Por demoras en el pago de subsidios a empresas prestadoras de servicios públicos, la Contraloría alertó que cerca de 10 millones de colombianos estarían en riesgo de quedar sin energía.

El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, lanzó una alerta por el posible riesgo que tienen 10 millones de colombianos de quedarse sin energía, debido a los retrasos que ha tenido el Ministerio de Minas en el pago de los subsidios a las empresas prestadoras del servicio.
Según informó el jefe del órgano de control fiscal, luego de hacer la respectiva vigilancia, las zonas de la Costa Caribe, en el departamento de Nariño, Chocó y Puerto Carreño, en el Vichada, presentan el mayor riesgo para quedarse sin energía.
“Por lo tanto, este órgano de control debe precisar que la vigilancia y control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios compete a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que a la fecha se conozca algún tipo de actuación desplegada por las autoridades mencionadas, a pesar de ser una situación de especial gravedad”, afirmó la Contraloría.
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A través de un comunicado de prensa, el Contralor hizo un llamado a Palacio de Gobierno para tomar decisiones en medio de esta alerta que podría afectar a más de 10 millones de personas en al menos cuatro departamento.s
“A juicio de la Contraloría General de la República, contribuye a ese estado de cosas la falta de decisión del Gobierno Nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de “la opción tarifaria”, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos. Otro factor lo constituye el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, lo que repercute en posibles limitaciones en el suministro de energía por parte de los generadores a los prestadores del servicio u operadores de red, especialmente a las empresas de la Costa Caribe”, afirmó el órgano de control fiscal.
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La alerta emitida por la Contraloría General de la República se dio luego de que se conociera que el Ministerio de Minas y Energía, en cabeza de Andrés Camacho, ha retrasado los pagos en los subsidios a las empresas prestadoras del servicio.
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Además, dice el órgano de control fiscal, que hay ingresos no recaudados por la opción tarifaria, además de un incumplimiento por parte de los operadores de red con el mercado mayorista, que “configuran un grave riesgo para la continuidad en la prestación del servicio, lo cual implica que ante una interrupción o suspensión del servicio de energía se vean afectados otros servicios como la salud, educación, comercio, e incluso acueductos”.
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“Valga recordar que la Contraloría General de la República, a través de la Delegada para el Sector Minas y Energía, se ha pronunciado sobre la importancia de la seguridad y confiabilidad energética, no solo en el reciente estudio publicado sobre este tema, sino en el realizado en el 2022 sobre “Avances de la Estrategia para la Prestación del Servicio de Energía Eléctrica en la Región Caribe”, en el que se concluyó que persisten retos como los giros de subsidios y el pago de consumos de los usuarios, incluyendo entidades públicas del orden municipal y departamental. La sostenibilidad del servicio depende de la solución a estos aspectos críticos. Así mismo, se advirtió entonces que la falta de disponibilidad y pago de subsidios por parte de los Fondos puede poner gravemente en riesgo la prestación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira”, informó el despacho de Carlos Hernán Rodríguez.

















