Sneyder Pinilla, epicentro del escándalo de corrupción de carrotanques de la Ungrd, aseguró que está dispuesto a declarar ante la Corte Suprema, pero el alto tribunal aún no lo ha llamado a rendir cuentas.
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, le solicitó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ser escuchado en medio del escándalo de los carrotanques para La Guajira.
El arquitecto le envió una carta al magistrado Francisco Farfán, quien adelanta una indagación preliminar en contra del presidente del Senado, Iván Name, del partido Alianza Verde, y el de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal.
“Me dirijo a usted con la finalidad de manifestarle que es mi deseo rendir declaración por los hechos conocidos como ‘los 40 carrotanques’, ocurridos dentro de la UNGRD, donde me desempeñé como subdirector, por lo tanto, los conozco, los viví, y sé exactamente quiénes participamos en los mismos”, se lee en la misiva.
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Pinilla, quien firmó el documento junto a su abogado, el exzar anticorrupción Luis Gustavo Moreno, aseguró entender “la importancia de mi testimonio para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación”, por lo que subrayó su voluntad de “colaborar activamente para el logro de la eficacia de la administración de justicia”.
La carta lleva la fecha 9 de mayo, un día después de que el cuestionado exdirectivo se presentó ante la Fiscalía General de la Nación manifestando su interés por un principio de oportunidad que le ofrezca inmunidad a cambio de delatar a quienes serían responsables de desvíos de dinero al interior de la Unidad de Gestión del Riesgo.
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Su petición en la Corte, dijo sin embargo, fue presentada “independientemente de la viabilidad sobre la aplicación del principio de oportunidad que analiza la Fiscalía”.
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Pinilla aún no ha presentado ninguna prueba de sus señalamientos, pero este miércoles se comprometió con el ente acusador a entregar nombres y narraciones.
Los delitos
El despacho del magistrado Farfán, por su parte, en el transcurso de la indagación inicialmente planteó la hipótesis de que en los contratos para adquirir los ochenta carrotanques que debieron surtir de agua a La Guajira se cometieron los delitos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito.
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Por eso, su despacho ordenó una inspección judicial a la Ungrd para obtener información de los convenios para los carrotanques, así como otra a la Procuraduría General de la Nación para obtener información sobre las investigaciones que lleva al respecto.
Farfán determinó, además, adelantar una inspección en el Congreso, pero solo para obtener las certificaciones del fuero constitucional de los legisladores Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes.
La Corte no reveló las fechas de las inspecciones, pero sí detalló cuatro citaciones de personas que deberán declarar bajo juramento en la indagación. Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) deberá presentarse el 20 de mayo.
El líder del partido Alianza Verde, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y cercano al presidente Gustavo Petro, es señalado por el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, de haber ordenado repartir $4.000 millones en coimas que, según declaró inicialmente Sneyder Pinilla, llegaron a Name y Calle.
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Tanto López como Pinilla se comprometieron a sustentar sus señalamientos ante la Fiscalía General como parte de su búsqueda de un principio de oportunidad. El siguiente en la lista para declarar ante la Corte es el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien deberá responder el 31 de mayo.
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Velasco ha defendido a Name, a Calle y al Gobierno. “Decir que Iván Name recibió $3.000 millones es miserable. Se necesitan pruebas. No tratemos de acusarnos los unos a los otros”, afirmó el Ministro ante la Plenaria del Senado el 7 de mayo, al tiempo que señaló que las declaraciones de López no implican responsabilidad del Ejecutivo.
El director actual de la Ungrd, Carlos Carrillo, tendrá que declarar el próximo 7 de junio. Una semana después, el 14 de junio, le tocará a la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz, la excongresista de Alianza Verde que renunció luego de las acusaciones de Pinilla de que ella fue el enlace para entregar el dinero a los congresistas.
La indagación empezó de oficio en la Sala de Instrucción el pasado 3 de mayo, desde entonces, tanto López como Pinilla se han presentado ante la Fiscalía, solicitando protección a cambio de colaboración. El despacho de Farfán inició acercamientos con el ente acusador para consolidar un “desarrollo armónico” de los procesos.
