miércoles 06 de diciembre de 2023 - 6:47 PM

Campesinos de Puerto Wilches piden a la JEP que los reconozca como víctimas

La comunidad del corregimiento El Guayabo (Puerto Wilches) hizo la solicitud formal ante la JEP para ser reconocidos como víctima colectiva e intervinientes, dentro del caso 008, correspondiente a crímenes de guerra o lesa humanidad en contra de la población civil perpetrados por agentes de Estado o terceros civiles en asocio con paramilitares.
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Familias campesinas y de pescadores del corregimiento El Guayabo, ubicado en la zona norte del municipio de Puerto Wilches, Santander, radicaron la solicitud formal ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para ser reconocidos como víctima colectiva dentro del caso 008 en el que el ente investiga hechos en los que miembros de la fuerza pública, otros agentes de Estado, terceros civiles y paramilitares se asociaron para cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población civil.

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Para Camilo Ayala, abogado de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, quien acompaña a las comunidades en este proceso, el fin de dicha solicitud es que se conozca la verdad sobre la historia de despojo que históricamente han vivido las comunidades de dicho corregimiento. “Al solicitar que sean reconocidas como victimas colectiva a la comunidad campesina de pescadores artesanales, también se le dé el carácter de interviniente especial en los procesos que se adelantan ante esta jurisdicción para el esclarecimiento de la verdad y búsqueda de la justicia y la reparación”, dijo.

Según el abogado la solicitud se da teniendo en cuanta que, durante años, estas comunidades han sido forzadas a salir de las tierras, han sido víctima de ejecuciones extrajudiciales y de una persecución sistemática ejercida por grupos paramilitares, con un supuesto asocio con agentes del estado. Se espera que en febrero la JEP de respuesta a esta solicitud.

La historia de despojo

La historia de despojo que han vivido los campesinos de El Guayabo, se remonta a la década de los 80, en la hacienda llamada Las Marías, constituida por tres predios: Bella Unión, Altamira y San Felipe. Según el relato de los campesinos, estas tierras pertenecían a un señor llamado Octavio López Franco, quien, tras no prosperar con cultivos de arroz y cansado de la inundación de las tierras, decidió cederla a los campesinos para que ellos la labraran.

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“En los años 70 hasta el 86 trabajamos pagando arriendo, incluso se pagaba con cargas de maíz. Posteriormente el señor Octavio nos dice que parceláramos que hablaba con el Incora (Instituto Colombiano para la Reforma Agraria) para tener los títulos, él nos entregó los predios y así lo hicimos y nosotros seguimos trabajando la tierra”, relató Edison Peinado, presidente de la Asociación Campesina de Pescadores de El Guayabo.

Los líos según los campesinos comenzaron en los años 90, cuando la comunidad se organizó para intentar legalizar los predios, y en medio del proceso se enteraron que había una denuncia por desplazamiento forzado. “En la denuncia se decía que habíamos sacado a ‘sangre y fuego’ a señor que estaba ahí, no sabemos que pasó porque en ningún momento se dio eso, él nos cedió la tierra”, relata.

Posteriormente, en el año 2.000, apareció un joven que señalaba ser el heredero de dichas tierras, y con su aparición, según el relato de las comunidades llegaron múltiples hechos de violencia en contra de quienes se resistían a abandonar los terrenos.

“Apareció uno de sus hijos supuestamente reclamando que había sido víctima de un desplazamiento forzado pero que la comunidad campesina ha mostrado sus pruebas de que efectivamente es un proceso que se dio de mutuo acuerdo para que el campesinado que era quien trabajaba la tierra fuera también el poseedor. (...) de ahí se ha dado una persecución a lo largo del tiempo que marcó un pico alto en la entrada del grupo paramilitar bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia a finales de la década del 90 y principios del 2000 bajo el mando de alias Tarazá quien fuera comandante político de este grupo armado conjuntamente con Ernesto Báez y con Julián Bolívar, quienes también estuvieron en la zona norte de Puerto Wilches”, explicó El abogado Camilo Ayala.

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Durante años, la comunidad relata que vivió en medio de amenazas y hostigamientos e incluso pagando a grupos paramilitares para que los dejaran trabajar, “la persecución que hubo después con los grupos paramilitares, la comunidad la cual fuimos desplazados del predio donde laboramos y fuimos, yo diría que extorsionados por los por los paramilitares cobrando unos 20 mil pesos por hectárea de tierra y diez mil por cabeza de ganado. A partir del 2002 hasta el 2006 cuando se desmovilizaron todo ese tiempo estuvimos que pagar”, dijo el campesino.

Después de la desmovilización de los paramilitares, el despojo, según los campesinos siguió... “después en el 2014 el inspector Leonel Gutiérrez, quien eran financistas de los paramilitares y que ya falleció, pero fue capturado por la Fiscalía y aceptó cargos porque tenía nexos con el paramilitarismo, mediante un fallo desalojó el predio pero después de eso nosotros volvimos, pero fueron acciones constantes de funcionarios por sacarnos de la tierra”, relata el campesino.

Pese a que hoy las comunidades siguen viviendo y labrando la tierra en la que durante años los han forzado a dejar, aseguran que la lucha continua, pues “hoy hay vigente una orden policiva bajo un desalojo, la historia sigue igual, sigue el desplazamiento y el despojo”, expresó Erick Yesid Payares, líder campesino.

La supuesta conexión de un ex alcalde y el coronel Hugo Aguilar

Según el abogado Camilo Ayala, en el proceso de despojo a los campesinos de El Guayabo, presuntamente hubo asocio entre funcionarios públicos y miembros de las AUC. “El señor Leonel Lagares Gutiérrez quien fuera inspector de policía de Vijagual fue vinculado a procesos de justicia y paz y lo mismo ocurrió con el señor Sandalio Durán quien fuera alcalde de Puerto Wilches más o menos para la época; y quien hoy está condenado por para política”, dijo.

Duran, quien fue alcalde entre los años 2004 y 2007 estaría vinculado también en procesos penales que involucran al exgobernador Hugo Aguilar Naranjo, por lo que Credhos pide a este ultimo que diga la verdad y que confiese si tiene responsabilidad en estos hechos en contra de las comunidades.

“La situación que narra la comunidad es que el pico alto de despojos y de desplazamiento se da entre el 2002 y el 2005, cuando el Bloque Central Bolívar estaba en su apogeo, y eso se contrasta con que ya hay una confesión del mismo Hugo Aguilar de que estuvo con el Bloque Central Bolívar para ganar las elecciones y después lo que pudo haber hecho desde la desde la Gobernación de Santander entonces, por supuesto que consideramos que allí debe haber una investigación y se le debe preguntar, que si realmente quiere aportar a la verdad, nos diga qué fue lo que hizo no solamente con el Guayabo, sino con toda la comunidad del norte de Puerto Wilches”, dijo el abogado.

Según Credhos también habría participación de miembros del ejército y a la Armada en varias ejecuciones extrajudiciales de jóvenes que tenían arraigo en este territorio.

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