En cada esquina, el mototaxismo y los demás vehículos ‘piratas’ se imponen como opción para la movilidad; mientras tanto, las autoridades parecen superadas por la magnitud del problema.
Durante el primer semestre de 2025, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, junto con la Secretaría del Interior, Migración Colombia y la Policía Nacional, adelantó múltiples operativos contra el transporte informal en diferentes puntos de la ciudad. Sin embargo, las cifras revelan una realidad preocupante: mientras miles de vehículos operan diariamente al margen de la ley, los sancionados siguen siendo apenas una fracción mínima del fenómeno.
De acuerdo con el balance oficial, entre enero y junio de este año se impusieron 5.379 ‘comparendos’ en distintos operativos de control. No obstante, la mayoría de estas sanciones obedecieron a infracciones diversas -como documentos ilegales, revisiones técnicas o comportamientos indebidos en vía- y no directamente a la prestación del servicio informal, pues en muchos casos no fue posible comprobar la ilegalidad del transporte en el momento del operativo.
La ya normalizada ‘piratería en el transporte sigue extendiéndose por Bucaramanga y su área metropolitana bajo múltiples formas. Hay motos y taxis clonados, vehículos desvinculados de empresas que continúan circulando pese a estar fuera de servicio, automóviles particulares que ofrecen traslados por redes sociales o aplicaciones informales, y el persistente fenómeno del mototaxismo, cada vez más arraigado en los barrios populares.
Esta última modalidad, pese a estar prohibida por ley, se ha convertido en el principal medio de transporte ilícito y en el sustento de miles de personas que, ante la falta de empleo y de alternativas de movilidad, recurren a ella.
Fallo judicial
El Tribunal Administrativo de Santander ya había advertido la gravedad del problema en un fallo reciente, en el que ordenó a los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta implementar medidas urgentes para desmontar los llamados ‘terminalitos’ -puntos donde opera el transporte ilegal- y coordinar acciones conjuntas para atacar de raíz esta práctica.
“Ya no caben paños de agua tibia; el transporte ilegal no puede seguir normalizándose como si fuera una opción válida”, sentenció el referido organismo judicial.
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El problema es que la realidad sobrepasa las decisiones judiciales. Hoy, la ‘piratería’ no solo representa una flagrante violación de la ley, sino también un reto a la autoridad y al orden urbano.
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La presencia de estos servicios ilegales en cada esquina refleja el debilitamiento institucional y la incapacidad de las autoridades para ejercer control efectivo sobre las vías. La sanción, aunque necesaria, se diluye entre la magnitud del problema y la percepción de impunidad que tienen los conductores informales.
A esto se suma un factor determinante: el pésimo servicio del transporte masivo, cuya cobertura es casi nula, demoras constantes y rutas insuficientes han empujado a miles de usuarios hacia la informalidad. Muchos ciudadanos, especialmente en las comunas de Ciudad Norte y la zona Occidente de Bucaramanga, afirman que el mototaxi o los carros ‘piratas’ son la única forma de llegar a tiempo al trabajo o al estudio. Así, la deficiencia del sistema formal termina alimentando el crecimiento del negocio ilegal.
De acuerdo con los reportes oficiales, al menos 96 estaciones ilegales de transporte se han identificado en los municipios del área metropolitana, lo que confirma la magnitud de esta grave situación. Cada punto funciona como una terminal alterna donde confluyen carros particulares, motos y buses informales que recogen pasajeros sin control ni regulación, poniendo en riesgo tanto la seguridad vial como la integridad de los usuarios.
Para los expertos, el avance de la ‘piratería’ tiene una causa estructural: la debilidad del transporte público formal. “Mientras no exista un servicio eficiente y de amplia cobertura, la gente va a seguir optando por las motos o los vehículos informales”, advierte la analista en temas urbanos Yany León Castañeda, quien insiste en que la respuesta no puede limitarse a los operativos, sino que “debe incluir una mejora integral del sistema de movilidad metropolitana”.
Total: las cifras muestran que la informalidad le sigue ganando la batalla a los controles. Miles de conductores operan fuera de la ley ante la falta de alternativas de transporte público efectivas, mientras las sanciones oficiales, aunque numerosas, resultan ínfimas frente al tamaño real del problema.
“Bucaramanga enfrenta así una crisis de movilidad que combina ilegalidad y desconfianza ciudadana por el transporte masivo, una mezcla que amenaza con perpetuar el caos en las calles si no se toman medidas urgentes y estructurales”, puntualiza León Castañeda.
