La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exsecretario de la Presidencia, Bernardo Moreno, y a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, investigados por las chuzadas.
Publicado por: EFE
Los dos más altos cargos del Gobierno de Álvaro Uribe vinculados a ese proceso fueron acusados por la fiscal general Viviane Morales por haber incurrido, presuntamente, en los delitos de "concierto para delinquir, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones".
Morales agregó a Hurtado, exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, asilada en Panamá desde noviembre de 2010, los delitos de "peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público".
Moreno y Hurtado están afectados en el proceso de las 'chuzadas' contra magistrados, políticos opositores, defensores de los derechos humanos y periodistas.
Los cargos fueron finalmente formulados en la audiencia en la Corte Suprema de Justicia después de tres suspensiones desde la semana pasada, dos a pedido del defensor de Moreno, el letrado Jaime Granados, y una más, el miércoles, a solicitud de la fiscal Morales.
En la vista de este jueves, Granados pidió a la Corte seis meses más para analizar las pruebas de la Fiscalía, pero el alto tribunal le otorgó 15 días.
Morales, por su parte, consideró hoy que los delitos por los que se acusa a los dos exfuncionarios "se realizaron por los procesados en concurso material y sucesivo".
La fiscal anunció el miércoles que convocará a dos testigos más: los exjefes paramilitares Diego Fernando Murillo, alias "Don Berna", y Juan Carlos Sierra, alias "El Tuso".
Los dos paramilitares están acusados de narcotráfico y fueron extraditados en mayo de 2008 a Estados Unidos.
Hurtado recibió asilo diplomático en Panamá en noviembre del año pasado.
La fiscal Morales no dio explicaciones para pedir como testigos a los dos paramilitares y se limitó a señalar que se incluirán en un nuevo anexo al escrito de acusación en contra de los dos altos cargos.
Hurtado y Moreno son los más altos cargos del Ejecutivo de Uribe encausados por las 'chuzadas', después de que la Procuraduría les destituyera de forma retroactiva e inhabilitara para ejercer cargos públicos por 18 años.
Al inicio de la audiencia el abogado Luis Guillermo Pérez, representante de las víctimas de este caso y de la exsenadora Piedad Córdoba, en un proceso por presuntos vínculos de la dirigente con la guerrilla, denunció nuevas amenazas e intimidaciones y admitió que teme por su vida.
