viernes 24 de mayo de 2019 - 12:00 AM

Dueños de casetas de Bucaramanga denuncian “persecución”

Pese a que varios acuerdos y licencias legitiman el trabajo de estos comerciantes formales al frente de sus casetas, la Alcaldía pretende despojarlos de sus fuentes de empleo.

La señora Nora Navas administra una caseta formal desde hace 20 años en la Avenida González Valencia, entre las calles 53 y 53A.

Ella es una comerciante legal y además conserva papeles oficiales que acreditan su respectiva licencia para trabajar en ese punto de la ciudad.

De acuerdo con tales documentos, existen acuerdos firmados desde hace más de tres décadas que le garantizan su permanencia en ese puesto de trabajo.

Es decir, ¡ella no viola ninguna ley!

Sin embargo, hace unos días, los inspectores de la Alcaldía de Bucaramanga le anunciaron que debe desalojar la zona “sí o sí”.

Esta mujer no es la única que atraviesa por esta situación; otros sesenta comerciantes de igual número de casetas formales están siendo informados por el Municipio para que, en el papel, entreguen sus casetas.

Los afectados, reunidos en el Sindicato de Vendedores de Periódicos, Revistas, Confitería, Refrescos y Similares, Sivoprensim, están preocupados por el anuncio oficial.

El líder de los comerciantes, Pedro Pablo García Salazar, denunció al Municipio “por desconocer los acuerdos 073, 026 y 020, que les ratifican a estas personas trabajar en sus casetas”.

“No es la primera vez que la presenta administración intenta vulnerar nuestros derechos. Desde que se inició esta gestión local hemos sido víctimas de una clara persecución por parte de la Alcaldía para dejarnos sin trabajo”, denunció.

Incluso, argumentó que ellos están amparados en tutelas y en conceptos legales que le dan la viabilidad para trabajar en estos puestos.

“Además de los acuerdos del Cabildo, desde hace 40 años se expidieron los Decretos 093 y 197 que nos confirieron a nosotros el derecho a trabajar con nuestras casetas. Y a pesar de tal reglamentación, el Municipio insiste en desalojarnos. Esto es un evidente atropello”, replicó.

Pedro Pablo García Salazar, como presidente de este gremio, calificó el anuncio del despeje de casetas como “ilegal y amenazador”.

“Exigimos el respeto de las leyes. La Alcaldía de Bucaramanga no puede violar nuestros derechos a la propiedad y al trabajo”, agregó.

“Es inaudito que con el cuento de una campaña de recuperación del espacio público, que le ha quedado grande al Municipio, en lugar de sacar a los informales la Alcaldía pretenda expulsarnos a nosotros, quienes sí tenemos los papeles en regla”, añadió García Salazar.

Y arremetió contra las medidas de la Alcaldía: “Mientras la zona Centro está llena de docenas de vendedores ambulantes que trabajan en medio de la ilegalidad e invaden vías y aceras, los inspectores no encuentran inconveniente alguno en irse lanza en ristre contra los que sí estamos acatando las órdenes y lo dispuesto por la ley”.

Respuesta oficial

La inspectora urbana Julieth Vanessa Cárdenas González aseguró que la medida “solo pretende la restitución del espacio público”.

Y añadió: “En cuestión de andenes y vías lo que prima es el espacio público sobre cualquier cosa particular; todas esas variables son las que se tienen en cuenta para ordenar el desalojo”.

Sin embargo, los vendedores responden que tienen decretos que los respaldan: “Lo nuestro no es un capricho, tenemos documentos que apalancan nuestro trabajo. Además, cómo se explica que nos saquen de nuestras casetas pero, al mismo tiempo, la Alcaldía instale otras en zonas del Centro”.

Precisó que “ya hay varias casetas instaladas por la Alcaldía, idénticas a las que nosotros tenemos para las ventas de periódicos, revistas y comestibles”.

“Son estructuras de color gris sobre las cuales se inscribieron las letras PMEP, en alusión al Plan Maestro de Espacio Público que aplica la administración local para reorganizar las actividades comerciales en el espacio público”, señaló.

Sobre el particular, la Alcaldía de Bucaramanga precisó que “el citado Plan fue elaborado por la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. El documento define estrategias como los permisos para usar áreas comunes para la venta de productos, siempre y cuando se pague un canon de arrendamiento. También define el mobiliario y hasta el vestuario que deben utilizar los informales que se ubiquen en las calles de Bucaramanga”.

La voz de la Personería

Vale recordar que la Personería Municipal acaba de demandar ante los Juzgados Administrativos el Decreto 0089 de 2018, por medio del cual la Alcaldía de Bucaramanga adoptó y reglamentó la aplicación del polémico Plan Maestro de Espacio Público.

A través de tal recurso legal, dicho órgano de control busca que se declare la anulación del cobro impuesto a los vendedores informales.

Además, el mismo Plan es el que en últimas estaría ordenando el desalojo de las casetas formales en Bucaramanga.

Para el ente del Ministerio Público, al igual que para expertos en materia legal, arrendar lugares para ventas callejeras en aceras y parques constituye una transgresión a lo dispuesto en la Constitución Política.

En cambio, los dueños de las casetas formales “sí están demostrando la legalidad de su oficio e incluso existen acuerdos que desde hace varios años sustentan la labor que ellos desempeñan con las ventas de revistas y periódicos”.

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