El riesgo electoral persiste por el control territorial ejercido por grupos armados ilegales.
Publicado por: Redacción Nacional
A medida que se aproximan las elecciones en Colombia, aumentan tanto las expectativas por los resultados como la preocupación por las garantías de seguridad en varias regiones del país. Según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, actualmente hay 69 municipios en riesgo inmediato, lo que significa que requieren intervención urgente del Estado para garantizar condiciones democráticas.
El reporte hace seguimiento al proceso electoral que se avecina y sus conclusiones, más allá de las cifras, no son alentadoras.
Municipios en riesgo inmediato
La Defensoría advierte que el escenario de riesgo persiste por el control territorial ejercido por grupos armados ilegales, “donde suplantan funciones del Estado, regulan campañas políticas y vetan candidaturas en diversas regiones del país”, señala el informe.
La Defensora del Pueblo, @MarnIris, presentó el Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Especial Electoral 2025-2026.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) February 23, 2026
El objetivo de este informe es actualizar los riesgos que puedan seguir afectando el libre ejercicio electoral en los procesos que están en curso durante… pic.twitter.com/EGUPxGpAc2
En total, el mapa de riesgo electoral está distribuido así:
- 69 municipios en riesgo inmediato
- 168 municipios que necesitan intervención urgente
- 433 municipios priorizados
- 257 municipios en acciones normales
La entidad aclara que la preocupación no radica en la eventual cancelación de las elecciones, sino en las condiciones reales de libertad para ejercer el voto.
Regiones más afectadas
El informe identifica como zonas críticas varias macrorregiones del país:
Caribe
Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y el Archipiélago de San Andrés y Providencia.
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Noroccidente
Antioquia, Córdoba y Chocó.
Suroccidente
Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
En estas regiones, según la entidad, el control de actores armados afecta directamente el desarrollo de las campañas y la libre participación política.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, fue enfática al advertir sobre la gravedad del panorama:
“El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”.
La funcionaria subrayó que el problema central es la presión silenciosa que limita la libertad de las comunidades.
Amenazas contra candidatos y vetos en campaña
En cuanto a los riesgos que enfrentan los aspirantes, la Defensoría alertó sobre:
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- Homicidios selectivos
- Amenazas sistemáticas
- Estigmatización
- Restricciones a la movilidad
- Prohibiciones para realizar campañas
“Hemos visto vallas en algunos territorios del país; en Cauca, por ejemplo, donde aparece la imagen de algunos candidatos a la Presidencia de la República, de derecha o de oposición al gobierno actual, en las que grupos armados dicen que les es vedado entrar a ese territorio”, explicó Marín.
Sobre quienes aspiran en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, la entidad alertó que varios candidatos han tenido que someterse a “permisos” para movilizarse, han visto reguladas sus actividades proselitistas en zonas rurales y, en algunos casos, han recibido vetos directos.
Las mujeres candidatas también han resultado afectadas por este contexto de presión territorial.
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457 amenazas de muerte contra líderes sociales y políticos
Finalmente, la Defensoría informó sobre 457 casos de amenazas de muerte contra lideresas, líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y actores políticos.
La mayor gravedad se concentra en los departamentos de:
- Santander
- Guainía
- Nariño
- Sucre
- Antioquia
- Magdalena
El informe concluye que, aunque las elecciones podrían realizarse formalmente, el verdadero desafío está en garantizar que el voto sea libre y sin coacciones en los territorios donde persiste la influencia armada.
