Durante casi una década, Santurbán ha sido escenario de disputas políticas, jurídicas y ambientales. Mientras gobiernos discuten delimitaciones y expiden resoluciones, la minería ilegal continúa y el drenaje ácido sigue afectando las fuentes de agua que abastecen a millones de personas.
Santurbán tiene, al mismo tiempo, oro y agua, campesinos y empresas mineras, mineros formales y socavones clandestinos, ambientalistas convencidos de que toda actividad humana es una amenaza y funcionarios convencidos de que toda actividad humana es negociable. Nadie miente del todo. Ese es el problema.
Llevamos casi una década discutiendo Santurbán como si fuera un problema binario: se protege o se explota, es páramo o es territorio productivo, los ambientalistas tienen la razón o la tienen los mineros. Esa simplificación, cómoda para el titular, pero inútil para la política pública, ha permitido que el verdadero fracaso pase inadvertido. Mientras dos gobiernos se turnan la discusión sobre reservas, resoluciones y metodologías de delimitación, una destrucción ambiental real, documentada desde 2023, sigue intacta a pocos kilómetros de donde se firman esos decretos.
La pregunta que debería ordenar el debate no es quién tiene la razón moral sobre el páramo. Es más incómoda: ¿por qué, con tanta norma, tanta resolución y tanto anuncio, seguimos sin resolver lo único que de verdad importa, proteger el agua que abastece a millón y medio de personas, mientras el oro ilegal sigue saliendo de la montaña?
El agua que baja de Santurbán no es un símbolo: es el insumo básico de la economía de dos departamentos. De ella beben Bucaramanga y su área metropolitana, buena parte de Norte de Santander, y decenas de municipios que dependen de esas cuencas para agricultura, industria y consumo humano. Tratarla como un asunto exclusivamente ambiental (algo que solo se protege apagando toda actividad productiva a su alrededor) es tan corto de vista como ignorar que su calidad depende, sobre todo, de las condiciones en que esa actividad se ejerce. El dilema no es agua o minería. Es minería bien hecha, con licencia, control y responsabilidad, o minería que destruye lo que la región entera necesita.
El agua es, ante todo, motor de desarrollo. Una región que la gestiona bien atrae industria, sostiene agricultura competitiva, garantiza servicios públicos confiables y construye la infraestructura que necesita para crecer. Una región que la gestiona mal, o que la deja contaminar mientras discute decretos, compromete su propio futuro económico, no solo su paisaje. Defender el agua y defender el desarrollo no son posiciones opuestas: son la misma tarea, vista con inteligencia en lugar de con consignas.
Ahí está la paradoja que nadie quiere nombrar: el agua que todos dicen defender (ambientalistas, mineros, funcionarios, columnistas) se está contaminando hoy mismo. No por una empresa formal operando bajo licencia ambiental vigente, sino por las malas prácticas de la minería ilegal y por la ocupación de actores que no le rinden cuentas a nadie. Mientras el debate público se concentra en si una reserva se declaró o se derogó con los formalismos correctos, el drenaje ácido sigue bajando hacia las quebradas que alimentan los acueductos.
La prueba de que el problema no es solo de metodología está a pocos kilómetros de California, Santander, en la vereda Angosturas. Ahí operaron durante años los túneles abandonados de la antigua Greystar, hoy Eco Oro. En noviembre de 2023, mediante la Resolución 1293, el Ministerio de Ambiente asumió formalmente la propiedad de esos socavones por reversión de la concesión. Ya entonces existía un estudio hidrogeoquímico, elaborado por el Servicio Geológico Colombiano, el Ministerio de Minas y la ANLA, que documentaba drenaje ácido en los túneles Veta de Barro y La Perezosa, con niveles de pH de hasta 3,2 y presencia de hierro, manganeso, aluminio, níquel y cobre en el agua.
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El Estado no solo lo sabía: era, legalmente, el dueño del problema. En diciembre de 2024 la entonces ministra de Ambiente anunció el cierre inminente de los túneles, y la ANLA emitió la Resolución 002842 ordenando suspender la actividad, sellar los socavones e incautar la maquinaria. Diecinueve meses después, en julio y agosto de 2026, investigaciones periodísticas de Vanguardia y Semana confirmaron lo obvio: nada de eso se había ejecutado. Semana documentó 52 puntos activos de minería ilegal en la zona, presuntamente vinculados a grupos armados ilegales, generando drenaje ácido directo hacia las quebradas Páez y Angosturas, las mismas que alimentan el acueducto de Bucaramanga.
Ese expediente no distingue de gobierno. La orden de cierre se dio bajo la administración Petro y no se cumplió; el cambio de gobierno en agosto de 2026 tampoco resolvió el problema en sus primeras semanas. Ahí está la verdadera falla, y es más grave que cualquier discusión sobre metodologías de delimitación. No es que falten normas o resoluciones. Es que ninguna se cumple.
La secuencia de los últimos trece meses ilustra el punto con precisión quirúrgica. La Corte Constitucional ordenó desde 2017, en la Sentencia T-361, que la delimitación de Santurbán se hiciera con participación real de las comunidades. Ocho años después, seguimos discutiendo el procedimiento, no el fondo.
El 15 de julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió la Resolución 863, que crea la figura de “delimitación progresiva” (permitir que los municipios donde ya se agotó la concertación avancen hacia decisiones jurídicas, mientras el diálogo continúa en el resto) y con ella propuso , dejando fuera, no por casualidad, a buena parte de los de tradición minera. El problema no es solo político: cuatro líderes comunitarios de Vetas interpusieron una tutela, admitida el 31 de julio, argumentando que esa figura ni siquiera está contemplada en la Ley 1930 de 2018, la norma que regula la delimitación de páramos en Colombia. Si tienen razón, el Ministerio construyó año y medio de proceso sobre una base jurídica que no existe.
Seis días antes de dejar el cargo, el 6 de agosto, el gobierno saliente firmó la Resolución 0994, declarando una reserva definitiva de 1.499 hectáreas en la quebrada La Baja. El 13 de agosto, ya con el nuevo gobierno instalado, el Ministerio la revocó citando dos vicios difíciles de discutir: una recusación contra la entonces ministra que nunca se resolvió antes de que ella firmara (la ley suspende el trámite automáticamente en ese caso) y un fallo judicial que encontró que la consulta pública se hizo con el anexo cartográfico publicado ocho días tarde y con documentos técnicos modificados sin explicación. El propio editorial de este diario lo señaló con crudeza: 259 de esas 1.499 hectáreas ya estaban cubiertas por la delimitación vigente. Se declaró una reserva que, en más de la sexta parte de su extensión, era redundante.
Nada de esto exige tomar partido entre gobiernos. Exige reconocer que ningún actor institucional, en ninguna administración, ha tratado a Santurbán con el rigor técnico que merece un ecosistema estratégico y una fuente de agua para millones.
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Hay algo que se pierde en cada uno de estos episodios: las comunidades que habitan Santurbán no son un obstáculo para la conservación ni un daño colateral aceptable de la explotación. Son el actor que, paradójicamente, ha mostrado más consistencia que el propio Estado. Fueron cuatro líderes de Vetas, no una ONG ambiental ni un gremio minero, quienes acudieron a la justicia para exigir que la delimitación se hiciera con la participación que la ley ordena. Fueron las comunidades de Soto Norte, particularmente pequeños mineros y organizaciones de mujeres, quienes celebraron que se corrigiera un trámite viciado, no porque estén en contra de proteger el páramo, sino porque llevan décadas pidiendo que esa protección se construya con ciencia, información y participación real; no con decretos de última hora firmados a puerta cerrada.
Esa es la contradicción que ninguno de los dos extremos del debate quiere resolver. El activismo que trata cualquier actividad productiva como una amenaza terminó, en la práctica, ignorando a quienes llevan generaciones extrayendo oro y cobre de esta cordillera de forma tradicional; y una institucionalidad que cambia de reglas cada vez que cambia el gobierno terminó tratando a esas mismas comunidades como un problema logístico que resolver entre resoluciones, no como interlocutores legítimos con conocimiento real del territorio.
Reconocer a los habitantes del páramo como actores fundamentales no es una concesión retórica. Es, sencillamente, reconocer los hechos: la vocación minera y agrícola de esta provincia tiene siglos, no va a desaparecer por decreto, y cualquier solución que no cuente con estas comunidades desde el diseño, y no solo desde la consulta, está condenada a repetir el mismo ciclo de tutelas, revocatorias y desconfianza que llevamos observando desde 2017.
De todo esto se desprende una tarea concreta, no una consigna. Primero, ejecutar lo que ya existe: antes de discutir nuevas resoluciones, alguien tiene que responder por qué la Resolución 002842 de la ANLA, de diciembre de 2024, sigue sin cumplirse veinte meses después. No hay delimitación que valga si el Estado no es capaz de cerrar un socavón que él mismo declaró de su propiedad.
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Segundo, formalizar en serio. La minería y la agricultura tradicionales de esta provincia no son el problema; son parte de su identidad y de su economía desde hace generaciones. El camino no es prohibirlas ni mirarlas con sospecha, sino ofrecerles una ruta real de formalización (títulos, licencias, acompañamiento técnico) que les permita operar bajo los mismos estándares ambientales que se le exigirían a cualquier empresa formal: mitigación de impactos, control de vertimientos, compensación de lo que ya se afectó. Quien opera dentro de la ley merece reglas claras y estables. Quien opera al margen de ella, más aún si tiene vínculos con grupos armados, merece toda la fuerza del Estado, sin excepciones ni plazos indefinidos.
Tercero, blindar la delimitación de los ciclos electorales. Que una reserva se firme seis días antes de que un gobierno se vaya, y se derogue seis días después de que llegue el siguiente, no es una anécdota jurídica: es la prueba de que Santurbán se sigue gestionando como trofeo político y no como lo que es, la principal fuente de agua de millón y medio de personas. La delimitación definitiva, cuando finalmente llegue, tiene que sobrevivir al gobierno que la firme.
Santurbán no necesita más consignas ni más resoluciones de último minuto. Necesita que, por una vez, el rigor técnico, la ley y el sentido común pesen más que el calendario político. La pregunta, entonces, no es si vamos a proteger el páramo o a producir en él. Es si alguna vez estaremos dispuestos a hacer las dos cosas bien.
