La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia resolvió abrirle una nueva investigación en contra del actual embajador de Colombia en la FAO, Armando Benedetti, por presuntamente intentar favorecer al empresario Euclides Torres.
En la mañana de este viernes, 7 de mayo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó que se abrió una nueva investigación en contra del embajador de Colombia en la FAO, Armando Benedetti, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito concierto para delinquir y cohecho.
”La Sala de Instrucción abrió investigación contra el embajador Armando Benedetti, y los excongresistas Tatiana Cabello y Efraín Torres Monsalvo, por los presuntos delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y enriquecimiento ilícito (este último solo para Benedetti)”, informó el alto tribunal con la decisión de la magistrada Cristina Lombana.
Los hechos investigados están relacionados con supuestas maniobras desplegadas desde el Congreso, al parecer, para beneficiar a la empresa Simetric S.A., propiedad de Euclides Antonio Torres Romero con un requisito para la obtención del permiso para portar armas.
Según la corte, los hechos habrían tenido lugar en 2012, cuando Benedetti era senador de la República, y habría beneficiado al ‘poderoso’ contratista Euclides Torres, quien ha sido mencionado como uno de los financiadores de la campaña política del hoy presidente Gustavo Petro.
“Vuelve Lombana con sus jugaditas y su persecución para investigarme nuevamente en lo que ya fue recusada e inhabilitada. Desde 2018 me ha abierto más de 10 procesos sacados de la manga, investigaciones sin ningún sustento, testigo o prueba. Sostengo mi confianza en la Corte Suprema”, dijo el exsenador Benedetti en sus redes sociales, luego de que se conociera la apertura de la investigación.
En los expuesto por el alto tribunal se señaló que en 2012, cuando se habrían dado los hechos, Benedetti y los otros excongresistas habrían beneficiado al poderoso contratista y empresario, Euclides Torres, con la aprobación de un ley que implementó el certificado de aptitud física para el porte de armas en Colombia.
La Corte Suprema, que tenía este proceso desde 2023, consideró que las ganancias para las empresas de Euclides Torres habrían sido superiores a los $25 mil millones gracias a la aprobación de esta ley en el Congreso de la República.
