Por considerar que son más los derechos que vulnera que los que protege, la Procuraduría General de la Nación volvió a pedirle a la Corte Constitucional que tumbe dos artículos de la Ley Antidiscriminación que volvió delitos los actos de racismo, discriminación u hostigamientos ejercidos de forma deliberada y arbitraria en contra de terceros en razón de su raza, sexo u orientación sexual.
Publicado por: COLPRENSA
Aunque esta norma (Ley 1482 de 2011), ya había sido demandada en el pasado, y la Corte la había dejado intacta al inhibirse para estudiar de fondo el tema. Ahora, la decisión está en manos del magistrado Luis Guillermo Guerrero quien tiene la demanda en su despacho y con la cual se busca que la Corporación añada a esos delitos los actos discriminatorios que se adelanten en contra de la población discapacitada.
En concepto de 17 páginas enviado a la Corte y conocido por Colprensa, la Procuraduría estima que la demanda debe ser rechaza al señalar que el alto tribunal estaría excediendo sus competencias al extender los delitos creados a otro tipo de población que no consideró el Congreso en su momento.
Pero más que eso, la Procuraduría considera que esa extensión que propone la demanda no se puede hacer porque los delitos se crearon de forma vaga al no explicitar, por ejemplo, qué se entiende como discriminación o qué acción constituye un evento discriminatorio. Además, estima la entidad que los delitos tienen verbos rectores, condicionamientos y fines tan amplios y generales que terminarían castigando la libertad de conciencia, religiosa, de expresión, llevando así incluso- a mayores actos de discriminación.
En otras palabras para el Ministerio Público, tales delitos “no son una manera precisa, efectiva, razonable, proporcionada y necesaria de prevenir y castigar la discriminación”.
“Por el contrario, (…) éstos en todo caso implican el ejercicio indeterminado y desmedido de la más severa herramienta de intervención o restricción de la libertad de las personas con la que cuenta el Estado de Derecho para, supuestamente, intentar promover la igualdad pero, en realidad, restringiendo desproporcionadamente otras libertades y derechos igualmente fundamentales para las personas y esenciales para una auténtica sociedad libre y democrática, dejando la persecución e imposición de unos sobre otros al criterio ilimitado y arbitrario de los jueces de turno”, señala el concepto.
Así, para la Procuraduría, el problema de la Ley Antidiscriminación no es que no contemple a la población discapacitada como argumenta el actor, sino que el Legislador penalice una conducta sin establecer cómo se distingue un acto de discriminación o bien, que no se diferencie cuando la persona que discrimine es un particular, una autoridad pública o un funcionario.
En ese sentido, el Ministerio Público le solicitó a la Corte que antes “de extenderse o ampliarse más los tipos penales demandados —ya de por sí demasiado generales, vagos, ambiguos e imprecisos y, por ende, difíciles de aplicar o muy susceptibles de causar consecuencias ilegítimas y desproporcionadas— lo que esa Corporación debe hacer es declararlos inexequibles”.
Igualmente, la Procuraduría estimó que la Corte debe exhortar al Congreso para que de manera precisa, razonable, integral y sistemática, cree mecanismos efectivos, eficaces y proporcionales para sancionar los abusos o maltratos que se cometan contra las personas que se encuentran en debilidad manifiesta por condiciones económicas, físicas o mentales.
