La Procuraduría advierte que Colpensiones no tiene la capacidad para gestionar la reforma pensional, existen al menos 45 puntos sin reglamentación, lo cual podría vulnerar los derechos de los afiliados y crear vacíos jurídicos, técnicos y financieros.
Publicado por: K.M.
La Procuraduría General de la Nación envió a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, un detallado informe con una serie de observaciones sobre la reforma pensional propuesta por el Gobierno, advirtiendo que la falta de ajuste en temas estructurales podría hacer inviable su implementación.
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La entidad señaló que existen al menos 45 puntos sin reglamentación, lo cual podría vulnerar los derechos de los afiliados y crear vacíos jurídicos, técnicos y financieros.
Estos vacíos representan riesgos significativos para la correcta aplicación de la reforma, la cual busca trasladar la administración de las pensiones a Colpensiones.
Según el análisis de la Procuraduría, Colpensiones actualmente no cuenta con la capacidad técnica, administrativa y operativa necesaria para gestionar el traslado de aproximadamente 19 millones de personas, como implica la reforma.
La entidad no estaría preparada para asumir estas nuevas responsabilidades antes de la fecha propuesta para el inicio de operaciones, el 1 de julio de 2025.
En su comunicación, la Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social subrayó la importancia de que el Gobierno, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Congreso de la República consideren los estudios y conceptos sobre el costo fiscal del proyecto en el Presupuesto General de la Nación. Esto es esencial para evaluar el impacto financiero de los pilares de la reforma a mediano y largo plazo.
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Colpensiones no tendría capacidad para asumir la reforma pensional si es aprobada, según advertencia de la Procuraduría https://t.co/L4Heqr9L3Z
— Sergio Cabrales (@SergioCabrales) May 31, 2024
La Procuraduría también destacó que los requerimientos tecnológicos, la falta de presupuestos adecuados, los tiempos necesarios para la elaboración de contratos y los periodos de prueba son factores que impiden una implementación inmediata. Por ello, sugirió una implementación gradual a partir de 2026.
Finalmente, la entidad insistió en que la reforma debe garantizar la construcción de un sistema de protección integral a la vejez que sea sostenible y viable para las futuras generaciones.
“Bajo ninguna circunstancia, esta reforma debe representar una afectación a los derechos de los afiliados y pensionados del país”, puntualizó la Procuraduría.
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Estas observaciones plantean importantes desafíos para el Gobierno, que ahora deberá revisar y ajustar los aspectos señalados por la Procuraduría para asegurar que la reforma pensional cumpla con los objetivos propuestos y sea implementada de manera efectiva y justa para todos los ciudadanos.
Con información de Colprensa.
