Un Tribunal frenó el decreto que ordenaba el traslado masivo de pacientes de más de 500 municipios a la Nueva EPS. La decisión judicial tendrá efectos en Santander.
Publicado por: Redacción Nacional
El decreto decreto 182 de 2026 del Gobierno conminaba a que 70 municipios de Santander, un poco más del 80 % del total del territorio, tuvieran que hacer traslados masivos de afiliados y recibieran atención exclusiva por parte de la Nueva EPS. Vea además: Viacrucis de pacientes de la Nueva EPS en Santander
Esto significaba que los habitantes de estos municipios no tendrían posibilidad de escoger con qué entidad prefieren recibir sus servicios médicos.
El efecto de la reorganización se sentiría con mayor rigor en municipios con menor cantidad de habitantes y los más alejados del área metropolitana de Bucaramanga, en donde la oferta de EPS es menor.
Según cifras oficiales, entre Santander, Boyacá y Cundinamarca están más de la mitad de municipios que pasarían a ser controlados en su atención por parte de la Nueva EPS. Lea también: Nueva EPS en Santander anuncia solución en la entrega medicamentos
No obstante, en las últimas horas, el Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió, mediante una medida cautelar de urgencia, el decreto 182 de 2026 del Gobierno, al advertir que la reorganización territorial del sistema de salud entregaría el monopolio de la atención de pacientes de 502 municipios a la Nueva EPS. La decisión judicial, por ahora, no permitirá que se adelante esta reorganización en Santander.
El juez argumentó que la Nueva EPS está actualmente intervenida por el Estado, lo que obligaría al traslado forzoso de millones de pacientes y amenazaría con colapsar la prestación de este servicio público esencial para los colombianos.
¿Cómo se frenó el decreto?
El magistrado Daniel Montero Betancur, del Tribunal Administrativo de Antioquia, ordenó al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud detener cualquier asignación de afiliados contemplada en el decreto.
El togado explicó que el modelo propuesto forzaba el traslado masivo de unos seis millones de usuarios y enviaba a 2,6 millones de ellos directamente a la Nueva EPS.
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Esta maniobra, según la revisión judicial, dejaba a la Nueva EPS operando como la única aseguradora en los regímenes contributivo y subsidiado en casi la mitad de poblaciones de Colombia. Le puede interesar: ¿Qué está pasando con la entrega de medicamentos a las personas con VIH en Santander?
El fallo señaló que el documento técnico gubernamental carecía de una “justificación técnica seria” para explicar cómo una organización con un “serio quebranto financiero” y fallas previas en su servicio podía absorber de forma segura a tal cantidad de ciudadanos.
El magistrado concluyó que la ordenanza oficial configuraba “una lógica circular y excluyente” que bloqueaba el ingreso de competidores y transformaba la afiliación en “una imposición derivada del nuevo esquema”, lo que anulaba por completo la libertad de elección de los usuarios.
La decisión del Tribunal también determinó que concentrar de manera forzada a una población tan grande en una sola institución bajo intervención estatal no resulta compatible con los principios de eficiencia, calidad y continuidad en la atención médica.
Así las cosas, el juzgado decretó frenar de inmediato la ejecución del mandato presidencial hasta que se resuelva de fondo la acción popular interpuesta por el impulsor de la tutela.
