Entre las principales preocupaciones expuestas por los padres están las denuncias relacionadas con presuntos casos de maltrato a estudiantes, abuso sexual, situaciones de convivencia y señalamientos contra docentes de la institución.
Publicado por: Jorge Rios
Por segunda vez este año, un grupo de padres de familia del Colegio Luis Camacho Gamba de Curití salió a protestar para exigir respuestas frente a varias situaciones que, según denuncian, continúan afectando la convivencia y el ambiente escolar. La manifestación retoma las inconformidades planteadas en marzo, cuando también se pidió la intervención de las autoridades educativas.
Esta vez, los padres aseguran que varios de los compromisos establecidos en aquella mesa de diálogo no se han cumplido y reclaman, principalmente, que el Ministerio de Educación se reúna directamente con la comunidad educativa.
Liliana Ríos, madre de familia y representante de grado, cuestionó que, después de seis meses, todavía no hayan recibido copia del acta de aquella reunión. Según explicó, la respuesta que han recibido es que el documento contiene información considerada confidencial.
Denuncias de la comunidad educativa de Curití que siguen sin respuesta
Entre las principales preocupaciones expuestas por los padres están denuncias relacionadas con presuntos casos de maltrato a estudiantes, abuso sexual, situaciones de convivencia y señalamientos contra docentes de la institución.
Ríos también recordó que durante este año se presentó una denuncia por un presunto caso de acoso sexual contra estudiantes que involucró al entonces rector. De acuerdo con su relato, posteriormente se produjo su suspensión y traslado a dependencias de la Gobernación de Santander.
La madre cuestionó, además, que, pese a esa situación, el exrector habría regresado al colegio en una actividad oficial realizada en junio. A raíz de esta situación, aseguró que interpuso una acción de tutela y posteriormente se emitió una nueva resolución para establecer que el funcionario debía presentarse en la Gobernación.
Los padres también aseguran que existen otros casos que deberían ser investigados por las autoridades competentes. Ríos mencionó un presunto caso de maltrato físico contra una estudiante y afirmó que algunos alumnos estarían enfrentando situaciones que han llevado a solicitar flexibilización académica.
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“Queremos que el Ministerio venga y escuche todas las denuncias”, señaló la madre de familia, quien pidió que los casos sean investigados y que se garantice el debido proceso, añadiendo que hay docentes víctimas de acoso también por compañeros y directivos que están a favor del anterior rector.
El Consejo de Padres pide esperar las investigaciones
Desde el Consejo de Padres de Familia, el presidente del organismo, Benito Mejía López, reconoció que existen procesos en curso, pero pidió evitar que las denuncias sean convertidas en conclusiones antes de que terminen las investigaciones.
Según explicó, actualmente serían cerca de cinco docentes los que están siendo investigados y los procesos están en manos de la Secretaría de Educación Departamental.
Mejía insistió en que debe respetarse la presunción de inocencia y permitir que las autoridades hagan una valoración objetiva de cada situación, sin que esto afecte la continuidad de los procesos educativos.
También aclaró que actualmente el exrector se encuentra suspendido del cargo y sostuvo que, al momento de su ingreso anterior a la institución, no existía una orden que le impidiera entrar, pues esta habría sido emitida posteriormente.
El representante de los padres de familia indicó que los padres estarían siendo alentados por un profesional al interior del plantel educativo.
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Una institución con cerca de 1.500 estudiantes en Curití
El conflicto vuelve a poner sobre la mesa las dificultades de convivencia que se vienen denunciando desde marzo, cuando un grupo de padres llegó a sellar las puertas de la sede A del colegio y dejó sin clases a cerca de 450 estudiantes.
En aquella oportunidad también se denunciaron presuntos casos de maltrato, discriminación y estigmatización de estudiantes, mientras las directivas defendieron algunas de las decisiones cuestionadas como estrategias pedagógicas y de convivencia.
Ahora, los padres piden que las autoridades nacionales intervengan directamente y revisen las denuncias acumuladas.
