La Alcaldía adjudicó por $3.008 millones la obra del CTP. Pero la obra no tiene licencia de construcción, pese a que el edificio cambiará de uso del suelo y se harían modificaciones en la planta física.
Publicado por: Danilo Cárdenas
La adecuación del futuro Centro de Traslado por Protección (CTP) de Bucaramanga podría frenarse o quedar expuesta a medidas de control urbano por la falta de una licencia de construcción, requisito clave para poder intervenir el inmueble.
La Alcaldía adjudicó el contrato por $3.008 millones sin tramitar ese permiso, en un contexto en el que el terreno sería de uso comercial, una vocación distinta a la que se requiere para ubicar ahí un centro de custodia (institucional de reclusión).
Según expertos, esto dificultaría el trámite de la licencia, que podría tardar hasta 90 días y el contrato debe terminar a más tardar el 31 de diciembre.
Lo que está en juego es un servicio pendiente desde 2016. Mientras no exista el CTP. Las personas que la Policía retira de la calle por estar en riesgo, como alguien muy embriagado o envuelto en una riña, pasan hasta 12 horas en CAI y estaciones que, según la propia Alcaldía, no fueron diseñados para eso. Le puede interesar: Bucaramanga sigue sin una salida al hacinamiento en estaciones de Policía
Una deuda de nueve años
El traslado por protección lo creó la Ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, que prevé llevar a las personas a un lugar dispuesto por el municipio. Bucaramanga nunca lo ha tenido.
Y las estaciones de Policía ya están desbordadas: con corte al 15 de julio, la Policía Metropolitana reportaba 692 personas privadas de la libertad en siete estaciones con capacidad para 87.
La Alcaldía compró en 2025 el inmueble ubicado en la carrera 15 #43-16. El 13 de octubre, el secretario del Interior, Alfonso Pinto Fratalli, aseguró en la rendición de cuentas que las obras empezarían la semana siguiente.
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El cambio de uso, en discusión
Los estudios previos reconocen que, cuando el municipio lo compró, el inmueble funcionaba “con uso comercial” y clasifican el nuevo centro como “institucional de reclusión”.
Para los cambios de uso, la norma nacional contempla la licencia de construcción en modalidad de adecuación, que el Decreto 1077 de 2015 define como “la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de ella”. Para la fuente, eso la hace necesaria en este caso: lo que cuenta no es el tamaño de la obra, sino el nuevo uso.
Los estudios previos, en cambio, dicen que “no se requerirá licencia de construcción” porque la obra corresponde a “reparaciones o mejoras locativas”, trabajos para mantener un inmueble, como pintar o cambiar pisos, que no necesitan permiso. Ese argumento omite el cambio de uso que el mismo documento reconoce.
Además, la obra va más allá del mantenimiento: incluye demolición de muros y placas de piso, desmonte de cubiertas de asbesto, un generador de emergencia y 22 paneles solares. La minuta tampoco le asigna al contratista la tarea de tramitar una licencia.
Si la Alcaldía la pidiera ahora, el trámite tardaría entre 60 y 90 días, según el cálculo de los expertos consultados, y la resolución de adjudicación fija como plazo máximo el 31 de diciembre.
Cinco oferentes, uno en pie
El 1 de septiembre llegaron cinco propuestas. Según el informe final de evaluación, cuatro quedaron por fuera: dos no corrigieron lo que se les pidió, a otra no le aceptaron las correcciones y Constructora AHA no acreditó su capacidad de contratación ni parte de la experiencia.
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Con un solo proponente habilitado, no hubo competencia entre oferentes por el precio. El contrato se adjudicó por $3.008 millones, equivalentes al 98,7 % del presupuesto oficial.
El pliego exige que la experiencia solicitada garantice “condiciones pluralistas y participativas”, con requisitos “adecuados y proporcionales”.
Sin embargo, dos requisitos dejaron por fuera a empresas que habían acreditado obras de mayor tamaño, aunque ese no era el único criterio para habilitarlas.
El primero pedía experiencia en estudios y diseños de redes y plantas eléctricas, aunque este contrato no incluye diseños, pues los entrega la Alcaldía.
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El segundo fue incorporado por la Alcaldía: haber instalado paneles solares y tener inscrito el código 321117 en el Registro Único de Proponentes para un componente de 22 paneles y un inversor.
Por ese requisito quedó por fuera el Consorcio Bucaramanga, que había certificado obras en edificaciones de hasta 10.396 metros cuadrados, diez veces el área que se intervendrá en el CTP.
El Consorcio Colinco no cumplió ninguno de los dos requisitos y AHA no acreditó el de diseños.
En los documentos, la Alcaldía defiende ambos requisitos. Sobre el de diseños, respondió a AHA que proviene del pliego tipo de Colombia Compra y no se podía modificar.
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El de paneles lo justificó porque la obra incluye actividades que no están en la matriz de experiencia estándar.
Vanguardia consultó a las secretarías de Infraestructura y de Planeación sobre la decisión de no tramitar la licencia, la justificación de los requisitos sobre paneles solares y diseños eléctricos, así como las medidas para cumplir el plazo del 31 de diciembre. Al cierre de esta edición, desde la Alcaldía no se había hecho ningún pronunciamiento oficial.
