Por segunda vez en menos de un mes, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, volvió a alertar sobre el posible apagón que podría afectar a varias regiones de Colombia.
En la mañana de este jueves, 12 de septiembre, la Contraloría General de la República volvió a alertar sobre el posible apagón que podría afectar a varias regiones del país, tal y como ya lo había anunciado hace menos de un mes.
“Como lo hemos venido advirtiendo, si el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía, así como las demás entidades competentes como la Creg y la Superintendencia de Servicios Públicos, no toman las medidas y decisiones pertinentes, la situación financiera de los prestadores puede generar una inminente cesación en la prestación del servicio de energía, perjudicándose los usuarios, el desarrollo económico del país, en especial en toda la Costa Caribe y por ende, los ingresos al presupuesto nacional derivados de diferentes conceptos”, afirmó el órgano de control fiscal.
Uno de los argumentos expresados por el contralor Carlos Hernán Rodríguez, se refiere a la alerta emitida por la empresa Air- E ,de Alberto Ríos Velilla, encargada del servicio de energía eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira, señalando que los costos de la energía han alcanzado niveles insostenibles.
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En medio de estas alarmas, la Comisión de Regulación de Energía, Creg, definió la intervención de Air-e, luego de la solicitud de esta empresa para mantener el servicio y cumplirle a los usuarios.
“La situación es grave y no vemos medidas concretas, oportunas y efectivas para solventar lo descrito, tan es así que hoy Aire, empresa que presta el servicio de energía en una parte importante de la Costa Atlántica, está en proceso de intervención, lo que se puede presentar en otras empresas como el caso de Afinia, que tiene un número de usuarios significativo en la Costa Atlántica, y que al perjudicarse financieramente, afectaría además a otras empresas como EPM y las finanzas del Municipio de Medellín y el Departamento de Antioquia”, afirmó la Contraloría.
Para el órgano de control fiscal, es importante tener en cuenta que una intervención implica no solo el conocimiento técnico, financiero de la operación sino disponer de recursos del presupuesto nacional, que en este momento está haciendo curso en las comisiones económicas del Congreso que debaten si aprueban o no el monto por $511 billones.
“Por los anuncios que hemos visto en los últimos días, la Nación no cuenta con los recursos necesarios, prueba de ello es el atraso en el giro de los subsidios y el no cumplimiento de su compromiso de asumir la deuda de los usuarios de energía eléctrica a través de la opción tarifaria, lo cual requiere que se tomen medidas para garantizar la prestación del servicio público que, en últimas, corresponde a una de las finalidades de nuestro Estado. El acceso a los servicios públicos es uno de los indicadores de desarrollo, de equidad y de disminución de pobreza, luego se debe actuar para garantizar la prestación del servicio a los usuarios y dar garantías a los operadores y prestadores”, afirmó.
El no pago oportuno a los prestadores del servicio, desincentiva la prestación del servicio de energía, así como en lo que compete al Caribe colombiano, pone en riesgo importantes avances en lo que corresponde a la calidad del servicio de energía y cobertura como ya lo había manifestado la Contraloría General de la República en recientes y anteriores pronunciamientos y estudios sectoriales.
