La Veeduría Ciudadana denuncia que “dejaron vencer una póliza de las obras del Tecnológico” y exigen activar la garantía de $3.500 millones.
La Veeduría Ciudadana le solicitó a la Alcaldía de Bucaramanga hacer efectiva la póliza de estabilidad y de calidad de las obras correspondientes al contrato de mejoramiento de la Fase I del Instituto Técnico Dámaso Zapata, más conocido como Tecnológico, al asegurar que, pese a las múltiples denuncias realizadas desde 2023, persisten fallas en la infraestructura entregada.
La intervención fue ejecutada durante la administración del entonces alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey, mediante el Contrato de Obra No. 104 de 2021.
Aunque inicialmente fue adjudicado por $10.161 millones, su valor final ascendió a $15.544 millones, financiados con recursos propios del Municipio.
Entre las obras ejecutadas se encuentran la cancha de fútbol, el edificio administrativo, el edificio de bienestar escolar y otras de urbanismo táctico.
Según la veeduría, varias de estas intervenciones presentan deficiencias que aún pueden ser corregidas mediante la activación de las pólizas, una la dejaron vencer (no se sabe el por qué no la activaron), y la de estabilidad de la obra, cuyo amparo asciende a cerca de $3.500 millones y tiene vigencia hasta 2028. (Lea además: Tras denuncias periodísticas y de la comunidad sobre microtráfico en colegios, alcaldía anuncia medidas)
La Veeduría Ciudadana radicó un derecho de petición como reclamación previa para la protección de derechos e intereses colectivos, como requisito para una eventual acción popular, exigiendo que el Municipio solicite formalmente ante la aseguradora la ejecución de las garantías y ordene la reparación de los daños.
Persisten las fallas
En el documento, la veeduría recuerda que la obra fue liquidada el 21 de abril de 2023 y recibida a satisfacción a pesar de las denuncias de la comunidad educativa que fueron puestas en conocimiento, ya que se evidenciaron múltiples problemas, entre ellos piedras sueltas en la superficie de la cancha que representan riesgo para los estudiantes, mallas y tableros deteriorados, adoquines desprendidos e incluso grandes inundaciones por las deficiencias en el drenaje, goteras y presencia de comején.
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Desde entonces, tanto la comunidad educativa como la veeduría aseguran haber presentado varias solicitudes para que se activen las garantías del contrato y se ejecuten las reparaciones, sin que hasta el momento exista una solución definitiva.
Hallazgos de la Contraloría
Las denuncias también fueron objeto de revisión por parte de la Contraloría de Bucaramanga.
De acuerdo con el organismo de control, el contratista habría utilizado material inadecuado en la superficie de la cancha de fútbol. Un estudio de granulometría realizado por la Universidad Industrial de Santander evidenció la presencia de partículas gruesas (piedras) que no debían hacer parte del material utilizado para ese tipo de superficie.
De igual forma, durante las inspecciones se identificó el deterioro de las mallas de nylon, atribuido en parte al uso por parte de los estudiantes, y se verificó que la cancha continuaba presentando piedras en su superficie.
Solicitan activar las garantías
En la solicitud presentada ante la Alcaldía, la veeduría vuelve a exigir que se radique de manera inmediata la reclamación ante la aseguradora para hacer efectivos los amparos vigentes de la póliza, especialmente el correspondiente a estabilidad y calidad de las obras.
Además, pide la reparación de la cancha, mallas, puertas, fuentes de agua, mobiliario, sistemas de drenaje y demás elementos afectados; la señalización de las zonas de riesgo mientras se ejecutan las obras y un plan de acción con cronograma y responsables para solucionar definitivamente las deficiencias.
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Igualmente, mediante el derecho de petición, la organización requirió copia del expediente contractual, las pólizas, los informes de interventoría, las actuaciones administrativas adelantadas contra el contratista, las comunicaciones con la aseguradora y la documentación relacionada con el manejo de los recursos del contrato.
Posible acción popular
La reclamación fue presentada por la veedora Johanna Luna y por Hernán Alberto Morantes Avendaño, fundador de la Comunidad Legal Derecho Vivo.
Los solicitantes advirtieron que, si la administración municipal no adopta las medidas solicitadas dentro del término legal de 15 días o no responde de fondo a la petición, acudirán ante la jurisdicción administrativa mediante una acción popular para buscar la protección de los derechos colectivos relacionados con el patrimonio público, la moralidad administrativa y la seguridad de la comunidad educativa.
