El representante a la Cámara Cristian Avendaño denunció que existen diferentes cuestionamientos en el contrato, que van desde el empresario asignado hasta la forma de su ejecución.
Publicado por: Jorge Andrés Ríos
La apertura de la indagación por parte de la Procuraduría General de la Nación al contrato que proyectaba la pavimentación de la vía entre Florián y Jesús María es tan solo una muestra de los inconvenientes que viene teniendo la iniciativa en donde se invierten $56.423 millones contratado por la Gobernación de Santander en 2023.
El representante a la Cámara Cristian Avendaño fue el encargado de denunciar el caso ante el órgano de control. El corporado dijo que se trata de un contrato sobre el que existen diferentes cuestionamientos, que van desde el empresario asignado hasta la forma en cómo se ha llevado la ejecución del mismo y la ausencia de información clara.
“El contrato fue adjudicado a Jorge Humberto Argüello Beltrán, alias ‘El Bachiller’, un contratista cuestionado, señalado por la JEP como presunto colaborador de las AUC y reconocido en el Magdalena Medio por financiar campañas políticas”, señala el documento enviado por el equipo del representante.
Avendaño añadió que los más preocupante es que antes de que se cumpliera el plazo de entrega en agosto de 2024, el contratista decidió argumentar que se debían hacer modificaciones al proyecto, por lo que se tendrían que cambiar los diseños, un proceso que costaría $19.000 millones.
“El avance financiero es del 25% y en obra del 32% , pero eso no se evidencia en kilómetros de vía pavimentados, no se ha terminado ni uno completo de los 33”, dijo Avendaño.
Las denuncias fueron confirmadas por Jessica Mendoza, secretaria de Infraestructura de Santander, despacho que abrió un proceso incumplimiento contra la empresa interventora del proyecto por las inconsistencias en la información.
Suspendido desde julio de 2024 cuando se oficializaron las necesidades de hacer modificaciones al proyecto por parte del contratista y tras las recomendaciones de la empresa interventora, la pavimentación de los 12,4 kilómetros quedó en el limbo por falta de información.
La vocera de infraestructura dijo que a las alertas por la baja ejecución se sumó la falta de sustentación técnica sobre la necesidad de la adición y los problemas con los informes solicitados a la interventoría sobre la trazabilidad técnica del proyecto y sus actuaciones de vigilancia.
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En el proceso adelantado por la Gobernación de Santander queda pendiente la audiencia y ahí se definirá si se aplica una sanción, interviene la aseguradora o se establece un plan para la continuidad del proyecto.
“Es indignante que se juegue así con los recursos y la esperanza de las comunidades. Este contrato prometía abrirle las puertas al turismo y el desarrollo y hoy solo hay abandono”, sentenció Avendaño sobre el proyecto.
