sábado 04 de enero de 2020 - 12:00 AM

Hospitales públicos de Santander podrían ir a paro

El reciente traslado de los usuarios de la liquidada EPS Saludvida a instituciones privadas, por parte del Ministerio de Salud, puso en jaque a los hospitales públicos de la región, quienes advierten el colapso de la red.
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Desde el 1 de enero de 2020, los 160 mil afiliados de Saludvida EPS, en Santander, fueron trasladados a otras Entidades Promotoras de Salud, tal y como lo había advertido el Ministerio de Salud y Protección Social, tras anunciar su liquidación.

Tal decisión fue ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud en octubre pasado, como consecuencia del deterioro de la entidad, que ponía en riesgo la salud y vida de la población afiliada, así como los recursos del sistema general de seguridad social en salud.

En Santander, Nueva EPS, Coosalud, Sura, Salud Total, Sanitas, Salud Mía, Famisanar y Compensar recibieron los afiliados.

Pese a ello, los hospitales públicos de Santander, agremiados en la Asociación de Empresas Sociales del Estado del Nororiente Colombiano, Asehisan, manifestaron su preocupación, pues en el proceso de traslado el Ministerio solo adjudicó el 30 % de los usuarios a la red pública. El 70 % restante fue asignado a EPS privadas.

Nancy Cañón, directora Ejecutiva de Asehisan, explicó que al expedir el decreto 1424 de 2019, en agosto del año pasado, el Gobierno Nacional otorgó privilegios a las EPS del régimen contributivo, quienes ahora en los procesos de liquidación de entidades subsidiadas tienen la posibilidad de recibir el 30 % de los afiliados, instituciones que además no contratan servicios con la red pública y que no están obligadas a hacerlo.

“Cuando se hizo efectivo el traslado de los usuarios de Emdisalud, en Santander, el 61 % de los afiliados pasó a EPS privadas, entidades que no trabajan con los hospitales públicos de la región, porque tienen su propia red integral. Lo mismo está pasando ahora con los usuarios de Saludvida, lo que se traduce en un impacto financiero muy grande para la red pública, porque no vamos a prestar la misma cantidad de servicios”, indicó.

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Anteriormente, la red en salud pública atendía el 100 % de los afiliados a las EPS subsidiadas. Ahora solo prestará servicios al 30 % de esos usuarios, el resto se los está llevando la red privada.

De otra parte, la ley 1122 en su artículo 16 obliga a las Entidades Promotoras de Salud, pertenecientes al régimen subsidiado a contratar con el hospital público el 60 % de sus usuarios, determinación que no cobija a la red privada.

“Estas decisiones solo llevan a la desfinanciación y colapso de la red en salud pública, que termina en la mala prestación del servicio debido a la limitada capacidad financiera”, agregó la Directora Ejecutiva de Asehisan.

No más aportes patronales

La otra decisión que tiene molestos a los directivos de los hospitales públicos es el cese de los aportes patronales, dinero que entregaba el Ministerio para brindar atención a la población de escasos recursos no afiliada y que a partir del 1 de enero del 2020 dejó de recibir el Departamento y algunos municipios certificados. A Santander le correspondían cerca de nueve mil millones de pesos.

Según Nancy Cañón, la determinación se tomó argumentando que con la prestación de servicios se podían recuperar esos recursos.

“No tenemos de dónde sacar los recursos, pues las EPS no van a contratar con nosotros, por eso estamos pensando en unirnos a la mesa nacional de paro hasta que el Gobierno nos escuche o se modifique el decreto y se obligue a contratar con el hospital público”.

Juan Eduardo Durán Durán, gerente del Instituto de Salud de Bucaramanga, Isabu, aseguró que el tema de la atención a población venezolana también es prioridad.

“El Gobierno Nacional obliga a los hospitales a atender a la población migrante sin contrato y sin pagarnos. En este momento la deuda en el Departamento por esa prestación de servicios se acerca a los $20 mil millones y el Gobierno solo ha girado $2.800 millones. En el caso del Isabu hemos prestado servicios por tres mil millones a la población venezolana y solo nos han reconocido $500 millones”, mencionó.

“No importaron los usuarios”

Frente al traslado de los usuarios de Saludvida, que para el caso del Isabu eran 9.500, Durán Durán se mostró preocupado porque a la red privada le entregaron cerca de siete mil usuarios, dejando al Isabu solo con la prestación de servicios a 2.250.

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Además, manifestó que el Ministerio no analizó la implicación que tenía en los usuarios hacer parte de una EPS de régimen contributivo cuyas Instituciones Prestadoras de Servicios se ubican bastante lejos de su lugar de residencia y no le interesó ir en detrimento de los hospitales públicos.

“Un usuario que vive en Morrorrico, una vereda o en el Norte de Bucaramanga debe trasladarse hasta cabecera, Floridablanca o Piedecuesta para acceder a una consulta con médico general, promoción y prevención u odontología, lo cual le implica más gastos; mientras que los usuarios que están en Nueva EPS y Coosalud no tienen problema porque tienen contrato con el Isabu y nosotros les prestamos los servicios en 24 unidades a lo largo y ancho de Bucaramanga”, dijo el Gerente.

Así mismo recalcó que la pérdida de siete mil usuarios significa dejar de recibir cerca de $2.500 millones al año por venta de servicios a las EPS, cuya connotación financiera es de considerar.

“El Ministerio nos va a llevar a la quiebra, por eso hemos decidido sumarnos por primera vez desde el nivel directivo a un paro nacional, es la única salida que tenemos si el Gobierno no nos presta atención y nos sigue cerrando puertas”, acotó.

Ante este panorama Nancy Cañón mostró preocupación al no tener claridad de ¿Quién le hará seguimiento a las EPS privadas que van a manejar recursos públicos?

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