Los detalles de la demanda que cuestiona la gestión contractual de RTVC.
Publicado por: Redacción Colombia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha aceptado para su análisis una acción popular que pone en duda la manera en que el Sistema de Medios Públicos de Colombia (RTVC) ha llevado a cabo diversos contratos.
La demanda fue interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, la cual señala que RTVC habría actuado como intermediario en acuerdos con ministerios y agencias del Gobierno para servicios como logística de eventos, alquiler de tarimas, carpas y menaje, además de la contratación de alimentación, transporte, ferias y campañas institucionales.
La demanda argumenta que, en la práctica, RTVC estaría delegando la ejecución de estas actividades a operadores privados, lo que lo alejaría de su rol fundamental como sistema de medios públicos.
“En los últimos años, la entidad estatal ha suscrito convenios con ministerios y agencias nacionales para actividades como logística de eventos, alquiler de tarimas, carpas, menaje, servicios de alimentación, transporte, ferias y campañas institucionales, tareas que en su mayoría han sido tercerizadas a través de operadores privados. Esta práctica convierte a RTVC en un intermediario que canaliza recursos públicos sin observar principios de selección objetiva ni garantizar condiciones de pluralidad y transparencia”, se lee en la acción.
Además, se alega que, en vez de realizar directamente actividades de comunicación, la entidad recurre repetidamente a contratos de prestación de servicios para cubrir funciones permanentes, lo que podría generar situaciones de relaciones laborales encubiertas.
La Fundación también critica que estos métodos de contratación no aseguran la pluralidad de oferentes ni la selección objetiva, principios fundamentales para la gestión de recursos públicos.
Con la acción popular, se busca que el tribunal ordene a RTVC abstenerse de firmar convenios que no pueda ejecutar con sus propios recursos institucionales. Asimismo, se solicita la implementación de mecanismos internos de verificación y la publicación detallada de todos los contratos firmados desde 2022.
