El ente humanitario indicó que existe una problemática relacionada con la contaminación, la deforestación y la minería ilegal en las cercanías de ese afluente, lo que contrasta con las órdenes que la Corte Constitucional emitió en 2016 para protegerlo.
Publicado por: Duban Villamizar
La Defensoría del Pueblo le pidió a las autoridades adoptar “con carácter urgente” acciones “claras y concretas” que garanticen el bienestar de las comunidades chocoanas que habitan en la cuenca del río Atrato.
El ente humanitario indicó que existe una problemática relacionada con la contaminación, la deforestación y la minería ilegal en las cercanías de ese afluente, lo que contrasta con las órdenes que la Corte Constitucional emitió en 2016 para protegerlo.
“Uno de nuestros equipos evidenció la lamentable situación en la que se encuentra el Atrato”, detalló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
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A partir del hallazgo, la Defensoría llamó la atención del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
De acuerdo con el órgano de derechos humanos, el Ministerio debe actuar “en articulación con las demás entidades del orden nacional y los entes territoriales” para llegar a “acciones contundentes” para cumplir la sentencia T-622 de 2016.
“A la fecha no se evidencia ningún tipo de avance que aporte a la efectiva conservación de tan importante y extensa área, ambientalmente estratégica para Colombia, que está siendo devastada por la minería ilegal”, agregó Camargo.
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La Defensoría pidió que las administraciones locales diseñen estrategias junto a las autoridades nacionales para garantizar los derechos de la cuenca del río Atrato, declarado por la justicia desde hace ocho años como sujeto de derechos.
El afluente es el tercero más importante y navegable de Colombia, luego de los ríos Magdalena y Cauca. De ahí que el Ministerio Público considere importante su protección y aspire a que el Tribunal de Cundinamarca evalúe qué tanto se cumple.
Por eso, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, el Ministerio Público en su conjunto, le solicitaron al Tribunal adelantar una audiencia de seguimiento.
