El presidente Gustavo Petro arremetió contra Hernán Penagos, registrador nacional, por no activar el calendario de la consulta popular del 7 de agosto. Asegura que su decisión es ilegal y lo acusa de excederse en sus funciones.
Publicado por: Redacción Nacional
En medio del consejo de ministros del 17 de junio, el presidente Gustavo Petro no se contuvo. Señaló directamente al registrador nacional, Hernán Penagos, de incurrir en un acto de “sedición” por no haber dado curso a la consulta popular convocada por decreto presidencial para el 7 de agosto.
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La acusación no fue menor: el mandatario aseguró que Penagos se excedió en sus funciones, desobedeció la orden ejecutiva y, en palabras de Petro, “ha actuado contra la ley y contra el pueblo soberano”.
Lo que está en juego no es solo una consulta, sino el principio mismo de equilibrio de poderes en Colombia.
Todo comenzó el pasado 3 de junio, cuando Petro, tras ver frustrada su reforma laboral en el Congreso, decidió convocar una consulta popular para que el pueblo votara directamente sobre sus propuestas sociales. El decreto presidencial estableció como fecha el 7 de agosto.
Sin embargo, la Registraduría Nacional, ente autónomo en la organización de procesos electorales, no activó el calendario electoral, argumentando que no puede hacerlo hasta que la Corte Constitucional o el Consejo de Estado se pronuncien sobre las más de 140 acciones jurídicas interpuestas contra el decreto: tutelas, solicitudes de nulidad y demandas por inconstitucionalidad.
El registrador Penagos insistió en que su despacho “no es una notaría del Ejecutivo” y que debe respetar los trámites de legalidad. “Actuar sin esperar un pronunciamiento de los jueces sería incurrir en una grave irresponsabilidad institucional”, declaró.
Petro responde con fuerza
Pero Petro ve en esa decisión una afrenta. En su declaración pública, sostuvo que la negativa del registrador configura un acto de sedición, es decir, un intento de subvertir la voluntad del poder legítimamente constituido.
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“El registrador nacional no puede actuar como juez de lo que debe hacer el presidente. Esto no es una democracia de burócratas”, dijo el mandatario. E instó a abogados, movimientos sociales y ciudadanos a interponer acciones legales contra Penagos por impedir el avance del mecanismo de participación ciudadana.
Expertos constitucionalistas coinciden en que hablar de “sedición” es jurídicamente inapropiado. “El delito de sedición exige el uso de la fuerza, del alzamiento. Aquí hay una diferencia de criterios jurídicos, no un motín contra el presidente”, explica el penalista Germán Cobo.
Desde el ámbito legal, Penagos estaría actuando en el marco de sus competencias, a la espera de un pronunciamiento judicial que despeje dudas sobre la viabilidad constitucional de la consulta. No es desobediencia, insisten varios juristas, sino garantía de legalidad.
Pero el asunto no se queda en lo jurídico. La consulta popular se ha convertido en el nuevo eje narrativo del Gobierno Petro, que la plantea como una forma directa de diálogo con el pueblo, frente a un Congreso que ha bloqueado sus principales reformas. Es también una carta estratégica de cara al cierre del primer mandato de izquierda en la historia reciente de Colombia.
El riesgo, señalan analistas, es que cada desacuerdo institucional termine en señalamiento público, debilitando la confianza ciudadana en las reglas del juego democrático.
La confrontación también activa alarmas por lo que puede venir. Si la Corte o el Consejo de Estado declaran la consulta inconstitucional, Petro podría insistir en convocarla por firmas ciudadanas o incluso activar su plan B: una Asamblea Nacional Constituyente.
A este escenario lo rodea una tensión creciente entre Ejecutivo y entes autónomos como la Registraduría, la Fiscalía y las altas cortes. La presión desde el Gobierno, calificada por algunos como “intervencionista”, ha generado división incluso entre sectores que tradicionalmente apoyaban al presidente.
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El país entra en un momento clave. Las cortes deberán definir pronto si la consulta sigue o se frena. Petro, por su parte, ya dejó claro que no dará marcha atrás. En sus propias palabras: “El pueblo no puede ser silenciado por tecnócratas ni por cálculos jurídicos”.
Mientras tanto, Hernán Penagos enfrenta una tormenta política y legal sin precedentes para un registrador nacional. Una figura pensada para garantizar transparencia, no para ser blanco de ataques desde la Presidencia.
