Una estudiante Derecho de la UIS, luego de interponer una acción popular, logró que un Juez le ordenara a Metrolínea garantizar la libre movilidad de las personas en condición de discapacidad.
Publicado por: John Arias
Finalizó la administración de Rodolfo Hernández y su promesa de convertir a ‘Metrolínea en un servicio estrato 20’ quedó en veremos. Día a día los usuarios se quejan del desorden del sistema, pero con el reciente fallo de una juez esta situación podría cambiar.
El Juzgado Octavo Administrativo le ordenó a Metrolínea una serie de medidas para proteger a los ciudadanos más vulnerables, como el arreglo de los elevadores para personas en condición de discapacidad.
Igualmente deberá garantizar que los buses no circulen con exceso de cupo, por lo que tendrá que aumentar la capacidad de la flota en un 30% dentro de dos meses.
Además, en un término de un año, Metrolínea deberá instalar sensores y alarmas audibles que se activen cuando se sobrepase el peso permitido en los automotores.
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Dentro de tres meses deberá ubicar personal en las puertas para que se verifique que no entren más pasajeros a los buses cuando se supere la capacidad de usuarios para la que fue diseñado cada bus.
Estos operarios deberán estar presentes principalmente en las horas pico, es decir, entre las 6:00 a.m. y las 8:30 a.m., así como entre las 5:00 p.m. y las 7:30 p.m.
En un plazo de seis meses se deberá establecer un horario público con las horas precisas en que deben llegar y salir los buses.
“Solo existe un bus por ruta para personas en silla de ruedas. Si los dejan pasar, no pueden acceder a los otros buses. Además, no hay horarios claros para estos vehículos. Eso es desigual, no es justo, los están discriminando por tener una discapacidad”, lamentó la accionante Luisa Margarita Daza Maestre, estudiante de Derecho de la UIS.
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Quejas de pasajeros
Quienes se movilizan en Metrolínea saben lo incómodo que es viajar acosado en cualquiera de estos buses en hora pico: empujones, malos olores, calor y estrés... El calvario es mucho mayor para personas en condición de discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. Constantemente se escucha a ciudadanos decir con molestia que el valor del pasaje es demasiado costoso en comparación al mal servicio que reciben.
Daza Maestre, tras observar estas situaciones, hace dos años tuvo la iniciativa de hacer algo al respecto.
Ella explicó que “en el Consultorio Jurídico de la universidad hay un grupo llamado Litigio Estratégico, en el que miramos dónde se pueden aplicar las normas para solucionar los problemas de la gente”.
En medio de este ejercicio, liderado por el docente José Orlando Ramírez, la joven expresó su interés por ejecutar una acción contra Metrolínea al evidenciar casos como el de “las personas en sillas de ruedas que no pueden usar el transporte masivo, porque los ascensores de los buses no funcionan o porque los vehículos con este mecanismo pasan muy pocas veces al día”.
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“Las estaciones no tienen sillas para personas en condición de discapacidad, me molesta mucho ver la incomodidad de mujeres embarazadas o padres cargando niños en medio del caos. Vemos gente en muletas que deben soportar todo el trayecto de pie. En horas pico el sistema se llena mucho y aunque los buses tienen cierta capacidad, nadie controla la cantidad de pasajeros”, criticó Daza Maestre.
La joven interpuso una acción popular al considerar que el sistema vulnera el derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.
“Además, la Ley 1618 de 2013 se hizo para garantizar los derechos de las personas en condición de discapacidad. En su artículo 14 consagra el acceso y accesibilidad al transporte y con el sistema de Metrolínea no se cumple”.
A su turno, el director de Operaciones de Metrolínea, Julián Arenas, señaló que la entidad está estudiando el pronunciamiento de la juez. “Estamos revisando las alternativas que tiene la entidad para generar alguna respuesta. Por ahora estamos en proceso de notificación”.
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Otras medidas
El juez ordenó además crear un comité, conformado por representantes de Metrolínea y la Defensoría del Pueblo, que tendrán que certificar el cumplimiento de la sentencia. Igualmente, el Área Metropolitana de Bucaramanga deberá hacer controles periódicos para verificar el cumplimiento.
En compañía de la Policía Nacional, Metrolínea también deberá adelantar jornadas pedagógicas para que los usuarios conozcan sus derechos y deberes.
“La idea es capacitar a la ciudadanía para que haya más respeto, ceda los asientos a personas con discapacidad, embarazadas o adultos mayores”.
Metrolínea tiene derecho a una segunda instancia. En dado caso de que la empresa interponga un recurso para apelar el fallo, Zambrano señaló que tiene toda la documentación para defender el interés colectivo.
