Un documento oficial revela una contradicción que sigue sin resolverse: la Alcaldía reconoció incumplimientos de Metrolínea, pero el convenio de las estaciones del Sitm continúa vigente.
Publicado por: Danilo Cárdenas
La Alcaldía de Bucaramanga reconoció oficialmente que Metrolínea S.A. incumplió las obligaciones del convenio interadministrativo 348 de 2018, mediante el cual la empresa administra las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Masivo (Sitm). Once meses después de ese pronunciamiento, el convenio sigue vigente y sin liquidarse.
El reconocimiento quedó consignado en un documento oficial emitido en agosto de 2025 por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y la Subsecretaría Administrativa de Bienes y Servicios, dependencia que supervisa el convenio, al que tuvo acceso Vanguardia.
“En lo que concierne a las obligaciones específicas del contratista, se puede establecer que efectivamente hay incumplimiento de algunas de estas por parte de Metrolínea S.A.”, señalaron las dos dependencias.
Y agregaron que el DADEP pidió información para definir con precisión cuáles obligaciones se incumplieron, “lo cual será el fundamento para la liquidación del convenio”.
En otras palabras, la propia Administración Local concluyó que la empresa dejó de cumplir parte de los compromisos que había asumido sobre las estaciones y que ese hallazgo sería la base para liquidar el convenio.
En ese mismo documento, la Alcaldía precisó que la entidad responsable de la administración, el mantenimiento y la seguridad de esos bienes es Metrolínea S.A.
Qué debe hacer Metrolínea, según el convenio
El convenio fue suscrito en diciembre de 2018. Mediante este, el Municipio entregó a Metrolínea cinco obras del sistema masivo, avaluadas en $36.186 millones: las estaciones de transferencia Provenza Oriental y Occidental, el Parque Estación UIS, la estación Chorreras y las estaciones de ‘Puerta Derecha y Barandas BGA 2014’.
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La propiedad de esos bienes permanece en cabeza del Municipio. El pasado 13 de julio, el DADEP acreditó mediante resolución las estaciones del Sitm como infraestructura pública municipal y ordenó su inventario, custodia y depuración contable.
El convenio le asignó a Metrolínea el aseo rutinario, la vigilancia, la seguridad, el mantenimiento y las reparaciones locativas de esos bienes, además del pago de los servicios públicos y de mantener vigentes las pólizas que los amparan.
El convenio no exigió garantía única de cumplimiento ni contempla cláusula penal. Estas son las dos figuras que la contratación estatal prevé para los casos de incumplimiento por parte de un contratista: la primera consiste en una póliza que el contratista toma a favor de la entidad y que esta puede hacer efectiva; la segunda, en una multa fijada de manera anticipada en el mismo contrato.
Las huellas del incumplimiento
Registros fotográficos tomados por Vanguardia muestran a personas retirando materiales de las estaciones. Las estructuras han perdido vidrios, barandas, cubiertas y elementos metálicos, y varias funcionan hoy como refugios improvisados.
Ese deterioro corresponde, en los términos del convenio, a las obligaciones de aseo, vigilancia, seguridad y mantenimiento que el documento le asignó a la empresa.
Recuperar la infraestructura del sistema en los cuatro municipios costaría alrededor de $66 mil millones, según el cálculo entregado por el director del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), John Manuel Delgado. De esa suma, cerca de $33 mil millones le corresponden a Bucaramanga.
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Catorce meses de requerimientos
La Alcaldía documentó, mes a mes, las gestiones que adelantó entre junio de 2024 y agosto de 2025 para hacer cumplir el convenio. El registro muestra solicitudes reiteradas de información a Metrolínea sobre el inventario de bienes, el aseo, la vigilancia, el mantenimiento, las pólizas y las indemnizaciones.
En al menos tres actas, del 3 de abril, el 22 de mayo y el 27 de junio de 2025, la Administración Local dejó constancia de que no encontró “acciones efectivas” ni “avances concretos” por parte de la empresa.
El mismo registro deja constancia de que una mesa de trabajo convocada para el 12 de septiembre de 2024 no se realizó por la inasistencia de Metrolínea y de la propia Subsecretaría de Bienes y Servicios, dependencia que ejerce la supervisión.
En noviembre de 2024, según ese balance, la subsecretaría llevó a cabo jornadas de limpieza en algunas estaciones y terminales, una labor que el convenio le había asignado a Metrolínea.
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El 15 de agosto de 2025, la Administración reiteró sus requerimientos citando un hallazgo de la Oficina de Control Interno Disciplinario. Cuatro días después, en una mesa de trabajo, las partes reiteraron “la importancia del avance en el proceso de liquidación” del convenio.
¿Qué pasó con los $5.000 millones de las pólizas?
El 22 de agosto de 2025, el DADEP le pidió a Metrolínea un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones del convenio entre 2018 y 2025. En el mismo requerimiento solicitó información “sobre el destino de los recursos provenientes de las indemnizaciones pagadas por las aseguradoras producto de las acciones vandálicas del ‘estallido social’”.
Ocho meses después, durante la plenaria del Concejo de Bucaramanga del 17 de abril de 2026, el director del DADEP informó que esa verificación continuaba. Explicó que la revisión incluyó documentos contables y solicitudes a las aseguradoras, y precisó que el dinero ingresó, pero que aún no estaba establecido en qué se utilizó. “No se sabe qué hicieron con la plata”, dijo ante los cabildantes.
Como resultado de esto, indicó, se remitió a la Contraloría General un informe de unas 40 páginas, firmado por él, por el actual gerente de Metrolínea y por el supervisor del convenio, por instrucción del alcalde. El monto involucrado, señaló, supera los $5.000 millones.
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La Secretaría de Hacienda confirmó después, por escrito, que el DADEP, la Subsecretaría de Bienes y Servicios y Metrolínea S.A. pusieron esas circunstancias en conocimiento de los entes de control.
Los $13.000 millones anunciados
Pese a que el convenio sigue vigente, la Alcaldía anunció en marzo una inversión de $13.000 millones para recuperar cinco estaciones del sistema.
Consultada sobre su competencia para invertir en esos bienes, la Secretaría de Hacienda respondió en mayo que la responsabilidad del Municipio de recuperar las estaciones “no solo tiene fundamento legal, sino también un carácter constitucional”.
Esa responsabilidad, agregó, opera “independientemente de las actuaciones administrativas y/o judiciales” que se adelanten en el marco del convenio 348.
La misma dependencia precisó, sin embargo, que no se han destinado recursos específicos ni se han expedido certificados de disponibilidad presupuestal, como reveló Vanguardia el pasado 13 de julio.
Sin respuesta de Metrolínea
Vanguardia consultó al gerente de Metrolínea S.A., Emiro Castro Meza; al subsecretario Administrativo de Bienes y Servicios y supervisor del convenio, Manuel Edgardo Obregón Vallejo; y al director del DADEP, José Guillermo Carlos Manosalva, sobre el estado del trámite de liquidación y el destino de los recursos de las pólizas.
Mientras el convenio sigue vigente y la Alcaldía de Bucaramanga sostiene que Metrolínea incumplió sus obligaciones, el proceso de liquidación continúa y aún no ha concluido.
Esto implica que el destino de más de $5.000 millones provenientes de las pólizas sigue sin establecerse y la recuperación de las estaciones aún no cuenta con recursos presupuestales asignados.
