En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional (AI) señaló la importancia de los Acuerdos de Paz que dan fin al conflicto armado colombiano con la guerrilla de las Farc y que en 2016, gracias al cese de hostilidades, dejó una consecuente disminución de los crímenes atribuidos esta guerrilla.
Publicado por: COLPRENSA
Sin embargo, la organización internacional muestra su preocupación por la Jurisdicción Especial de Paz acordada para la desmovilización de los guerrilleros, ya que, dice, no se ajusta a la gravedad de los delitos cometidos.
Así mismo, son temas de inquietud de AI los hechos que rodean el proceso de paz como la reaparición de los grupos paramilitares, el asesinato de líderes sociales, la impunidad en los juicios a militares implicados en crímenes de lesa humanidad o ejecuciones extrajudiciales, entre otros.
Lea también: Disidentes de las Farc no entrarán en la Jurisdicción Especial para la Paz
Acuerdo de paz
El Informe de Amnistía Internacional destaca que aunque el acuerdo de paz entre en Gobierno y las Farc se ratificó en noviembre, marcando oficialmente el fin de un conflicto de 50 años, hubo un aumento en los homicidios de defensores de derechos humanos, entre los que se encuentran líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos.
El proceso de paz se vio marcado por la persistencia de las dudas sobre las garantías en materia de justicia, por los crímenes de lesa humanidad y de guerra en los que pudieron haber incurrido los guerrilleros y la fuerza pública. De acuerdo con el texto, el rechazo popular a los acuerdos de La Habana manifestado en el referendo del 2 de octubre se debe “en parte por la preocupación que suscitaba la laxitud de sus disposiciones relativas a la justicia”.
“A pesar de contar con algunos aspectos positivos, el acuerdo no cumplía el derecho y las normas internacionales sobre los derechos de las víctimas: entre otras cosas, incluía castigos que parecían no ajustarse a la gravedad de determinados crímenes, y una definición de la responsabilidad de la cadena de mando que podría dificultar la rendición de cuentas de los jefes de las Farc y de los de las fuerzas de seguridad por los delitos cometidos por sus subordinados”, sostiene el documento.
Lea también: Ya hay 100 indultos de guerrilleros a las Farc firmados: MinJusticia
Respecto de la ley aprobada el 28 de diciembre por el Congreso sobre amnistías e indultos a combatientes de las Farc y a la renuncia de la persecución penal de los miembros de la Fuerza Pública (excluyendo a personas investigadas o culpadas por crímenes de derecho internacional, para quienes después de cinco años de prisión, y bajo ciertas circunstancias, tendrán libertad condicional), el texto indica que “las ambigüedades de la ley podían dar lugar a que muchos responsables de abusos contra los derechos humanos eludieran la justicia” y que además “las modificaciones introducidas en el acuerdo de paz no reforzaban de manera significativa los derechos de las víctimas”.
Así mismo, la organización internacional subraya los retrasos en el cronograma de desmovilización y desarme de las Farc, especialmente por las demoras habitacionales de las zonas de concentración.
Sin embargo, AI ve de forma positiva la posibilidad de que se aplique de manera efectiva la disposición que exigía a las Farc sobre proporcionar un inventario de los bienes adquiridos en el conflicto para brindar reparación a las víctimas.
Conflicto armado interno
El informe expone las cifras de la Unidad de Víctimas que se registraron hasta el 1 de diciembre de 2016: casi ocho millones de víctimas del conflicto desde 1985, entre las que había unas 268.000 víctimas de homicidio, la mayoría civiles; más de siete millones de víctimas de desplazamiento forzado; alrededor de 46.000 víctimas de desaparición forzada; al menos 30.000 casos de toma de rehenes; más de 10.000 víctimas de tortura; y aproximadamente 10.800 víctimas de minas terrestres antipersonales y de artefactos explosivos no detonados. Las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros eran responsables de esos crímenes, agrega el informe.
Lea también: Fiscalía declara delito de lesa humanidad relación entre paramilitares y bananeras
Amnistía Internacional visibiliza la muerte de Camilo Roberto Taicús Bisbicús, líder del resguardo indígena de Hojal La Turbia, en el municipio de Tumaco (Nariño), al lado de otros cuatro miembros de la comunidad indígena awá y el desplazamiento de seis mil personas entre indígenas y afrodescendientes producto del conflicto entre grupos armados.
Para marzo, más de seis mil personas, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes, fueron desplazadas a la fuerza de tres zonas fluviales en el departamento del Chocó a causa de los enfrentamientos entre grupos armados.
Excesos de la Fuerza Pública
Los homicidios ilegítimos en Colombia y en el uso excesivo de la Fuerza Pública, especialmente por parte del Esmad de la Policía, hicieron parte del panorama de violaciones a los derechos humanos durante 2016. Se destaca el caso de un campesino asesinado por la autoridades mientras protestaba en el municipio de Tarazá (Antioquia), a quien intentaron disfrazar de guerillero para encubrir el crimen que después aceptaría el Ejército como “un error militar”.
El texto califica a las investigaciones judiciales sobre miembros militares como “lentas”, y asegura que de acuerdo con un informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional publicado en noviembre, hasta julio la Fiscalía General de la Nación estaba investigando 4190 ejecuciones extrajudiciales, pero para febrero se había dictado un total de 961 sentencias condenatorias, de las que sólo unas pocas implicaban a oficiales de alto rango.
Así mismo, 7773 miembros de las fuerzas de seguridad estaban siendo investigados por ejecuciones extrajudiciales al terminar 2015 (Según las cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, citadas en el documento), de lo que no se han presentado grandes avances.
Eln, Farc y paramilitares
El Gobierno no logró iniciar los diálogos de paz con la guerrilla del Eln, mientras el grupo cometió diversos abusos en contra de los derechos humanos entre ellos asesinatos líderes sociales, amenazas y secuestros a periodistas, (dentro de ellos a la reconocida periodista Salud Hernández-Mora).
Lea también: A juicio exrectora de colegio de Santander por permitir abusos sexuales de paramilitares
En menor escala también se presentaron intimidaciones por parte de las Farc a miembros de pueblos indígenas.
“Los grupos paramilitares seguían operando pese a su supuesta desmovilización diez años antes. Ya actuaran solos o en connivencia con agentes del Estado, fueron responsables de numerosas violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios y amenazas de muerte”, asegura el documento realizado por Amnistía Internacional.
El informe relaciona diversos hechos noticiosos atribuidos a las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, que ocurrieron en Chocó y Antioquia. “Hasta el 30 se septiembre, sólo 180 de los más de 30 mil paramilitares que supuestamente habían abandonado las armas durante el proceso de desmovilización promovido por el Gobierno habían recibido sentencias condenatorias en virtud de la Ley de Justicia y Paz de 2005 por crímenes relacionados con la violación de derechos humanos; la mayoría de ellos habían cumplido las sentencias. La mayor parte de los paramilitares no se sometieron al proceso de Justicia y Paz, y recibieron amnistías de facto”.
El perdón
Este año también estuvo marcado por las peticiones de perdón de parte de los responsables de crímenes de derecho internacional humanitario de las que se resaltan la masacre de La Chinita (Urabá antioqueño), cometida por las Farc, y el exterminio del partido de la Unión Patriótica, por parte paramilitares y algunos agentes del Estado.
