Un total de 670 estudiantes del sector rural de San Gil están en estos momentos sin el servicio de transporte escolar. Hasta comienzos de septiembre tuvieron este beneficio. ¿Qué fue lo que pasó?
Publicado por: Jorge Andrés Ríos
Los dos hijos de Lina Sánchez Fernández no se levantaron ayer para bañarse, desayunar y salir a coger la ruta escolar. Se quedaron en casa, no asistieron al colegio y no saben cuándo volverán. La razón, sencilla, se acabó el contrato de transporte escolar de la administración municipal de San Gil y a ellos (los padres de familia), les sale muy costoso cubrir ese gasto.
En la vereda Montecitos son 23 menores los afectados por la terminación del contrato y en total en el municipio son 670 los estudiantes rurales que ahora no tienen cómo ir a clases.
Sánchez dijo que, en su caso, por ejemplo, serían $18.000 diarios en pasajes ida y regreso, a la semana sumarían $90.000, recursos que con los que no cuenta, una realidad que afrontan la mayoría de las familias campesinas.
“A nosotros aquí nos sale ese precio porque vivimos cerca al pueblo en Montecitos, pero imagínese los que están lejos (…) También tenemos el problema del servicio público, la ruta de Cootrafonce se demora y el bus que viene de Curití de Cootrasangil no nos recoge para no tener problemas con la ruta municipal, entonces uno ahí que hace”, señaló la madre de familia, recordando que los niños tienen que ir hasta las sedes del casco urbano porque la escuela de la vereda ni siquiera tiene servicio de agua.
Por la finalización del contrato de transporte escolar y la no renovación de este, Laura Sánchez Fernández, interpuso una tutela contra el alcalde sangileño Edgar Orlando Pinzón Rojas, por la por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la educación, igualdad e interés superior de los niños. Dicha acción legal fue aceptada ayer por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes.
¿Qué pasó con los recursos para el transporte escolar rural de San Gil?
Para este año la alcaldía de San Gil dispuso de $1.003 millones para el transporte escolar, cifra similar a la del año anterior. Con esos recursos se realizó el contrato para poner en funcionamiento 22 rutas rurales y una adicional a partir de junio, beneficiando a 670 menores.
Los recorridos iniciaron el 20 de enero y estaban contratados hasta el pasado 3 de septiembre. Sin embargo, el contratista regaló dos días, permitiendo que los estudiantes pudieran asistir a los colegios hasta el pasado viernes (5 de septiembre).
Para continuar con el contrato y que los menores puedan contar con este servicio se requieren $350 aproximadamente o por lo menos eso es lo que se dispondría del proyecto de acuerdo 013 (antes 008) de los recursos de balance - $11.887 millones - que la administración municipal presentó al Concejo Municipal desde mayo de este año, hundiéndose en dos ocasiones y quedando sin discusión en una tercera ocasión por una recusación al ponente del proyecto, esto último en agosto.
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Al respecto, Sánchez cuestionó la aparente desidia administrativa de la Alcaldía, porque si sabían desde hace meses que el contrato vencía en septiembre y se dieron cuenta que tenían problemas para la aprobación de los recursos, “debieron buscar una solución y no dejar en vilo la educación de los niños”.
Al ser consultado sobre cómo se procede en estos temas, un mandatario de una población vecina quien solicitó mantener en reserva su identidad, expresó que en este caso se pueden hacer créditos y contracréditos de forma interna en el presupuesto, evitando así una crisis como la actual y mientras se soluciona el impasse de los recursos de balance en el Concejo Municipal.
Sobre el manejo de los recursos y para intentar entender por qué no sè proyectaron los gastos completos de transporte escolar dentro del presupuesto municipal que este año fue aprobado por $101.983 millones, Vanguardia consultó a Yesid Anaya secretario de Haciendo San Gil sin obtener respuestas antes del cierre de esta edición.
La apuesta de la Alcaldía está, al parecer, en las sesiones extras del Concejo Municipal sobre el acuerdo 013. Sin embargo, el avance de ese proyecto dependerá de un aspecto legal: si los concejales aceptan o niegan la recusación existente contra el concejal ponente del proyecto. La otra alternativa está en esperar a que la Procuraduría Provincial de San Gil defina la procedencia de dicha denuncia.
