Los derechos de los ciudadanos no pueden quedarse escritos en sentencias; deben hacerse realidad en las calles, las aulas y los hogares.
Cansados de tocar las puertas de las entidades públicas sin encontrar respuestas, muchos han recurrido a tutelas y demás mecanismos legales para reclamar lo que consideran derechos fundamentales. Sin embargo, aunque los juzgados les han dado la razón, los fallos terminan archivados en el papel, sin que las órdenes judiciales se conviertan en soluciones reales.
Cinco casos de ese tipo resumen tal paradoja. El primero es la reconstrucción de las obras demolidas en el Colegio Dámaso Zapata: un auditorio y varios talleres que fueron derribados en la administración anterior y que, pese a la orden judicial para reponerlos, siguen convertidos en lotes vacíos. La comunidad educativa denuncia que los estudiantes continúan sin espacios adecuados para la formación técnica y cultural.
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El segundo corresponde al Colegio María Cano. Allí, un fallo exigió la rehabilitación de una planta física con paredes agrietadas, techos llenos de humedad y pisos en riesgo de colapso. Aunque la justicia reconoció la urgencia, los arreglos nunca llegaron y los alumnos tuvieron que ser reubicados en salones improvisados, con la incertidumbre de no saber si alguna vez volverán a unas aulas seguras.
Otro de los fallos incumplidos tiene que ver con el control del espacio público en los alrededores de la plaza de mercado central. Comerciantes y transeúntes lograron, mediante una acción popular, que se ordenara despejar las vías y garantizar la movilidad en el sector. No obstante, la Secretaría del Interior, la Policía y los inspectores de Espacio Público no han mantenido el control, y cada día la congestión, el desorden y las ventas informales persisten como si nunca hubiera existido una sentencia.
A esta lista se suma la lucha de la comunidad de La Malaña, que desde hace años reclama su derecho al agua potable. Un juez ordenó la conexión a las redes públicas, reconociendo el derecho al mínimo vital. Pese a ello, los habitantes siguen dependiendo de soluciones precarias y de carrotanques que apenas alivian su sed. Y, como si fuera poco, en el barrio San Bernardo las tapas de alcantarillado dañadas siguen siendo trampas mortales para los peatones, a pesar de que una acción popular obligó a las entidades de servicios públicos a reemplazarlas con urgencia.
Estos cinco fallos se han convertido en un “top” de la desidia oficial. La justicia ha hablado, pero las autoridades guardan silencio o se excusan en trámites interminables.
1. En La Malaña
Desde hace tres años, Dulfo Rojas Delgado, habitante de La Malaña, es la voz incansable de su comunidad en la lucha por una gota de agua potable. Fue él quien, a través de una tutela, exigió que se reconociera el mínimo vital de agua para los vecinos del corregimiento III. Ese recurso legal logró aliviar en parte la necesidad, pero la solución sigue siendo incompleta. Hoy, las 90 familias que conforman el sector aún no cuentan con los grifos en sus casas. Tienen que resignarse a llenar canecas en pilas comunitarias, compartiendo entre todos las pocas gotas que llegan. “Lo ideal sería que cada familia abriera el grifo de su cocina y tuviera agua limpia”, dice Dulfo.
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2. Obras educativas
La Veeduría Ciudadana de la Institución Educativa Dámaso Zapata denunció lo que considera como un atropello: la demolición inexplicable del auditorio y los talleres de la institución, y cuya reconstrucción es una promesa incumplida. El proyecto, iniciado bajo el gobierno del exalcalde Juan Carlos Cárdenas, quedó convertido en un esqueleto inconcluso que para los estudiantes no es más que “un monumento a la improvisación”. Padres de familia, docentes y exalumnos han denunciado irregularidades y negligencia, tras actos que no solo dejaron sin espacios de formación y cultura a cientos de jóvenes, sino que también representan una burla abierta a la comunidad educativa.
3. La ‘María Cano’
Paredes resquebrajadas, pisos hundidos y techos carcomidos por la humedad mantienen en grave riesgo la planta física de la Institución Educativa María Cano, situada en el barrio Villa Helena. En esas deterioradas instalaciones del norte de Bucaramanga funcionaban los niveles de preescolar, primaria y secundaria, donde estudiaban 326 niños y jóvenes. Aunque los estudiantes ya fueron reubicados, la comunidad educativa y los vecinos del sector siguen a la expectativa de la pronta rehabilitación del plantel, después de que una acción popular, interpuesta por la ciudadanía, fuera fallada a su favor. Todos confían en la reparación de ese inmueble.
4. Invaden alrededores de la plaza
Con una nueva acción popular, los comerciantes de la plaza de mercado, en pleno centro de Bucaramanga, consiguieron que, al menos en los documentos oficiales, la Alcaldía asumiera la obligación de despejar los alrededores del centro de acopio. Según el fallo, la Secretaría del Interior, la Policía y los inspectores de la Corporación del Espacio Público tienen la responsabilidad de mantener libre de vendedores informales a la calle 34, entre carreras 15 y 16. Sin embargo, basta recorrer el sector para comprobar que dicha orden judicial terminó siendo otra promesa incumplida. En su defensa, el Municipio dice que hace operativos periódicos de recuperación del espacio público.
5. Tapas de alcantarilla
En el barrio San Bernardo, exactamente en la calle 104B con la carrera 41A, los vecinos se vieron obligados a instaurar una acción popular para exigir a las entidades responsables del servicio público la adecuación de las cajas de conexión. Estas estructuras, en avanzado estado de deterioro, representan un riesgo permanente, pues han ocasionado accidentes de consideración entre los transeúntes, incluidos niños y adultos mayores. A pesar de que el fallo judicial les dio la razón y ordenó las reparaciones, ya han transcurrido tres largos meses sin que se ejecute una sola obra. La comunidad, cansada de promesas insípidas, se pregunta: ¿hasta cuándo tendrán que esperar?
