En mayo de este año, el Consejo de Estado condenó a la Nación por un caso de ‘falsos positivos’ ocurrido en el municipio de Piedecuesta en 2007. En dicha decisión, se ordena indemnizar a los familiares de una de las víctimas de este episodio.
Publicado por: Luis Alvaro Rodriguez Barrera
La madrugada del 19 de octubre de 2007, Edison Montañez Ferrer, José del Carmen Barbosa Patiño y los hermanos Julio César y Jhon Edison Cardozo Quiñónez, salieron desde el centro de Piedecuesta hacia la vereda Chucurí con destino a la finca de los padres del primero.
Luego de estacionar el vehículo en el que se movilizaban, los cuatro hombres caminaron algunos metros y fueron sorprendidos por disparos que terminaron con la vida de José del Carmen Barbosa Patiño y Julio César Cardozo Quiñónez.
La muerte de estos dos civiles hace parte, según la Corte Suprema de Justicia y ahora del Consejo de Estado, de un caso de ‘falsos positivos’, en el que miembros del Ejército Nacional dispararon contra las víctimas aludiendo a que se trataba de un combate.
En mayo de este año, el Consejo de Estado admitió la demanda de cuatro familiares de José del Carmen Barbosa Patiño y condenó a la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional por la muerte de este ciudadano.
Producto de ese fallo, el alto tribunal ordenó a la Nación indemnizar a los familiares de José del Carmen con el pago de 450 salarios mínimos mensuales por los daños morales que generaron esos hechos ocurridos hace 15 años.
Esta decisión llegó a manos del Consejo de Estado, luego de que el Tribunal Administrativo de Santander negara la demanda de la familia de Barbosa Patiño en junio de 2013, con la que solicitaban una reparación directa por la muerte de su familiar, producto del actuar de miembros del Ejército.
Según el fallo del Consejo de Estado, en su momento, el Tribunal Administrativo dijo que si bien estaba comprobada la muerte de José del Carmen ese 19 de octubre de 2007 en Piedecuesta, esos hechos fueron producto de la operación militar “Ozono”, adelantada por la Unidad Gruloc del Batallón de Ingenieros Francisco José de Caldas del Ejército Nacional y que ese daño –la muerte de José del Carmen– no resultaba imputable al Ejército porque “existió una causa justificada para disparar”.
Frente a la demanda inicial, la respuesta del Ejército Nacional se mantuvo en la línea de considerar que el actuar de los militares fue resultado de una operación de inteligencia que desarrollaban desde la noche anterior.
Además, esa respuesta indicaba que las dos personas fallecidas en esos hechos, José del Carmen Barbosa y Julio César Cardozo realizaban “actividades delictivas y resultaron abatidos en un combate armado que sostuvieron con miembros de la Fuerza Pública que desplegaba labores de seguridad en el sector, por lo que el Ejército Nacional obró en el marco de sus deberes constitucionales y legales”, resume el fallo del Consejo de Estado sobre la postura del Ejército Nacional en la demanda que dio inicio al proceso.
Nueve años después de la decisión del tribunal, la Sección Tercera del Consejo de Estado, declaró que, en este caso, no existió tal combate.
“Sin duda, la muerte de José Barbosa Patiño constituye una grave violación de los derechos humanos y una infracción al DIH (Derecho Internacional Humanitario), toda vez que se trató del homicidio de una persona que no se enfrentó a la Fuerza Pública”, dice el fallo del Consejo de Estado.
Por este mismo caso de ‘falsos positivos’, la Corte Suprema de Justicia condenó a 48 años de prisión a ocho militares (ver recuadro) en el año 2019.
A partir de esa sentencia de la Corte, el Consejo de Estado resaltó algunas de las pruebas que permiten señalar que se trató de una ejecución extrajudicial.
Una de ellas fue el estudio en el laboratorio de las prendas de los dos fallecidos y de Jhon Edison, uno de los sobrevivientes de este episodio. Según ese dictamen citado por la Corte, “no se encontraron partículas de residuo de disparo”, dice el documento.
“Se estableció la verdad”
Para William Cristancho Duarte, abogado defensor de los familiares de Barbosa Patiño, este pronunciamiento del Consejo de Estado es contundente porque se suma al fallo anterior de la alta corte de justicia.
“Se logró una reparación del orden moral y material para las víctimas”, destacó el abogado y añadió: “Se pudo establecer la verdad. Además se logró que no existiese ocultamiento para generar impunidad”.
