Vanguardia visitó dos puntos de la ciudad en donde los indígenas se han asentado, el parque Romero y la plazoleta del obelisco del puente de la Novena.
Publicado por: Xiomara Montañez Monsalve
Un grupo es liderado por un hombre y el otro por una mujer. Carlos Arias y Yoleida Romero tienen argumentos distintos sobre su asentamiento en Bucaramanga; mientras uno pide dinero, comida, ropa y agua, y se impone ante los que visitan el lugar donde han instalado las improvisadas viviendas en el parque Romero, la otra -más amable- espera una brigada de salud, agua, y cree que la migración hasta este lugar no ha sido en vano, pues “mis hijos podrían estudiar, aprender a leer aquí. En la montaña (la serranía del Perijá) eso no se puede”, según dice mientras desmiga un trozo de yuca asada, plato tradicional de su comunidad.
Los grupos que Carlos y Yoleida lideran elaboran y venden artesanías en palma de iraca, piezas por las que son reconocidas estas comunidades. Mujeres como Eliana Arias, perteneciente al grupo de Carlos, se dispone a tejer, y mientras lo hace, cuenta que otras mujeres han salido a vender con los niños, que así se logran mejores ventas, porque a los hombres poco les compran.
Esta mujer que dice tener cuarenta años de edad y que duda al afirmarlo, asegura que ni ella ni el resto de los hombres, mujeres y niños que a esa hora se encontraban al cuidado de los ranchos y la venta de artesanías habían probado bocado esa mañana del miércoles 19 de abril. A las 9:30 habían logrado reunir dinero para comprar un tanque de agua, y ni un solo peso para hacer el mercado.
Mira a otra de las mujeres del grupo y le habla en su lengua yukpa – japreríal, tradicional en las comunidades del Perijá y a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, y la cual usan especialmente cuando están en presencia de extraños, pues se caracterizan por ser reservados.
“Se olvidaron de nosotros. No hay bendición -comida-. Hace un mes hablamos con la Alcaldía y no nos han dado nada. Yo pido un millón para irme. Solo eso”, explica Eliana. Y afirma que no se va a regresar con las manos vacías, porque en la montaña se mueren de hambre.
De los árboles del parque Romero, sobre la calle 45 con carrera 10, cuelgan las artesanías. De vez en cuando un transeúnte o conductor se detiene y pregunta los precios. Macario Segundo Romero cuenta que no siempre compran, que algunos vecinos no están contentos con que ellos estén ahí: “Nos dijeron que no podíamos hacer cambuches aquí, porque esta es una plaza, está prohibido, pero no llegan las ayudas. Y si a los vecinos no les gusta que estemos aquí, que nos busquen el recurso para irnos. Yo pido que me den una ayuda económica para irme. Ya no me gusta estar aquí, quiero irme a mi pueblo con la familia”.
Una docena de ranchos hechos con bambúes y forrados con plásticos son los hogares de estos yukpas que llevan deambulando por la ciudad desde hace cinco meses. La construcción imita la tradicional Munna, pequeña vivienda de forma rectangular, que suele ser levantada con tablas, caña o bahareque, con techos de hojas de palma y piso de tierra.
En el interior de cada uno se ven camas, colchones o colchonetas cubiertas con sábanas y ropa; cartones y bolsas apiladas; juguetes, platos de plástico, ollas, tarros, tanques para el agua, y niños y niñas acostados o jugando, con los cuerpos casi desnudos debido al calor. Dicen las mamás que a veces lloran por el dolor de cabeza o porque tienen hambre.
Esta comunidad trae consigo su pasado ancestral a una ciudad que no les es extraña, porque dicen que las calles de las urbes todas son iguales: han dormido en las aceras de Maicao, Valledupar, Tunja o algún pueblo estacionario al que han logrado llegar desde que salieron de sus pueblos.
Poco hablan de las marcas de la violencia de los grupos armados y de las fuerzas del Estado, tanto de Venezuela como de Colombia, pese a que reconocen que la han soportado. La criminalización y la discriminación de la Guardia Nacional, como aseguran los caciques, han segado la vida de varios líderes de estas comunidades. Así lo ha registrado en distintos informes la Sociedad Homo et Natura. Dicha organización también señala que “la delincuencia organizada en la zona, vinculada al comercio ilícito de ganado o gasolina, o bien al tráfico de drogas desde Colombia como la marihuana”, son factores que exponen a estas comunidades a la extinción.
Estos yukpa recuerdan el desplazamiento forzado porque de sus territorios no solo salieron por el asedio de multinacionales o terratenientes, sino por la falta de comida y las malas decisiones de los gobiernos que los han invisibilizado por décadas. Incluso, porque la situación en Venezuela y en la frontera es tal, que nadie les compra artesanías.
Viajan desde la serranía del Perijá, un corredor montañoso de la zona Caribe de Colombia que comparte territorio venezolano y por el que han marcado sus pasos mujeres, hombres y niños de 19 resguardos de pueblos indígenas como ellos y como los kogui, wiwa, arhuaco, kankuamo y wayúu.
Los yukpa que hoy están en Bucaramanga, provienen del noroeste del vecino país, de la frontera limítrofe entre el oeste del estado de Zulia y los departamentos de La Guajira y Cesar, como aseguran. Son pueblos indígenas conocidos como binacionales y transfronterizos.
Desde 2005, como lo han registrado varias organizaciones sociales venezolanas y el Observatorio de Ecología Política de ese país, el pueblo de los yukpa han visto el aumento de las afectaciones a sus territorios por la extracción de carbón, especialmente, de multinacionales como Vostokcoal, de Rusia; Glenmore Proje Insaat, de Turquía; la Compañia Carbonífera Caño Seco, de Irlanda; Sinohydro Corporation Limited, de China, y Carbones Turquía-Venezuela, de creación mixta por ambos países.
Irse no es una opción
Sentados en el piso, los integrantes del grupo de Yoleida alzan la mirada y ven a los transeúntes con desconfianza cuando estos se acercan a preguntar por qué soportan estas condiciones adversas. Este grupo de al menos treinta personas lo compone en su mayoría una sola familia.
Se encuentran en la plazoleta del obelisco, ubicada en uno de los costados del puente de la Novena. Mientras Yoleida carga a su nieto de dos meses de nacido, su hija y otra joven se entretienen con un celular, su hermano Israel Romero explica lo que les ocurre como comunidad.
Dice que la migración yukpa a ciudades como Bucaramanga es también un “reclamo al Gobierno por el abandono en el que se encuentran”. Israel asegura que si tuvieran documentos de identidad, un carnet que puedan mostrar en la entrada de un hospital o de una clínica, los servicios de una EPS o al menos una vivienda, ellos no estarían ocupando los parques: “Estamos aquí por los niños. Usted le pregunta a un niño de nueve años si sabe leer y no conoce ni las vocales. Siempre nos han pisoteado, desde nuestros ancestros hasta ahora. Aquí no estamos mendigando, pero sí hay gente que nos da la mano; los vecinos nos dan agua y comida. La Alcaldía no ha visto más por nosotros”.
Yoleida interviene y relata que lo poco que trajeron de su viaje se les quedó en las residencias a las que llegaron. De esos lugares no les permitieron sacar nada porque no pudieron pagar el alquiler de las habitaciones. “Se quedaron con lo poco que trajimos. Por eso nos fuimos a las calles”, dice esta mujer.
Desplazamiento interno
Un grupo que superaba los setenta indígenas yukpa fueron noticia nacional en diciembre de 2022 mientras permanecían en el parque García Rovira, en medio de la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga.
Durante casi un mes de negociaciones, la Secretaría del Interior del municipio, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) logró que treinta de estos fueran trasladados a la frontera; sin embargo, los que se quedaron, lo hicieron argumentando que solo se irían si se les daba la suma de diez millones de pesos y varias bolsas de mercado. De este primer grupo se desprendieron los dos que aún permanecen en la ciudad.
Pese al llamado que hizo el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, al Ministerio del Interior, para que se dé una solución sin violar los derechos de esta comunidad, no se ha obtenido respuesta.
Yoleida asegura que ellos no están en este territorio para “ocupar el lugar de los colombianos” porque todos “somos seres humanos y merecemos estar en el territorio, movilizarnos y buscar oportunidades”.
Pide, especialmente, una oportunidad para los niños, porque en sus comunidades no hay comida y menos ropa para vestirlos, como sí ocurre aquí, que la gente se acerca y se las regala.
