este caso el alcalde ad hoc no tendría la potestad de presentar proyectos de acuerdo y que, además, existe una sentencia judicial que debe respetarse mientras no sea modificada. Según Velásquez, si el Concejo decidiera aprobar el proyecto podría configurarse el delito de prevaricato, pues los concejales estarían votando en contravía de una decisión judicial.
La sentencia
En su fallo de primera instancia, fechado el 22 de abril, el Juzgado Tercero Administrativo Oral de San Gil resolvió “declarar la nulidad de la licencia de construcción No. 291 del 19 de marzo del 2009, la Resolución 75 del 19 de marzo de 2009 y la Resolución No. 60 del 10 junio de 2008 expedidas por el municipio”, actos todos relacionados con la transformación de Palmeras II de urbanización a conjunto cerrado.
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En su momento, Helver Fernando Sánchez Suárez, uno de los abogados del equipo demandante, explicó que el dilema para la administración municipal está en cómo garantizar el regreso de las áreas de cesión –10.156 metros cuadrados destinados al uso de la comunidad– en donde hoy funcionan zonas verdes, vías internas, piscina, cancha de tenis y otros espacios. En estos lugares los copropietarios del conjunto han realizado grandes inversiones, incluyendo la portería y el cerramiento, cuya permanencia queda en duda si se debe garantizar el acceso de la población a dichas áreas.
De acuerdo con el equipo jurídico demandante y con lo consignado en la sentencia, el problema se remonta a 1998, cuando Palmeras II nació como urbanización. En ese momento se escrituraron al municipio las áreas de cesión, que inicialmente eran 8.776 metros cuadrados y que, tras una adición de lotes al proyecto urbanístico en 2004, llegaron a sumar los 10.156 metros cuadrados actualmente en disputa.
Posteriormente, entre 2008 y 2009, los copropietarios adelantaron el trámite para cambiar la figura de urbanización a conjunto cerrado, contando con la aprobación de las autoridades locales. Con ello, las áreas de cesión, concebidas como espacio público para el uso general, quedaron de facto para el disfrute exclusivo de los residentes del proyecto inmobiliario, compuesto por 80 unidades habitacionales.
Hoy, la discusión en San Gil gira en torno a si el Concejo puede o no aprobar un proyecto de acuerdo que busque revertir los efectos de esa sentencia y bajo qué condiciones podría hacerse sin vulnerar el carácter público de las áreas de cesión ni comprometer la responsabilidad penal y disciplinaria de los concejales.
