jueves 09 de enero de 2020 - 12:00 AM

Con acuerdos buscan frenar crisis en hospitales de Santander

Población migrante, traslado de usuarios, aportes patronales, flujo de recursos y cancelación de deudas fueron algunos de los temas que la secretaria de Salud de Santander y cerca de diez gerentes de hospitales públicos de la región expusieron ante el Ministerio de Salud en Bogotá.
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Ante el posible paro anunciado por los hospitales públicos de Santander la semana pasada, diez gerentes de estas instituciones, en representación de las 86 que tiene el departamento y en compañía de la secretaria de Salud Departamental, María Eugenia Triana Vargas, expusieron ante el Ministro (e) de Salud y Protección Social, Iván González, las razones que los llevarían a tomar esta decisión.

Al respecto, la Jefe de la Cartera en mención aseguró que “el compromiso del Gobernador del departamento con los hospitales públicos de Santander es el de evitar su colapso financiero y ayudar a mejorar la calidad en la prestación de los servicios. Por esta razón, empezamos a trabajar desde ya en una solución sostenible y coordinada entre la Secretaría de Salud Departamental y el Ministerio de Salud”.

La crisis, que afrontan los hospitales de la red pública en Santander, que no es nueva, se agudizó con el traslado de los usuarios de las liquidadas EPS, Emdisalud y Saludvida, a instituciones privadas, decisión que puso en jaque a los hospitales públicos de la región, quienes advierten del colapso de la red.

Nancy Cañón, directora ejecutiva de la Asociación de Empresas Sociales del Estado del Nororiente Colombiano, Asehisan, manifestó que al expedir el decreto 1424 de 2019, en agosto del año pasado, el Gobierno Nacional otorgó privilegios a las EPS del régimen contributivo, quienes ahora en los procesos de liquidación de entidades subsidiadas tienen la posibilidad de recibir el 30 % de los afiliados, instituciones que además no contratan servicios con la red pública y que no están obligadas a hacerlo.

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“Al hacerse efectivo el traslado de los usuarios de Emdisalud, en Santander, el 61 % de los afiliados pasó a EPS privadas, entidades que no trabajan con los hospitales. Lo mismo está pasando ahora con los usuarios de Saludvida y esto implica un impacto financiero muy grande para la red pública”, indicó.

Ante esta situación, Triana Vargas reveló que el Ministro de Salud se comprometió a revisar el decreto, antes del 14 de enero, buscando una posible derogatoria o modificación, para que las afectaciones sean mínimas.

No más aportes patronales

La otra decisión que tiene molestos a los directivos de los hospitales públicos es el cese de los aportes patronales, dinero que entregaba el Ministerio para el pago de la seguridad social de funcionarios de la Empresa Social del Estado. A partir del 1 de enero del 2020, el departamento dejó de recibir estos aportes en razón a que deben ser autosostenibles.

Ante el hecho, la secretaria de Salud mencionó que recibe 36 hospitales en riesgo y que esta suspensión afectará financieramente a las entidades. Para solucionar este punto, se acordó con el Ministro de Salud revisar la situación de cada una de las entidades para verificar a cuáles se les va a seguir asignando los recursos a fin de evitar la crisis financiera.

¿Y los migrantes?

Por ser departamento fronterizo, la atención a la población venezolana ha sido un tema crucial en la agenda de Santander, pues los migrantes están absorbiendo una gran cantidad de recursos de los hospitales públicos que no son reconocidos por parte de la Nación.

Juan Eduardo Durán, gerente del Instituto de Salud de Bucaramanga, Isabu, manifestó su inconformidad ante esta situación. “La población migrante cada día crece, el Ministerio nos obliga a brindarles atención médica, pero no nos están pagando por esos servicios. Por cada $100 que teníamos para atender a la población colombiana, ahora debemos destinar $30 para atender a los venezolanos”, relató.

En la actualidad, la deuda en Santander por esos servicios se acerca a los $25 mil millones, de los cuales solo se han girado $2.800 millones.

En ese sentido, solo prestarán los servicios que ordena la norma, es decir, urgencias vitales, partos y enfermedades de salud pública, sin medicamentos. Los controles prenatales, exámenes, atención a menores de cinco años y demás procedimientos deben esperar. No obstante, se hizo ver la necesidad de que las entidades privadas también estén obligadas a brindar atención.

“No podemos suspender la atención porque somos una red pública y estamos en la obligación de hacerlo, sin embargo, la deuda seguirá aumentando, por eso nuestra preocupación, pues la quiebra de los hospitales sería el desenlace”, señaló María Eugenia Triana.

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Frente al pago de la deuda, mencionó que el compromiso que adquirió el Ministerio fue gestionar los recursos que se adeudan con cooperación internacional o con el Ministerio de Hacienda.

“La propuesta es que el servicio se siga prestando, pero asegurando que el Ministerio de Hacienda garantice disponibilidad presupuestal, para que tengamos un monto en cada uno de los hospitales destinado a atender a la población migrante. Ahora se está prestando el servicio sin ningún respaldo”, agregó.

Ley de punto final

A la fecha Santander posee una cartera aproximada de $200 mil millones por servicios no incluidos en el Plan de Beneficios de Salud y Población Pobre No Asegurada al Sistema General de Salud, recursos que se adeudan a la red pública y privada del departamento. Para esto, se acordó presentar la auditoría de la facturación al Ministerio de Salud para que en la Ley de Punto Final se asignen los recursos y sean girados para cancelar las deudas.

¿Habrá paro?

“La posibilidad del paro es una opción. Un total de 480 hospitales del país vamos a ser parte de la Mesa Nacional de Paro, queremos plantearle al Gobierno una necesidad urgente de solucionar la crisis. Si seguimos así, se van a tener que cerrar muchos hospitales”, afirmó el gerente del Isabu.

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