La entidad pidió evaluar riesgos individuales, proteger a los familiares y coordinar acciones urgentes con la Policía y la Unidad Nacional de Protección.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La violencia contra los funcionarios del sistema penitenciario volvió a generar preocupación en Colombia tras un ataque contra dos integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en Barranquilla. Los hechos motivaron un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que pidió reforzar las medidas de protección para evitar nuevas agresiones.
El atentado ocurrió el sábado 10 de octubre, cuando los dragoneantes Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, adscritos al establecimiento penitenciario El Bosque, salían de su turno laboral. Ambos resultaron heridos durante el ataque.
La entidad también rechazó las amenazas dirigidas al presidente de la República, al ministro de Justicia y al director del Inpec, conocidas después de que esa cartera las hiciera públicas.
Amenazas buscan presionar decisiones de las autoridades
La Defensoría expresó su solidaridad con los funcionarios afectados, sus familiares y compañeros de trabajo. Además, advirtió que las intimidaciones pretenden influir en las decisiones legítimas de las autoridades, en medio de las medidas adoptadas por el Gobierno para fortalecer la seguridad en las cárceles, incluidos los traslados de personas privadas de la libertad.
La entidad insistió en que las acciones de control penitenciario deben ejecutarse dentro del marco legal y con respeto por los derechos humanos.
También recordó que las agresiones contra servidores del Inpec tienen antecedentes. Entre ellos está el asesinato del director de la Cárcel Modelo, ocurrido en mayo de 2024, y los atentados registrados durante 2025 en Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia, Cartagena y Neiva.
Piden protección urgente para guardianes y familias
Ante el panorama, la Defensoría solicitó al Ministerio de Justicia y al Inpec coordinar con la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y las autoridades territoriales un plan que contemple evaluaciones individuales de riesgo, medidas de seguridad para los funcionarios y sus familias, y rutas de atención inmediata.
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Asimismo, recomendó fortalecer la seguridad penitenciaria y evaluar los riesgos de los traslados, considerando las condiciones de los establecimientos de destino y los derechos de los internos y sus familiares. También pidió reforzar los protocolos de seguridad durante estos procedimientos.
Finalmente, instó a la Fiscalía General de la Nación a investigar oportunamente el atentado y las amenazas, verificar la autenticidad del panfleto difundido y judicializar a los responsables.
