El reconocimiento se da un año después de que la oenegé presentara ante la JEP la solicitud a través del Informe sobre Victimización a Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Región del Magdalena Medio, en el marco del conflicto armado (1987-2016), Caso Credhos.
Publicado por: Lesly Cifuentes
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, acreditó a la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, como víctima colectiva en el marco del Caso 08: “Crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”.
Según Camilo Ayala, abogado de Credhos, la decisión “permite, que nos reparen como víctimas, porque nuestra organización sufrió una victimización de tal nivel, que no nos permitió poder realizar los proyectos como se quería en el marco de la protección de los Derechos Humanos. Hubo momentos en la historia donde la oficina casi se acaba, por esa victimización”.
El reconocimiento se da un año después de que la oenegé presentara ante la JEP la solicitud a través del Informe sobre Victimización a Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Región del Magdalena Medio, en el marco del conflicto armado (1987-2016), Caso Credhos.
“Desde hace años venimos insistiendo ante instancias judiciales a nivel de derecho interno y del sistema Interamericano CIDH, que hubo una victimización en el marco del conflicto armado que afectó nuestro trabajo como defensores de derechos humanos en el Magdalena Medio; una muestra son 15 compañeros que perdieron su vida en hechos relacionados con el conflicto, asesinatos, persecución tenemos compañeros en el exilio” explicó Ayala.
De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de Verdad, a través del documento presentado, se pudo identificar que “las capacidades organizativas, la autonomía, presencia y participación social de Credhos, así como sus proyectos colectivos, se vieron afectados por los asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados, atentados y amenazas de las que han sido víctimas los miembros de su junta directiva, integrantes, empleados y colaboradores desde 1987, cuando empezó su trabajo de defensa y protección de los derechos humanos en Barrancabermeja y el Magdalena Medio”.
Además, se reconoce que la evidencia presentada indica que las conductas criminales impactaron seriamente el número de integrantes que conformaban la organización y el ejercicio de sus líderes en la defensa de los derechos humanos.
“Esto tiene un valor enorme porque la región del Magdalena Medio no había sido priorizada en ninguno de los grandes casos que había abierto la jurisdicción, y es ahora que toman la decisión; es por el esfuerzo del movimiento social que se ha priorizado la región en el caso 008. Lo que pedimos es que el Estado investigue quiénes fueron los responsables para que haya justicia y garantías de no repetición”, dijo el abogado.
Lo que dice el informe
‘Hoy como ayer: Informe sobre victimización a personas defensoras de Derechos Humanos de la Región del Magdalena Medio en el marco del conflicto armado (1987-2016) -Caso Credhos-, documenta 16 casos de ejecuciones extrajudiciales en contra de directivos, investigadores y colaboradores de la organización, ocurridos entre 1989 y 2001.
Los hechos de violencia, según la organización, fueron perpetrados por grupos paramilitares con la connivencia de agentes del Estado. Asimismo, expone 10 casos de desplazamiento forzado, cuatro atentados y detenciones arbitrarias.
