Guanentá
Sábado 29 de marzo de 2025 - 05:02 PM

Demolieron viviendas que motivaron sanción al Alcalde de San Gil

Luis Carlos Buitrago, secretario de Infraestructura de San Gil, dijo que “estamos dando cumpliendo a una resolución del municipio y a las órdenes de tipo jurídico, que consisten en mitigar el riesgo que se está presentando”.

Las viviendas del barrio El Vergel de San Gil por fin fueron demolidas.
Las viviendas del barrio El Vergel de San Gil por fin fueron demolidas.

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Publicado por: Jorge Andrés Ríos

Luego de la sanción por desacato por no tomar las medidas respectivas para prevenir el riesgo para la comunidad de las viviendas en ruinas en el barrio El Vergel, la Alcaldía de San Gil procedió a demoler las unidades habitacionales.

La maquinaria amarilla llegó hasta el lugar 20 días después de conocerse el auto de desacato contra el alcalde de San Gil, Edgar Orlando Pinzón, dada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil y conformada después por el tribunal Administrativo de Santander, por un valor de $11 millones 388 mil (8 salarios mínimos mensuales vigentes legales).

Luis Carlos Buitrago, secretario de Infraestructura del municipio dijo que “estamos dando cumpliendo a una resolución del municipio y a las órdenes de tipo jurídico, que consisten en mitigar el riesgo que se está presentando”.

En total fueron 7 infraestructuras las demolidas, seis de ellas desahitadas y la restante estaba siendo ocupada por un habitante de calle, que fue reubicado por las autoridades locales. “la idea es evitar que se presenten nuevos ingresos o cárcavas para que no se presenten nuevas alteraciones de orden público en el sector”, afirmó.

Las viviendas del barrio El Vergel de San Gil por fin fueron demolidas.
Las viviendas del barrio El Vergel de San Gil por fin fueron demolidas.

Buitrago explicó que el procedimiento no se habìa realizado porque se tenían que adelantar temas de orden jurídico, de prevención y garantizando que no se afectara a ninguna persona.

De acuerdo con el funcionario, se va a realizar un cerramiento con malla o con material que evite el ingreso de personas a los predios, que venían usándose para el consumo de drogas y tras actividades, de acuerdo con las denuncias de los habitantes del sector.

La demolición de las viviendas se hizo un día después de que el mandatario sangileño asegurara que estaba a la espera de las directrices para realizar la consignación de los recursos de la sanción, los cuales saldrían de “su bolsillo” y no de los recursos municipales.

El proceso legal por las viviendas abandonadas en El Vergel

En la sentencia del 9 de septiembre de 2024 se ordenó al municipio “que por intermedio de la Secretaría de Control Urbano e Infraestructura, en un término ni mayor a cinco (5) días siguientes a la notificación del presente proveído, realice una visita de inspección a los inmuebles objeto de litigio y, con base en la misma, mediante un estudio técnico, determine cual medida es la más adecuada para proteger a la comunidad de un posible colapso de las infraestructuras visitadas, entre ellas, evaluar la posibilidad de la instalación de una cubierta flotante o cerco perimetral con tejas de lata y la colocación de señales de peligro como propone el actor popular, o cualquier otra, y de acuerdo a lo determinado, en un término máximo de un (1) mes siguiente a la elaboración del estudio técnico, se ejecuten estas medidas”.

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En este caso el ente judicial hacía referencia a un grupo viviendas que llevaban cerca de 10 años abandonadas y que con el tiempo se convirtieron en foco de inseguridad para la comunidad por el consumo de drogas y el desmantelamiento de las infraestructuras, las cuales se fueron deteriorando hasta quedar prácticamente en ruinas.

Durante el proceso de revisión del cumplimiento de la sentencia, el juzgado evidenció que la alcaldía, a través de la secretaría de Control Urbano e Infraestructura sí realizó la visita y el análisis técnico respectivo a las estructuras, proceso que terminó en una resolución de declaración del estado de ruina del inmueble y la orden de demolición, documento radicado con el número 100-33-580-2024 del 10 de septiembre de 2024.

Para el juez, el problema en este caso estuvo en que que la alcaldía desconoció los términos de su propia resolución, pues en dicho documento se establecía que la demolición debía adelantarse dentro de los 5 días siguientes al desalojo -si llegara a estar habitada y para el cerramiento del lote se daban 10 días más.

Publicado por: Jorge Andrés Ríos

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